Nicaragua

Quiénes son los 16 detenidos en la arremetida del régimen en contra de la oposición

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una cacería en contra de la oposición en Nicaragua. El dos de junio, comenzó encarcelando a precandidatos presidenciales, y semanas más tarde continúa con la captura de líderes opositores y ejecutivos del sector privado, todos detenidos en Nicaragua por “traición a la patria”.

Desde el 28 de mayo, el régimen inició con la llamada “Operación Danto 21”, que consiste en encerrar a todo aquel que adversa la dictadura. A los primeros tres –los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez y Marcos Fletes, y la precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro Barrios– los detuvo bajo la excusa de una supuesta investigación por lavado de dinero. A los siguientes detenidos, los señala de infringir la  Ley 1055, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

Según el comunicado de la Policía del régimen, los detenidos son señalados por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Dieciséis detenidos en Nicaragua, hasta este 16 de junio

Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banpro

Luis Rivas Anduray Banpro
Luis Rivas Anduray Banpro
Luis Rivas Anduray. Foto: Tomada de El Nuevo Diario

Luego que el Consejo Permanente de la OEA aprobó con una mayoría de 26 votos una resolución que condena “inequívocamente” el arresto de opositores, el régimen Ortega-Murillo recetó cárcel a un alto representante del sector empresarial: el presidente ejecutivo del Banpro, Grupo Promerica, Luis Rivas Anduray.

Poco después de las 10 de la noche de este 15 de junio, la Policía informó de su detención, asegurando que se le investiga por supuestamente haber incurrido en alguno de los extremos que señala el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

Rivas Anduray es miembro de la Junta Directiva del Banpro, y es a la vez su CEO regional, dado que esa entidad financiera tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, República Dominicana e Islas Caimán.

“Estamos seguros de la calidad moral del Dr. Rivas y confiamos que se podrá esclarecer su situación”, manifestó Juan Carlos Argüello Robelo, gerente general de Banpro Grupo Promerica en un comunicado.

Luis Rivas es el segundo empresario en ser detenido, señalado por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

El Banpro, cuyo presidente es el empresario nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, fue una de las entidades financieras que ofreció instalar sucursales en la ruta donde estaba previsto pasaría un canal interoceánico y es además utilizado para pagos de empleados estatales y de jubilados.

Rivas Anduray tiene un doctorado en economía por la Cornell University y trabaja desde 2004 para la institución financiera fundada en 1991.

Víctor Hugo Tinoco
Víctor Hugo Tinoco
Víctor Hugo Tinoco. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

Cerca de las nueve de la noche del domingo 13 de junio fue secuestrado, por un grupo de civiles, el exvicecanciller y miembro de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente llamada Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco.

Su familia contó que fue montado en una camioneta Hyundai cuando se encontraba en el parqueo del centro comercial Galerías Santo Domingo. La Policía del régimen argumentó que su captura es por ser investigado por realizar actos que menoscaban lo establecido en la denominada “Ley Soberanía”, una de las cuatro leyes represivas aprobadas por la dictadura a fines de 2020.

Antes de su captura dejó un mensaje grabado en el que afirma que lo que se busca es la libertad de Nicaragua. “Esta es una lucha que tiene que seguir adelante, que no se va a detener (…) y el futuro luminoso que el pueblo se merece es la victoria y liberarse de la dictadura y de la dinastía que nos quieren imponer”, manifestó.

Tinoco nació en León el 10 de julio de 1952. Estudió secundaria en el Seminario Nacional donde se bachillera e inicia estudios de Filosofía. Como seminarista tiene sus primeros vínculos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al que se integra en 1973, mientras estudiaba la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), rememora la exguerrillera Mónica Baltodano en sus Memorias de la lucha sandinista.

Luego del derrocamiento de la dictadura somocista fue nombrado embajador de Nicaragua ante Naciones Unidas y posteriormente se desempeñó como vicecanciller de la República (1981-1990).  También fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN y diputado en dos ocasiones, una por el FSLN y otra por el MRS.

En el 2001 presentó su candidatura en el FSLN como aspirante presidencial en las elecciones primarias internas y en febrero del 2005 es expulsado de ese partido por apoyar las aspiraciones presidenciales de Herty Lewites (q.e.p.d.), de quien sería jefe de campaña hasta su fallecimiento.

Fue criticó del pacto de Ortega con Arnoldo Alemán en 1998, cuando para él la corriente autoritaria se empezó a imponer en el FSLN.

