Las absoluciones por supuestas dudas que favorecen al acusado, penas más bajas de lo solicitado por la fiscalía, fortalecen sospechas de negociados en los juicios a narcos e implicados en crimen organizado. La Corte tiene que mirar la actuación de jueces.
Las nulidades decretadas por la Cámara de Apelación de los fallos dictados en juicio oral para absolver a narcotraficantes o miembros del crimen organizado, además de los rumores que se escuchan a diario en los pasillos del Poder Judicial, especialmente sobre ciertos jueces, hacen sólidas las sospechas de la ciudadanía y contribuyen a desacreditar aún más a un Poder Judicial, cuya Corte, hasta ahora fue incapaz de combatir la corrupción interna.
La fuerte crítica de la Cámara de Apelación al anular la resolución que favoreció a Wilson Cáceres, acusado por tráfico de drogas y asociación criminal, tiene que ser un toque de atención a los magistrados, que deberían ser más prudentes, por decir lo menos, al momento de dictar fallos complacientes con el crimen organizado, que se ve fortalecido con la impunidad que le otorga nada menos que el Poder Judicial, ante la “vista gorda” de los ministros de la Corte, que no incumplieron su promesa a la sociedad de ir depurando la administración de justicia.
