Paraguay

Ministerio del Trabajo intervendrá en estancia de brasileña que prohíbe el guaraní

El Ministerio del Trabajo anuncia una intervención, ante la denuncia de que una estanciera brasileña prohíbe a sus empleados a hablar el idioma guaraní.

“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) repudia cualquier acto discriminatorio a Trabajadores Paraguayos. El uso de nuestro idioma guaraní no puede ser motivo de amenazas, amedrentamiento o discriminación”, dice el comunicado emitido este lunes.

El pronunciamiento anuncia la intervención ante el supuesto caso de discriminación, para corroborar el hecho y asegurar el “respeto irrestricto” de los derechos de los trabajadores paraguayos de utilizar nuestros idiomas oficiales consagrados en la Carta Magna.

La polémica se generó tras filtrarse unos audios donde la estanciera brasileña, Janice Neukamp Haverroth, prohíbe a los empleados de su estancia en Curuguaty a hablar en el idioma guaraní.

Diversas instituciones se pronunciaron en repudio hacia la postura de la ciudadana brasileña. Entre ellas, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Este lunes, pobladores de Curuguaty, se manifestaron frente al domicilio de la ciudadana brasileña, quien dijo que se trató de un “mal entendido” y pidió disculpas.

El Ministerio de Salud, reportó 974 nuevos casos positivos de COVID-19 en el país. Por otro lado, se registraron 17 fallecidos más a causa de la enfermedad pandémica.

En su reporte diario, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se procesaron 3.735 muestras, de las cuales 974 arrojaron resultados positivos al COVID-19. Todos los nuevos casos son comunitarios.

Lamentablemente, se dieron 17 nuevos fallecidos a causa del COVID-19, llegando a un total de 3.196 decesos en el país.

Actualmente hay 1032 pacientes internados, de los cuales 262 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Por otra parte, se registraron 957 pacientes recuperados, sumando así 134.392.

Con los nuevos datos, el total de casos confirmados de COVID-19 en el país llega a 160.448 desde el inicio de la pandemia.

En la tarde de este lunes, pobladores de Curuguaty, se manifestaron frente al domicilio de la ciudadana brasileña, Janice Neukamp Haverroth. La misma causó una polémica, tras filtrarse unos audios donde prohíbe a los empleados de su estancia a hablar en guaraní.

Más de 100 pobladores se manifestaron este lunes frente al domicilio de Janice Neukamp Haverroth. La estanciera brasileña es repudiada tras filtrarse unos audios en donde prohíbe a sus empleados a hablar en el idioma guaraní.

Los manifestantes a través de altos parlantes pusieron músicas folclóricas en guaraní frente al domicilio de Neukamp.

Diversas instituciones se pronunciaron en repudio hacia la postura de la ciudadana brasileña. Entre ellas, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Tras la polémica, la estanciera brasileña dijo que se trató de un “mal entendido” y pidió disculpas. Asimismo, el encargado de la estancia manifestó a C9N, que el audio viralizado fue en “mala fe”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este lunes una audiencia de tres días sobre una demanda contra el Estado Paraguayo acerca de la destitución de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en un juicio político en el año 2003, lo que habría violado la independencia judicial.


Fuente: EFE

La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el Estado es responsable por una serie de violaciones a los derechos de Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron destituidos sin motivos.

El agente de la CIDH, Edgar Rolón, explicó en la audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual, que entre los derechos vulnerados se encuentran el de contar con una autoridad competente, el derecho de defensa, el de garantías judiciales y el de contar con un juez imparcial.

“En 2003 luego de que el presidente de la República (Nicanor Duarte) realizó declaraciones indicando que si hacía falta se tenía que pulverizar el Poder Judicial corrupto, las víctimas fueron sometidas a un juicio político ante la Cámara de Diputados, el primero en la historia de Paraguay”, detalló Rolón.

El agente afirmó que en este caso, la sanción de destitución emitida en diciembre de 2003 se basó en “criterios de discrecionalidad política, lo que afectó el principio de independencia judicial”.

Según la demanda, el motivo de la destitución fue “mal desempeño”, lo que favoreció altos niveles de discrecionalidad.

En la audiencia rindió declaración Bonifacio Ríos Ávalos, quien al momento de su destitución ejercía como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El exfuncionario judicial relató que fue destituido junto a otros magistrados, quienes ya fallecieron, en un contexto en el que el Gobierno impulsaba una cambio en altos puestos del Poder Judicial por motivos políticos para poder impulsar una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial.

Según Ríos, se negó a apoyar un pedido expreso del expresidente Nicanor Duarte para destituir altos cargos del Poder Judicial y a partir de entonces recibió ataques del Gobierno que culminaron en el juicio político.

Ríos calificó la resolución política para su destitución como “un engendro jurídico, un adefesio que estableció un procedimiento de destitución sin motivación ni razonamiento”.

“Tenemos un sistema politizado y es un riesgo muy grande para la administración de justicia”, expresó.

Ríos pidió a los jueces de la Corte Interamericana una sentencia contra el Estado paraguayo para que se reformen los procesos de selección y de sanción de los altos cargos del Poder Judicial, con el fin de limitar la influencia política.

Por ejemplo, solicitó que la evaluación o el juzgamiento de los magistrados esté a cargo de personas con experiencia y conocimiento judicial y que se emita una ley en Paraguay que establezca causales y motivos claros para la destitución de ministros.

La audiencia ante la Corte Interamericana continuará el martes y finalizará el miércoles.

Los jueces escucharán a testigos y peritos propuestos por los representantes de las víctimas y por el Estado, y al cierre de la audiencia los alegatos finales orales de las partes.

Cuando finalice la audiencia comenzará a correr un plazo de un mes para que las partes presenten sus alegatos finales escritos y a partir de entonces los jueces emitirán una sentencia dentro de los siguientes meses.

La CorteIDH tiene su sede en Costa Rica pero debido a la pandemia del covid-19 las audiencias las lleva a cabo por vídeo conferencia.

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