“La lógica del pacto significó la desaparición de la democracia en el FSLN. Como el pacto nunca fue popular, la base sandinista siempre estuvo contra el pacto, y a Daniel Ortega le costó tremendamente convencer a la Asamblea Sandinista y al Congreso para que respaldaran su política de alianza con Alemán. Había una resistencia natural de la gente. Y como había tanta oposición, la tendencia autoritaria ganó terreno y se impuso. En el FSLN siempre hubo y hay dos corrientes: la autoritaria y la democrática. En la corriente autoritaria que avanzaba comenzaron a instalarse las prácticas y las actitudes autoritarias: la falta de debate y la disciplina entendida como disciplina militar, sin crítica y sin opiniones, donde todo el que se opone o hace sombra va para afuera”, describió en julio de 2005 en una charla con la revista Envío.

Hugo Torres, exguerrillero y general de Brigada en retiro

Hugo Torres
Hugo Torres
Hugo Torres. Foto: Cortesía

“Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional ni jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año”, declaró el general en retiro, Hugo Torres, en un video difundido tras su captura, a las dos de la tarde del 13 de junio.

El comunicado de la Policía alega que Torres fue detenido para ser investigado por “actos que menoscaban la independencia, a la soberanía y la audeterminación”, basados en la Ley 1055, “Ley de Soberanía”, aprobada por el régimen, con la que pueden decidir qué es una injerencia de forma discrecional.

Su vivienda fue allanada por las autoridades del régimen que estacionaron varias patrullas de la Policía Nacional desde horas de la mañana. El exguerrillero declaró que nunca pensó que a su edad iba a “estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura”.

“Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. En 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Téllez y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borge, Doris Tijerino, René Núñez y otros”, recordó en el video.

El disidente del FSLN insistió que así son las vueltas de la vida y “los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos”.

Torres nació el 25 de abril de 1948 en Madriz, cerca de la frontera con Honduras, aunque creció en León. Aunque su padre era miembro de la Guardia Nacional, él se involucró en la vida clandestina contra la dictadura a principios de 1974.

Formó parte del comando guerrillero que realizó la operación “Diciembre Victorioso”, que consistió en asaltar la casa de José María “Chema” Castillo, donde se realizaba una fiesta de altos funcionarios de la dictadura de Somoza. Ese 24 de diciembre de 1974 se logró la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

Torres en 1978 formó parte del comando guerrillero que asaltó el Palacio Nacional, que permite la liberación de todos los presos políticos.

“Es el único que participó en las dos grandes operaciones político-militares efectuadas por el FSLN en toda su lucha”, escribe Mónica Baltodano en sus Memorias de la lucha sandinista.

Llegó hasta el grado de coronel en el Ejército Popular Sandinista y llegó a ser general de brigada en el Ejército de Nicaragua, del que se retiró en 1998.

Torres ha declarado que la diferencia, tras la Rebelión de Abril iniciada en 2018, contra esta nueva dictadura es que es una lucha pacífica. “El pueblo ha demostrado un nivel de firmeza y de resistencia, inimaginable y en condiciones de lucha pacífica. Es una novedad en nuestro país. Entonces veo que el proyecto político de corte mafioso y criminal de Ortega y Murillo, de trasladarles el poder a su mujer e hijos, en una revisión de la dinastía de Somoza, se acabó”, declaró a La Prensa en diciembre de 2019.

Familiares de Torres, a través de una carta, manifestaron su temor a lo que pueda pasar con su vida. “El general en retiro Hugo Torres tiene actualmente 73 años de edad y según el derecho internacional humanitario, y el sentido común, una persona mayor de 70 años no debería de estar retenida fuera de su propia residencia, menos sin justificación legal y en medio de una pandemia. Al día de hoy martes 15 de junio, no hemos podido establecer ningún tipo de contacto con el general y exigimos respeto de las garantías y derechos básicos para que su familia pueda verle, tener información de las condiciones en que se encuentra y exigir su inmediata liberación para él y el resto de presos políticos”, exigieron.

Suyen Barahona, presidenta de Unamos

Suyen Barahona
Suyen Barahona
Suyen Barahona. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

“¡Podemos lograr el cambio! ¡Patria libre para vivir!”. Así se despidió en un video antes de ser apresada por la Policía, la presidenta de Unamos, Suyen Barahona, el domingo 13 de junio.

El asedio empezó desde la mañana según grabaron las cámaras de seguridad. Al momento de ser capturada en su vivienda, se encontraba con su hija y su esposo. “Si están viendo este video, es porque la Policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado como lo ha hecho con otros”, empezó diciendo.

Barahona llamó al pueblo de Nicaragua a seguirse manifestando contra la dictadura de los Ortega-Murillo e insistió que la lucha cívica iniciada en abril de 2018 ha sido para conseguir libertad y justicia “para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido”.

“Mantengamos la esperanza y convirtamos la indignación en acción”, pidió en el video de poco más de un minuto.

Barahona también es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional. Participó en diversas manifestaciones en demanda de justicia y libertad por los nicaragüenses asesinados y encarcelados desde el inicio de las protestas ciudadanas.

