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Seguramente que no es éste el mejor momento que vive el país y, por consiguiente, tampoco la educación nacional. Los ecos de la pandemia aún se manifiestan en la carencia de las competencias y aprendizajes de los estudiantes que la soportaron, con mayores perjuicios tanto para quienes iniciaban su vida escolar como para aquellos que la concluían y hoy siguen estudios superiores.
Este infausto suceso también ha afectado a los docentes. Y si ya antes era necesario alentar su calidad profesional y tener mecanismos para seleccionar a los mejores, luego de la pandemia esto resulta aún más necesario.
La adopción de la llamada “meritocracia” (que quizás debiera llamarse mejor “meritaje”, es decir, una selección por los méritos mostrados) ha sido una respuesta asertiva a los perversos igualitarismos que protegían a los mediocres dañando el resultado colectivo. Si el reto mayor de nuestro sistema educativo es la formación de ciudadanos plenos -como postula el Proyecto Educativo Nacional- los llamados a cumplir cabalmente con semejante tarea deben ser aquellos con capacidades y valores suficientes para ser orientadores metodológicos y profesionales ejemplares. En consecuencia resulta insólito intentar poner en las aulas a quienes no aprobaron las evaluaciones o no se presentaron a ellas, como se intenta hacer en el Congreso.
Pero lo peor está en los promotores de estos despropósitos. Ya se ve que hay quienes creen que lo mejor para una sociedad es que –adoptando posturas democráticas y antielitistas- quieren hacer entrar aunque sea por la ventana a quienes no aprueban evaluaciones o no creen en ellas. Mediocres del mundo, uníos…
[7set23]
