Uruguay
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Conflicto no: decadencia

Tras su pronunciamiento en ADM y sus declaraciones posteriores, quedó claro que el disgusto del Ministro del Interior -en sus palabras, la indignación- por la prisión domiciliaria de dos narcos que terminaron fugándose, se dirige a actuaciones concretas y no al conjunto del Poder Judicial.

Aclaremos: la crítica es y debe ser libre respecto a cualquier decisión de un órgano público, tribunales incluidos. Por tanto, las discrepancias entre titulares de distintas reparticiones del Estado no implican conflictos de poderes. A lo sumo, pueden extrañarnos porque perdimos el entrenamiento que supimos tener cuando las sentencias se criticaban en la prensa especializada -especialmente, La Justicia Uruguaya-, a veces con repercusión en la línea editorial de diarios y radios.

Y precisemos: si en medio del combate contra el narcotráfico se escaparon dos pesos pesados, no hace falta ser Ministro para indignarse. Más bien es al revés: es una desgracia extra que haya gente a la cual semejante bochorno le resbale sin hacerle roncha.

En cualquier caso, es bueno para el Uruguay que su Ministro del Interior confirme el tradicional respeto por el Poder Judicial. Pero ¡alerta!, no nos echemos a descansar sobre esos laureles verbo-ideológicos, los hechos que han salido a luz son patéticos para la Justicia y el Derecho.

Quedó a la vista la fragilidad de las prácticas fiscales y judiciales para detectar pericias falsas y certificados truchos. Se patentizó que trampeando se puede esquivar un carcelazo. Se arrastró por el piso los deberes de honor que son el alma de la toga del abogado serio. En concurrencia con la falsificación material de documentos, la “estafa procesal”, se montó industrialmente.

Peor aún: la pertinacia falsificadora llegó a alterar expedientes y hasta fallos. En buen romance, quiere decir que el narcotráfico se ha ensayado en meter su mano inmunda en papeles y megabytes del Poder Judicial. Tamaña comprobación debe alarmarnos no solo a todos quienes, dentro o fuera del Estado, ejercemos profesiones jurídicas -abogados, escribanos, contadores- sino a todo ciudadano que respete al prójimo y quiera defender los derechos ajenos tanto como los propios.

Esto no es una desgracia más en la crónica policial que el narcotráfico mancha cada vez más de sangre, como evidenció con números el ministro Heber. Esto no es episódico, pues estamos ante un resquebrajamiento planificado de una estructura de Justicia que supo ser inexpugnable.

Ya es bastante desgracia haber reducido el papel de los jueces en la indagación y el proceso penal. Ya es bastante desgracia impersonalizar la relación de los magistrados con los litigantes y hasta con el escritorio en que se sientan.

Si a eso le agregamos que al parcelarse el Derecho por especialidades se opacan sus principios y que al cundir el relativismo moral se socava la sensibilidad y se genera abulia ante el prójimo, tendremos que alegrarnos, sí, porque no tengamos conflicto de poderes pero debemos dolernos porque la conciencia jurídica se encoge y declina.

Contra esa decadencia, debemos alzarnos como ciudadanía y opinión pública, reclamando que se indague, se limpie y se nos informe a fondo.

Y volviendo a sentir que toda falencia en la Justicia atenta contra nosotros como personas y como proyecto constitucional de vida.