En 2017 fue electa presidenta de Unamos, antes MRS, que cambió tras decidir desligarse de la figura del general Augusto C. Sandino, tanto en su emblema y nombre.

“Debía ponerse en agenda el cambio de nombre, y que fuese un nombre que reflejara quiénes somos; un partido de puertas abiertas, un partido con una membresía muy diversa”, explicó Barahona en una entrevista en el programa Esta Noche.

Sobre el cambio de nombre explicó en entrevista con el portal Coyuntura, que “ay un segmento en la población que no logra distinguir la diferencia entre sandinismo y orteguismo, y el sandinismo está equiparado con las prácticas del orteguismo; violencia, corrupción, dictadura y crímenes”.

La Policía del régimen argumentó que su captura es por ser investigada por realizar actos que menoscaban lo establecido en la denominada “Ley Soberanía”, una de las cuatro leyes represivas aprobadas por la dictadura a fines de 2020.

Dora María Téllez, comandante guerrillera, fundadora del MRS

Dora María Téllez
Dora María Téllez
Dora María Téllez. Foto: Archivo | Confidencial

Momentos antes de su detención, la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez, habló con el medio mexicano La Jornada para pedir al Gobierno de Andrés Manuel López Obrado su apoyo “a favor del pueblo nicaragüense”.

Su casa estaba rodeada de policías y cuando le preguntaron cómo describiría a Ortega simplemente respondió: “Dictador”.

¿Sin más? – le cuestionó el periodista. Y ella respondió: “Bueno, con todo lo que ello implica. Personajes sin escrúpulos que pueden llegar a cualquier extremo. Desde reprimir o asesinar a miles de personas. Es la característica de toda dictadura y la de Daniel Ortega la tiene sin duda alguna”.

Poco después fue arrestada. Los policías la tomaron del cabello, le dieron un golpe en el abdomen, la esposaron y la subieron a un vehículo, según relataron familiares. Más de 60 oficiales en cuatro patrullas invadieron su vivienda.

La Policía del régimen argumentó que su captura es por ser investigado por realizar actos que menoscaban lo establecido en la discrecional “Ley Soberanía”, una de las cuatro leyes represivas aprobadas por la dictadura a fines de 2020.

Téllez nació en Matagalpa el 21 de noviembre de 1955. Abandonó sus estudios de Medicina para involucrarse en la lucha guerrillera contra la dinastía de los Somoza. A los 22 años, fue la única mujer que formó parte del comando que asaltó el Palacio Nacional, sede del Parlamento somocista.

Nombrada como “Comandante Dos”, la entonces joven de 22 años fue descrita por el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez en su crónica Asalto al Palacio como “una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida”.

Fue ministra de Salud en los años ochenta y también diputada. Fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora Unamos, en 1995. Socióloga e historiadora, ha sido una de las voces más críticas del régimen Ortega-Murillo.

En junio de 2008 mantuvo una huelga de hambre por casi dos semanas tras la cancelación de la personería jurídica del MRS. “Este campamento de la dignidad que hemos establecido aquí durante trece días lo seguiremos, porque vamos a convertir Nicaragua en un verdadero campamento de la dignidad, para que se acabe el miedo y para que cada nicaragüense mantenga la dignidad que nos corresponde en nuestro propio país”, declaró.

Ana Margarita Vijil, expresidenta del MRS

Ana Margarita Vijil
Ana Margarita Vijil
Ana Margarita Vijil. Foto: Cortesía

Valiente. Solidaria. Aguerrida. Amorosa. Son solo algunas palabras que han escrito por montón en redes sociales, quienes conocen a Ana Margarita Vijil. La también expresidenta del MRS, fue detenida junto a Dora María Téllez, el domingo 13 de junio.

“Seguimos en la lucha, esto es parte del proceso, aquí nadie se raja”, fueron las últimas palabras grabadas en un video mientras decenas de policías rodeaban su vivienda.

La abogada y defensora de derechos humanos ya había sido arrestada el 14 de octubre de 2018 cuando participaría en un plantón por Camino de Oriente que fue aplastado por las fuerzas represivas. Un día después fue puesta en libertad.

“La lucha cívica es poderosa contra un régimen que quiere guerra. Por eso lo descontrolan las chimbombas o el pico rojo, o las marchas, o las publicaciones en redes sociales o los plantones, o las procesiones”, dijo Vijil sobre la violencia policial al diario La Prensa.

En esta nueva detención, ahora acusada de realizar actos que menoscaban lo establecido en la denominada “Ley Soberanía”, una de las cuatro leyes represivas aprobadas por la dictadura a fines de 2020.

Los policías entraron a la vivienda rompiendo puertas, encañonando a una persona y amenazando con matar a cuatro perros. De inmediato golpearon a Vijil, según el relato de familiares.

