Uruguay
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Cordón, saña y justicia

La justicia uruguaya, luego de un proceso largo y tortuoso, decretó el sobreseimiento de los tres jóvenes acusados de una violación grupal en el barrio capitalino del Cordón. La denuncia explotó en los medios hace más de un año y medio, período en el cual estos jóvenes no solo debieron enfrentar una masiva condena social anticipada, sino hasta prisión preventiva.

Este sobreseimiento tiene características especiales. Ocurre luego de que la Fiscalía, en una primer instancia, no encontrara pruebas para seguir adelante con la causa. Eso fue apelado por los abogados del consultorio jurídico de la UdelaR que patrocinan a la denunciante, pero fue ratificado por el juez. No conformes con esa resolución, los abogados de la denunciante recurrieron para que otro fiscal analizara la causa. Se les otorgó esa posibilidad y este nuevo fiscal, tras un profundo análisis, llegó a la conclusión de que directamente no existió delito.

Este caso es emblemático del momento que atraviesa no solo la justicia nacional, sino también la sociedad en general. Estos jóvenes recibieron apenas se conoció la denuncia, un nivel de sanción social sin precedentes. No hubo presunción de inocencia, no hubo derecho a defensa, no hubo ninguna garantía. Incluso desde las más altas esferas del gobierno, pasando por el rosario de organizaciones feministas, y varios paladines morales de los medios, condenaron anticipadamente a estos tres jóvenes, de manera inmoral.

Un detalle nada menor. Aspectos claves de la investigación fueron filtrados a los medios de forma de interferir en la investigación, y acelerar esa sanción social. Algo que ya es costumbre en esta Fiscalía. Como si fuera poco, circuló información falsa, como que los acusados se habían negado a someterse a una prueba de ADN, cosa que era mentira.

Después, la cosa se puso todavía peor. La difusión por parte del periodista Ignacio Álvarez de unos audios que volcaban serias dudas sobre la acusación, generaron una tormenta. Una fiscal y una jueza ordenaron allanar un medio de prensa y requisar el teléfono de un periodista para averiguar la fuente de esos audios. Y el Fiscal de Corte subrogante llegó a decir que no pasó lo que la Policía dice (y todos vimos) que pasó.

Como si eso no fuera suficiente, este Fiscal de Corte recibió con una prestancia y velocidad sospechosa al mismo grupo de activistas que instigó la condena anticipada de los jóvenes, y sancionó a un fiscal que había tramitado que los mismos pudieran tener prisión domiciliaria mientras se gestionaba el caso.

Como vemos, un caso espantoso, que deja en evidencia el nivel de indefensión que padecen los uruguayos en general ante cierto tipo de denuncias, y ante algunos cambios en las leyes que han eliminado por completo principios sagrados de un derecho penal civilizado.

Acá hay que hacer una pausa. Porque es imposible no referirse al lamentable papel que ha jugado el consultorio jurídico de la UdelaR. No contentos con haber llevado esta causa a los extremos que se llevó, sin prueba alguna que lo habilitara, el titular de esa oficina, Dr. Williman, ha anunciado que piensa llevar a organismos internacionales a Uruguay por entender que el país no proveyó de un proceso justo a su patrocinada.

Esto es gravísimo por tres motivos. Primero, porque es mentira, ya que hubo un proceso de casi dos años, y en tres instancias no se consiguió probar el delito. ¿Qué más quieren? Y eso en un sistema tan flechado en favor de la denunciante, que la ley obliga a considerarla “víctima” antes de siquiera saber si existió delito.

Segundo, porque se usan los recursos del contribuyente, para insistir en algo que a esta altura solo puede ser visto como una campaña de ensañamiento contra esos tres jóvenes denunciados injustamente.

Pero, por último, porque se busca deslegitimar el proceso judicial uruguayo ante un tribunal internacional. Un proceso que, además, ha sido diseñado por Williman y profesionales de su entorno y visión, para que se acomode a valores bastante discutibles. Pero que por lo visto, cuando las cosas no salen como a ellos les gustaría, pretenden atacarlo desde fuera. Es de esperar que los actores del sistema tomen buena nota de esta actitud.

El caso del Cordón es paradigmático de las cosas que no funcionan hoy en la justicia penal uruguaya. La vida de estos jóvenes no volverá a ser jamás la misma. Esperemos que al menos, esto sirva para que los legisladores y actores del sistema judicial y mediático, ajusten el proceso a los valores de garantías y principios, que la justicia y la sociedad uruguaya nunca debieron abandonar.