El Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud señaló que se está buscando las vacunas con disponibilidad inmediata por fuera del mecanismo COVAX y serán las que tengan evidencia que ser seguras y eficaces y citó opciones como Pfizer, Moderna, Astrazeneca sin confirmar cuál de ellas llegará primero al país.
Una vez que se firme el contrato de compra de alguna de las vacunas contra el COVID-19 que están disponibles, el proceso será socializado desde la cartera sanitaria, afirmó el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.
“Es inminente el anuncio de la llegada de las vacunas”, afirmó hoy a los medios si embargo, no dio fecha en que estarán en el país.
Señaló que se está buscando las vacunas con disponibilidad inmediata por fuera del mecanismo COVAX y serán las que tengan evidencia que ser seguras y eficaces y citó opciones como Pfizer, Moderna, Astrazeneca sin confirmar cuál de ellas llegará primero al país.
“Se está trabajando en el protocolo con el plan nacional de vacunación y la capacitación del personal además de la conversación con el Centro de Enlace par coordinar la seguridad y fortalecer la logística del proceso”, manifestó.
Por su parte, la Doctora María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria manifestó en contacto con NPy que la que llegará primero será la que tenga mayor facilidad de manipulación y distribución y una vez que se confirme la adquisición de las vacunas la dependencia a su cargo otorgará el permiso de uso de emergencia.
Aseguró que en cuanto a mayor facilidad de traslado y conservación las candidatas son la de Sputnik V, Coronavac o la de Johnson & Johnson y que por otro lado, la de Pfizer es la más complicada en traer porque requiere de un alto grado de refrigeración y conservación para mantener su efectividad.
Desde el Hospital Integrado Respiratorio de Alto Paraná desmintieron que los médicos terapistas de esa zona del país se vean obligados a tener que elegir quién ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva y quién no ante la ocupación de las camas.
La doctora Ana Liz Jara, jefa del Hospital Integrado de Alto Paraná, fue consultada sobre las expresiones de su colega Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, quien afirmó que allí ya se llegó al momento de tener que priorizar a quién dar la atención para la terapia intensiva ante el desborde del contagio y la alta ocupación de camas.
Al respecto, Jara refirió que falta a la verdad al decir que no hay lugares disponibles, ya que en ese centro hospitalario tienen en total 126 camas (tanto UTI como sala común) habilitadas para pacientes Covid y 471 personal abocado para la atención. Actualmente hay 70 pacientes internados, de los cuales 13 son Covid negativos, 50 positivos y 11 sospechosos. “Nosotros internamos pacientes graves sospechosos, cuando da negativo recién se lo deriva al Hospital Regional o al IPS”, acotó.
A la fecha, la ocupación en ese sitio en UTI es del 80% (hay 46 camas, siete están ocupadas y una averiada), mientras que en sala común tienen 80 camas habilitadas, de las cuales 37 están ocupadas y 43 libres. “Nosotros en lo que va de la pandemia hicimos todo lo posible para pasar de 30 a 46 camas UTI y seguimos peleando para conseguir más camas”, resaltó.
También aseguró que poseen equipamiento disponible para el socorro inmediato, con 4 respiradores que pueden conectarse a pacientes que requieran, más 8 cánulas de alto flujo y 350 bocas de oxígeno, entre otros. Destacó también que recibieron 8 respiradores del IPS Central y están buscando conseguir 8 camas más de terapia vía convenio.
Si bien dijo que es cierto que aumentaron los casos de Covid-19 ante el relajo ciudadano, negó que estén viendo a quién dar la asistencia. “No es que estamos eligiendo los pacientes. Esta declaración solo causa zozobra en la población”, resaltó.
La entrevistada sostuvo entre los meses de julio y agosto sí llegaron al colapso cuando no tenían habilitadas las nuevas camas, por lo que tuvieron que derivar pacientes. Sin embargo, ya ente los meses de octubre y noviembre ellos comenzaron a recibir a pacientes de distintos puntos del país, actualmente ese lugar concentra solo a ciudadanos oriundos de Alto Paraná.
Ante la consulta de si la doctora Medina trabaja en ese sitio, respondió que en realidad la misma es cirujana del Hospital Regional, por lo que no forma parte del batallón encargado para atender los casos covid en el Hospital Integrado.
“Quiero dejar en claro que nosotros nos preparamos, nos integramos bien en Alto Paraná, no para salir corriendo, o tener que estar eligiendo pacientes. Los médicos nos preparamos para servir, no para estar eligiendo”, puntualizó.