Luego de la detención la Policía se quedó durante dos horas más “registrando toda la casa, revisando libros, artículos personales, computadoras, cámaras, videos”.

Vijil trabajó un tiempo en la Universidad Centroamericana (UCA), tras graduarse, después trabajó en La Haya en la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia, que dejó para unirse a la campaña de Herty Lewites, aspirante presidencial fallecido el dos de julio de 2006, cuatro meses antes de las elecciones en la que Ortega volvió al poder. También se ganó una beca Fullbright para estudiar una maestría en Ciencias Políticas en Estados Unidos.

Previendo que sería detenida, Vijil grabó el video de 29 segundos, en el que además de denunciar que había policías fuera de su casa, manifestó que “Daniel Ortega se va, lo vamos a sacar”.

Tamara Dávila, activista, feminista, integrante de la UNAB y Unamos

Tamara Dávila
Tamara Dávila
Tamara Dávila. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

Agua y productos de higiene es lo único que les han recibido a los familiares de la activista y feminista, Tamara Dávila, en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote desde su detención la noche del pasado 12 de junio, cuando se encontraba con su hija de cuatro años.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó que fue capturada por estar bajo investigación de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

En todos los casos de opositores investigados por la “Ley de Soberanía”, el Poder Judicial, bajo control del régimen orteguista, ha establecido el plazo mínimo de 90 días de cárcel, mientras continúa el supuesto proceso de investigación.

Dávila es psicóloga con experiencia de trabajo en el área social. Tiene una maestría en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva, España. Además, posee una maestría en Políticas Sociales, Derechos y Protagonismo de niñas, niños y adolescentes de la Universidad Centroamericana (UCA).

También forma parte de la organización opositora Unamos y es integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Desde el inicio de las protestas de 2018, Dávila ha participado activamente en marchas y piquetes. En varias manifestaciones ha sido víctima de violencia policial y en una ocasión fue apresada.

“¡Libertad para los presos políticos!”, gritó a todo pulmón Dávila el 14 de octubre de 2018 al ser arrastrada por policías cuando participaría en un plantón por Camino de Oriente.

El pasado 28 de mayo fue empujada, junto a otros miembros de la UNAB, mientras intentaban realizar una protesta en el parqueo de un supermercado de Managua.

“Ha sido víctima de asedios y ataques constantes: campañas de desprestigio, actos difamatorios, amenazas, así como el allanamiento y detención ilegal en su propia casa, todo ello por defender derechos humanos. La defensora es beneficiaria de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, alertó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

José Pallais Arana, jurista, opositor y exdiputado liberal

José Pallais Arana
José Pallais Arana
José Pallais Arana. Foto: Captura de video Esta Semana

El mediodía del 9 de junio, el abogado constitucionalista, José Pallais Arana, integrante de la Coalición Nacional, tras varias horas de asedio policial en su vivienda, ubicada en León, fue arrestado por la Policía Nacional.

El allanamiento a su casa ocurrió minutos después que se conoció la noticia de la imposición de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a cuatro funcionarios orteguistas.

Al confirmar la detención, la Policía difundió imágenes del doctor Pallais Arana junto al jefe policial de León, Fidel Domínguez, quién lo exhibió como si se tratase de un trofeo o de un cazador junto a su presa.

La Policía justificó el arresto alegando que Pallais “está siendo investigado”, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055. Este es el mismo argumento que la Policía ha indicado para justificar otros arrestos de opositores.

Pallais Arana es exviceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y de Gobernación, durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

De 2007 a 2012 fue diputado por el departamento de León del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ocupó la presidencia de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid.

En junio de 2020 renunció a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), ante las dudas que expresó esa organización opositora sobre la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional. Un texto que el político liberal ayudó a redactar. En ese entonces lamentó la división de la oposición.

“Viví la experiencia de la división del 2006. Ese error no podemos permitirlo, es una traición a la lucha del pueblo de Nicaragua, permitir o contribuir a que volvamos a ir divididos”, argumentó Pallais Arana, durante una entrevista con el programa Esta Noche.

El 3 enero de 2017 publicó un artículo en el diario La Prensa en el que analizaba el abstencionismo en los comicios del año anterior que para él reflejaba “que los nicaragüenses demandamos cambios en el modelo político que se ha impuesto” que los gobernantes “se niegan a ver”.

“Son la expresión del hartazgo de los nicaragüenses, de la política que todo lo pretende controlar, de la discriminación, de la exigencia a estar demostrando constante fidelidad a la pareja presidencial y por la campante corrupción y asfixiante burocracia; en resumen, es un grito por la libertad”, escribió el abogado.

La Coalición Nacional denunció que la vida del político opositor de 67 años, está en grave peligro por sus múltiples padecimientos de salud, pues tiene problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, glaucoma y afectaciones en la columna.

“Su salud es precaria y puede deteriorarse muchísimo en régimen carcelario”, advirtió su esposa, Gilma Herdocia en un video.

José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, miembro de la Alianza Cívica

José Adán Aguerri
José Adán Aguerri
José Adán Aguerri. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

El último día como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, publicó una carta de cuatro páginas a modo de despedida, en la que recordó cómo “en lo personal fui señalado de cómplice, de colaboracionista, de ser parte de las violaciones de derechos humanos que se estaban dando”.

Pero insistió “nunca dejé de dar la cara”. Economista de profesión estuvo durante 13 años al frente del sector empresarial, desde donde defendió férreamente el acuerdo entre los empresarios y el régimen de Daniel Ortega, conocido como el ‘Modelo de Diálogo y Consenso’ que ofreció al sector privado una posición privilegiada para negociar las leyes con el Gobierno, sin democracia ni transparencia, al punto que se llegó a proponer la instalación de una oficina dentro de la Asamblea Nacional, para facilitar el proceso de cabildeo.

Ese modelo se rompió en abril de 2018 y desde entonces Aguerri pasó a ser una figura criticada por la dictadura, después de sumarse al Diálogo Nacional y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Fue detenido la noche del 8 de junio de 2021.

Aguerri es presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) desde el año 2010. Por ello más de 50 000 empresarios se pronunciaron exigiendo su liberación junto al resto de secuestrados en las últimas semanas.

Ante el silencio del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entidad que basa su existencia en la observación de los derechos humanos, así como en la promoción de la democracia, desarrollo y libertad, el CCIE, presidido por Aguerri, demandó la liberación de su presidente. Ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial se han pronunciado sobre su caso.

Asimismo, reclamó “la urgente intervención de la secretaría general del SICA como entidad facultada para velar por el cumplimiento de los objetivos regionales, y evitar cualquier situación que pueda afectar los principios del Sistema de Integración Centroamericana, o amenazar el ordenamiento institucional”.

El CCIE, creado dentro del marco de la integración regional, representa a los empresarios centroamericanos, organizados en 17 federaciones, 95 cámaras y asociaciones, y más de 50 000 empresarios.

En una entrevista con CONFIDENCIAL en junio de 2018, Aguerri aseguró que Ortega debía dejar el poder “lo más pronto posible” e hizo autocrítica apuntando que los empresarios tienen parte de la culpa de lo que pasa en Nicaragua al centrarse solo en los temas económicos y no presionar más por temas relacionados a la institucionalidad y la democracia.

“El sector privado ha sido responsable de darle la principal respuesta a la población de este país, que es el empleo, mejorar su calidad de vida. Somos responsables, también, de que ese crecimiento que hubo no fue acompañado de un fortalecimiento en la parte institucional. Nosotros no somos un partido político, sino una institución que tenía que velar porque todos los días entraran los contenedores por tierra, por aire o por mar. O que todos los días las empresas tuvieran permiso para poder operar. O acompañar a las empresas que estaban siendo multadas o presionadas por el Gobierno”, manifestó.

Violeta Granera, activista opositora, integrante de la UNAB

Violeta Granera
Violeta Granera
Violeta Granera. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

La noche del pasado ocho de junio unos 35 oficiales de la Policía ingresaron a la vivienda de la líder opositora, Violeta Granera. Ni siquiera pudo preguntar por qué estaba siendo arrestada cuando la abofetearon, la esposaron y la sacaron para trasladarla a prisión.

Revisaron toda la vivienda y al final se llevaron su teléfono celular, libretas de apuntes y algunos documentos de trabajo que su hijo, Julio Sandino Granera, no pudo precisar. De pronto un comisionado llegó a avisar que la regresaran a casa, donde la dejaron bajo estricta vigilancia.

Sin embargo, a las 7 de la noche del 11 de junio, la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue llevada a las celdas del complejo de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez Sánchez, conocido como el nuevo Chipote.

El Poder Judicial bajo control de la dictadura amplió “el plazo de investigación complementaria y detención judicial” para Granera, quien permanecerá 90 días arrestada porque el Ministerio Público dice contar con “con fuertes indicios” de que transgredió la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

El hijo de Granera tiene claro que el sistema de justicia nicaragüense responde a los intereses del régimen, pero él y su familia están dispuestos a agotar la vía legal, aunque solo sirva “para cualquier denuncia internacional” porque “ya sabemos que la posibilidad de que eso sea fructífero es casi nula”, dijo.

Granera es socióloga y en junio de 2016 dejó la dirección del Movimiento por Nicaragua para participar como candidata a la vicepresidencia de la República, en fórmula con el médico y en ese entonces diputado, Luis Callejas, en la Coalición Nacional por la Democracia.