El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, reiteró en su interpelación que no existió ningún acuerdo con PDVSA y que él no participó del proceso. Aseguró que él simplemente recibió la nota porque es su obligación. Admitió que el exprocurador Sergio Coscia es amigo suyo.
Juan Ernesto Villamayor compareció esta mañana ante la Cámara de Diputados, donde respondió a las 15 preguntas remitidas con una semana de anticipación como parte de la interpelación y posteriormente enfrentó las “repreguntas” de los legisladores.
La mayoría de las veces reiteró la no concreción del acuerdo. “No hubo proceso de negociación ni participación del Gabinete civil, no se puede avanzar en ningún diálogo mientras no tengamos el reconocimiento de la personería jurídica”, expresó Villamayor.
Añadió que como jefe de Gabinete es su obligación recibir las notas y que todos los documentos dirigidos al presidente de la República, pasan por él.
Villamayor presumió las victorias que acumuló a nivel internacional contra el Estado paraguayo y sostuvo que solamente los que tienen conocimientos jurídicos pueden entender bien lo que él dice.
En su exposición mostró un correo electrónico del entonces procurador, Sergio Coscia, quien en el mensaje daba la misma respuesta que hoy repite Villamayor: que PDVSA de Guaidó carece hoy de personería jurídica ante el Tribunal Arbitral de París.
El acuerdo arbitral establece quién es la autoridad administradora, cómo se conforma y si hay acuerdo para celebrar el contrato.
Con este documento en formato digital, buscó demostrar que la nota llegó también a la Procuraduría General y que la respuesta siempre fue la misma. Además reconoció que Sergio Coscia forma parte de su estudio jurídico y que es su amigo.
EXCLUSIÓN DE CANCILLERÍA
Según Villamayor, la exclusión del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de este “fallido acuerdo”, fue responsabilidad de Venezuela, que dejó fuera a Cancillería de manera sistemática.
Esto, debido a que Petropar cuenta con suficiente personería jurídica para mantener las tratativas con PDVSA.
VIDAL
En cuanto a la contratación de de Sebastián Vidal (tío de Abdo) como abogado de PDVSA, contestó que no es su responsabilidad y que en ningún momento se le adjudicó ningún delito ni a Vidal ni a Javier Troconis, designado para gestionar los activos de Venezuela en el exterior.
DESMIENTE AL PROPIO PORTAL DEL GOBIERNO
Una publicación de la agencia del Gobierno, IP Paraguay, con fecha del 26 de marzo del 2019, señalaba que Patricia Samudio, entonces presidenta de Petropar, comunicaba con bombos y platillos Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, Francia, reconoció a las autoridades designadas por Juan Guaidó y puso en pausa cualquier tipo de negociación con el gobierno de Nicolas Maduro.
En la ocasión, Iván Filartiga, asesor jurídico de la Presidencia de Petropar, explicó que la forma de pago y otros aspectos se deberán negociar con las autoridades designadas por Guaidó y suspender cualquier tipo de conversación con el gobierno de Maduro.
Al respecto, Villamayor afirmó que la publicación es falsa y que para que Paraguay acepte pagar la deuda deben haber solamente dos partes, sin embargo, en este momento hay tres: Petropar, PDVSa Maduro y PDVSA Guaidó, por lo que se corría el riesgo de pagar y que no se reconozca el desembolso.
El espacio de repreguntas continúa sin interrupción esta siesta.
El juez penal de Garantías José Agustín Delmás ordenó bloquear cuentas corrientes del senador Rodolfo Friedmann por valor de G. 16 mil millones, en el marco del proceso que se le sigue por lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos.
El fiscal Osmar Legal había solicitado tras la imputación el embargo de los bienes de Friedmann y el magistrado ahora hace lugar al requerimiento de esta manera el senador ya no podrá utilizar este dinero hasta que finalice su proceso.
El 31 de agosto se imputó a Rodolfo Friedmann, Marly Figueredo, el diputado Ever Noguera, Silvio Alvaro Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez, luego de comprobarse que el senador tenía vínculos con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que en el 2016 cuando Friedmann era gobernador del Guairá ganaba licitaciones para proveer el almuerzo escolar en la región.
Roldofo Friedmann y su esposa Marly Figueredo, procesada por lavado de dinero, se pasaron chicaneando el proceso, pero igual fueron beneficiados con un permiso para ir de vacaciones al Brasil y ahora a su regreso se encuentran con esta determinación, que de seguro será apelada por su defensa.