Hija del diputado somocista Ramiro Granera, asesinado por sandinistas, estimaba que el país debía apostar por la vía electoral. Sin embargo, ese mismo mes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregó la representación del partido a Pedro Reyes Vallejos, hasta entonces desconocido.

“Yo no tolero la injustica. Y anhelo que los nicaragüenses podamos vivir en armonía, evitando la polarización inútil, y el discurso de odio e intolerancia entre hermanos”, declaró Granera.

Durante el Gobierno del recientemente fallecido Enrique Bolaños Geyer (2001-2007), Granera estuvo a cargo del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), un órgano de consulta entre la sociedad civil y el Ejecutivo. Además, previamente fue oficial de participación ciudadana en el Banco Mundial (2002-2005), fue directora ejecutiva del Fundemos (1995-2002) y subdirectora de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) entre 1991 y 1995.

En sus últimas entrevistas antes de ser apresada, Granera insistió en la necesidad de la unidad frente al régimen Ortega-Murillo.

“Todos debemos estar abiertos a dialogar y a entender que todos los intereses son legítimos, pero que en este momento hay un interés supremo que es acabar con esta barbarie que está pasando el pueblo de Nicaragua. (…) Aquí no se trata de control, se trata de coordinación y acuerdos. La Nicaragua histórica donde algunos grupos se sentían con el derecho de imponerse sobre el resto de la población ya no existe”, expresó a CONFIDENCIAL.

Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

De rodillas y alzando las manos, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro recibió a los policías, que llegaron a capturarlo de forma violenta a su casa, para que no lo golpearán a él o a nadie de su familia.

Su hermana, Ana María Chamorro, narró que fueron tres camionetas con policías los que llegaron a detenerlo la noche del 8 de junio y que estos se tiraron por encima del muro de la casa y botaron los portones y puertas de la casa.

“Mi hermano estaba tranquilo en su casa. Cuando los vio llegar con toda esa violencia, él sólo se arrodilló, alzó sus manos y les dijo que por favor no lastimarán a nadie y que no lo golpearán. Lo agarraron y luego lo subieron con violencia. Afortunadamente no estaba la niña en la casa, no vio cómo se llevaban a su papa”, contó Ana María.

Previo a su detención, el precandidato presidencial inscrito en el mecanismo de selección de la opositora Alianza Ciudadana grabó un video de un minuto con doce segundos en el que afirmó: “Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado”.

Chamorro estaba citado para el 9 de junio en la Fiscalía y se imaginaba ser detenido, al igual que el precandidato Félix Maradiaga, capturado tras retirarse del Ministerio Público.

“A veces por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas, no dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia les digo que no se preocupen, que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene”, agregó Chamorro en su declaración.

Chamorro fue arrestado por las fuerzas del régimen porque lo “investigan” por la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, bajo la cual le atribuyen “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos e incitar la injerencia extranjera en asuntos internos”.

En el video exhortó a “todos los nicaragüenses a seguir en esta lucha, sobre todo a vencer la indiferencia, vencer el miedo” y agregó que “nunca” aceptará “ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua”.

“Tengo mucha esperanza de que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz”, manifestó.

Dirigió entre 2014 y 2019 la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fue director de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua. Tiene una licenciatura en economía de la Universidad de San Francisco, un máster en economía de la Universidad de Georgetown y un doctorado en economía por la Universidad de Wisconsin.

Chamorro fue director ejecutivo de la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia (ACJD), cargo al que renunció para postularse a la Presidencia.

“En reiteradas ocasiones he expresado que tengo el interés, la pasión y el deseo de dedicarme a la política. Creo que es una carrera noble, si se utiliza para servir y serle útil al país; para luchar por el bien común, por la libertad y por el cambio”, declaró al anunciar su postulación.

Su esposa, Victoria Cárdenas, abogó por verlo y señaló que teme por su seguridad. “A él se le ha negado el derecho a la defensa, se le están violando los derechos humanos. Él es un patriota y siempre ha luchado por Nicaragua, exigimos su liberación, que lo liberen a él y a los más de 130 presos políticos. Amor, aquí estamos peleando por ustedes, por sus derechos, por los derechos de todos los presos políticos… lo que estamos viviendo literalmente es un infierno”, explicó.

Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la UNAB

Félix Maradiaga
Félix Maradiaga
Félix Maradiaga. Foto: Cortesía Jorge Mejía Peralta

La tarde del martes 8 de junio, el régimen orteguista arrestó al precandidato presidencial Félix Maradiaga a su salida de una extensa entrevista para la que fue citado en el Ministerio Público.

“Un policía sacó de manera violenta y agresiva a Félix del vehículo y lo golpeó en la cara con el puño cerrado y luego, cuando me llevaron a una buseta, pude ver cómo le dieron otro golpe en la cara.  Nos llevaron por separado a los tres (el conductor, Maradiaga y él) y ya no pude saber más de la situación de Félix”, relató su abogado, Roger Reyes.

Minutos después la Policía Nacional confirmó su detención y afirma que es investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera, en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

La “Ley de Soberanía”, aprobada en diciembre pasado, considera traidores “a la patria” —además establece que no podrán optar a cargos de elección popular— los ciudadanos que: encabecen o financien un golpe de Estado; que alteren el orden constitucional; que fomenten o insten actos terroristas; que pidan intervenciones militares; que propongan y gestionen bloqueos económicos en contra del país; y “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

“Se está abriendo un proceso investigativo, estamos preparados para lo que viene y nosotros seguimos firmes en nuestro ánimo de organizarnos cívicamente”, declaró Maradiaga a los periodistas a su salida del Ministerio Público.

Es politólogo y actualmente es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Fue director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que fue cerrado tras la cancelación de su personería jurídica por parte del régimen de Daniel Ortega en septiembre de 2018.

Licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Administración Pública de Harvard University. Fue secretario general del Ministerio de Defensa. Regresó a Nicaragua en septiembre de 2019, casi un año después de haber permanecido en el exilio tras ser perseguido y acusado por el Ministerio Público, de ser autor de delitos de crimen organizado y financiamiento al terrorismo.

Antes de su detención, Maradiaga declaró que, a pesar de todo lo que se puede venir encima, el régimen y el FSLN son la verdadera minoría en una nación que quiere trabajo, paz, libertad y justicia. También grabó un video en el declaró: “Mis manos están limpias. Mi conciencia está limpia”.

“El régimen no puede secuestrar a seis millones de nicaragüenses (…) ni con un proceso electoral amañado está dispuesto a someterse a la voluntad popular”, declaró.

Su esposa, Berta Valle, señaló que Maradiaga es acusado de delitos absurdos producto de una campaña de desprestigio en su contra. “Sabemos que en esas cárceles hay torturas y violaciones, pido al Gobierno poder ver a mi esposo”, dijo.

En el acto de aceptación de la nominación como el candidato a la presidencia por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que forma parte de la Coalición Nacional, Maradiaga enfatizó “que en Nicaragua no va a haber libertad mientras haya presos políticos. Nicaragua es una cárcel y solamente vamos a tener libertad cuando salgamos de Daniel Ortega”.

Arturo Cruz, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana

El precandidato presidencial Arturo Cruz luego de una entrevista en abril de 2021. Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial

En el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua y a su regreso de Estados Unidos, el régimen orteguista arrestó el sábado 5 de junio al precandidato presidencial Arturo Cruz Sequeira, quien es acusado de infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.   

 El exembajador de Nicaragua en Washington se convirtió así en el primer ciudadano en ser detenido bajo esa legislación, que según expertos busca “únicamente” inhibir a candidatos opositores.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que el exdiplomático es investigado por la Policía Nacional “por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Ante la inhibición de la precandidata Cristiana Chamorro, Cruz había advertido que “si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso”.

El catedrático había inscrito su precandidatura el pasado 26 de abril en el mecanismo de selección del candidato presidencial del bloque opositor integrado por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

“Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio”, detalló a través de un hilo publicado en Twitter.

La Policía allanó su vivienda y el Poder Judicial autorizó ampliar a 90 días el plazo para investigarlo.

Después de hacer una gira política por algunas comunidades rurales en el norte del país durante la Semana Santa, el académico ingresó a la lista de aspirantes presidenciales que el régimen mantuvo bajo asedio policial.

A principios de abril, durante una entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro para el programa Esta Semana, el equipo periodístico confirmó que afuera de la casa de Cruz permanecía una patrulla de la Policía Nacional que vigilaba sus movimientos y lo seguía donde quiera que se dirija en la ciudad de Managua.

Historiador y politólogo, es uno de los académicos más reconocidos de Nicaragua. Profesor destacado del Incae Business School desde 1994, ha formado parte del Grupo de Asesores del Hemisferio Occidental del Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford y un master en Relaciones Internacionales por la Universidad de John Hopkins.

Fue embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y Canadá entre 2007 y 2009 nombrado por el Gobierno de Ortega. Posteriormente renunció y volvió a la vida académica, y en 2019 fue nombrado miembro del grupo de asesores del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Cruz aseguró en sus últimas entrevistas que abogaba por la unidad de la oposición sin la cual, dijo entonces, “habría abstención” en beneficio de la minoría del FSLN.

El precandidato brindó una entrevista el 3 de junio pasado en el programa Impacto 540, de Radio Corporación, mientras se encontraba en Washington realizando gestiones de su trabajo como consultor. Un audio editado de esta entrevista circuló en redes sociales como supuesta prueba de que el precandidato habría cometido el delito de “provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Sin embargo, la grabación original de 21:14 minutos fue recortada en 1:40 minutos, destacando frases sin contexto en las que pareciera que el precandidato salió del país para reunirse con los congresistas norteamericanos.

En entrevista en el programa Esta Semana, el catedrático también había expresado que las garantías de la observación electoral son innegociables para unas elecciones libres, justas y transparentes. Asimismo, valoró que “sería una torpeza insólita si inhiben a cualquiera”, pero admitió que “hasta ahora hemos visto mucha torpeza, además de arbitrariedades”.

Cristiana Chamorro Barrios, aspirante presidencial independiente

Cristiana Chamorro Barrios
Cristiana Chamorro Barrios
Cristiana Chamorro Barrios. Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial

Tras un allanamiento de más de cinco horas, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios fue notificada a las 5:15 de la tarde del 2 de junio que quedaba bajo arresto domiciliar. Desde entonces permanece aislada en su vivienda.

Un grupo de oficiales de la Policía Nacional irrumpió en la casa de Chamorro Barrios, minutos después que la juez noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría Morales, girara una orden de captura en su contra y el allanamiento de su vivienda.

Chamorro es acusada por la Fiscalía “por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), para inhibirla de facto de la contienda electoral en la que Daniel Ortega buscará su cuarto período presidencial consecutivo. “No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, escribió en su cuenta de Twitter.

El perímetro de la vivienda de Chamorro Barrios permanece rodeado por oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), quienes salieron del inmueble para quitar a empujones a periodistas y familiares de la precandidata, que llegaron hasta el portón de la casa a tratar de conocer la situación.

Chamorro Barrios estuvo dedicada desde 1998 a la defensa de la libertad de expresión y a la promoción de la democracia desde sus cargos como directora y presidenta de la FVBCh. También es vicepresidenta del diario La Prensa.

Hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, y del mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ha invocado el legado democrático de sus padres y los “nueve pilares de la democracia” que incluyen “libertad de expresión, elecciones libres, no reelección presidencial, respeto a los derechos humanos, desarrollo económico sostenible, estado de derecho con separación de poderes”, para que Nicaragua vuelva a ser república.

Es la única precandidata presidencial de la oposición que no pertenece ni a la Alianza Ciudadana ni a la Coalición Nacional. Su nominación, asegura, se la ha dado “la gente” que coloca su nombre en las encuestas y es por ellos que insiste en la necesidad de la unidad opositora para derrotar a Ortega, tal como lo hizo su madre Violeta Barrios de Chamorro, en 1990.

“Mi propuesta no es necesariamente una candidatura o estar en una casilla o en otra, mi propuesta es la unidad y es derrotar a Ortega, no creo que se pueda derrotar en dos casillas”, declaró el pasado 10 de mayo en entrevista con CONFIDENCIAL.

Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la FVBCh

Walter Gómez y Marcos Fletes
Walter Gómez y Marcos Fletes
Walter Gómez (izquierda) y Marcos Fletes (derecha), extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Tras una semana de presiones judiciales al periodismo independiente y a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCh), las cosas empeoraron al final del viernes 28 de mayo.

A las nueve de la noche de ese día, la propia precandidata a la Presidencia denunció el secuestro de Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguos financiero y contador de ese organismo, respectivamente, lo que calificó como una “actuación tenebrosa”, que ocurre en el marco de la investigación que el régimen de Daniel Ortega realiza desde el 21 de mayo pasado por supuesto lavado de dinero a este organismo no gubernamental.

“Las dictaduras tenebrosas actúan de noche para meter miedo, para intimidar a todas las familias”, dijo Chamorro.

Gómez fue objeto de un operativo policial realizado en su vivienda en la Colonia El Periodista en Managua, donde la esposa relató que un policía se acercó y le tocó una ventana para luego exigir que le abrieran la puerta, entraron y se lo llevaron, mientras un niño miraba horrorizado lo que ocurría.

En el caso de Fletes, quien se encontraba en una casa de seguridad, fue atrapado cuando se dirigió a la Fundación Cantera. A él se le acercaron unas personas y se lo llevaron secuestrado.

Ambos fueron los primeros detenidos a los que el Poder Judicial decidió ampliar por 90 días el plazo para investigarlos. El dos de febrero de 2021, los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional decidieron aprobar una reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua en el que ampliaron el tiempo en que puede estar detenida una persona para ser investigada de 48 horas a 90 días, un movimiento que causó polémica entre los opositores porque criticaron que esto permitiría mantener a personas detenidas sin justificación.

Los oficiales de la Policía cerraron los portones de la Dirección de Auxilio Judicial cuando vieron que se acercaban los familiares y abogados de ambos detenidos el sábado 29 de mayo.

Gómez ha podido hablar solamente con su abogada. Pero sus familiares exigen verlos a ambos.

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