Uruguay tiene muchos desafíos estructurales. El envejecimiento de la población, la concentración de lo que produce en el sector primario, los niveles de pobreza así como las carencias educativas de su población más joven. Pero hay uno que, por el potencial que tiene de destruir la confianza en el sistema institucional, no se puede demorar más en atacar. Hablamos de la crisis del sistema de Justicia.
El último alerta ante esta crisis lo aportó esta semana el ministro de Vivienda Raúl Lozano, quien en una entrevista con el semanario Búsqueda sostuvo que “Está todo el mundo como distraído. Hay cosas que la sociedad no puede mirar para el costado... La Justicia no funciona bien”. Lozano apuntó a una cuestión “ideológica”, y tiene razón, pero el problema va mucho más allá.
Esta semana los titulares los robó la resolución del caso de la supuesta violación grupal del Cordón, que mostró con toda crudeza lo mal que funciona el sistema. Que tres jóvenes hayan pasado casi dos años con su vida destruida, cuando desde el principio había evidencias bastante sólidas de que no existió delito, ya es una señal de alerta.
Pero a eso hay que sumar que en el camino se produjo un ataque a la libertad de prensa, con un juez y fiscal que ordenaron requisar el teléfono de un periodista para descubrir su fuente. Y luego una actuación penosa de la Fiscalía de Corte, sancionando a un fiscal por la presión explícita de un grupo corporativo. Ni hablar del rol lamentable del consultorio jurídico de la UdelaR, en este novedoso papel de paladín legitimado de cualquier causa, a costo del contribuyente. Alguien podrá decir que el final fue el correcto, pero el proceso destapa problemas serios.
Problemas que también quedaron en evidencia con la fuga de dos individuos acusados de estar en la cúpula de organizaciones dedicadas al narcotráfico, y que fueron beneficiados con regímenes de prisión domiciliaria, tan irregulares, que terminaron fugando.
La Suprema Corte expresó públicamente su “profunda preocupación” ante este tema, pero eso no alcanza. Como cabeza de una institución que debe garantizar la igualdad de derechos, y la vida y propiedad de los uruguayos, la Corte es responsable directa de esta situación.
Pero hay más. La reciente denuncia nada menos que de la Asociación de Abogados Penalistas, sobre que el ex Fiscal de Corte, desde su actual desempeño en el ejercicio de la profesión de abogado logra ventajas inapropiadas de parte del sistema, es de una gravedad institucional mayúscula. Y, sin embargo, nadie parece haber hecho nada al respecto.
Tampoco sobre el pésimo funcionamiento de la Fiscalía de Corte, actual, de la cual no hay día que no aparezca en los medios por peleas, denuncias, filtraciones, contrataciones a dedo con criterios políticos...
Como dice el senador Lozano, “está todo el mundo como distraído”.
A tal punto, que unas fuertes declaraciones del expresidente de la Suprema Corte, el Dr. John Pérez Brignani el año pasado, también pasaron sin consecuencia. Allí dijo que “juzgar con perspectiva de género, lejos de ser una moda jurídica, es una obligación legal”. ¿Dónde está la base legal de eso? Pues, según el Dr. Pérez Brignani, “en el derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales”. Agregando que “la igualdad de trato oculta que ciertos sectores de la población se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.
Se trata de una lectura polémica, ideológica, de dudosa representatividad de la sensibilidad mayoritaria del país. Y que habilita que se cometan actos de injusticia como el de los jóvenes acusados por el episodio del Cordón, que agravan la sensación de que el principio de igualdad ante la ley, la imagen de la justicia con los ojos tapados, son apenas recuerdo de otros tiempos mejores.
El principal escalón que lleva a una sociedad a un estadio superior civilizatorio, es cuando deja la resolución de sus diferencias en manos de un tercero imparcial, que es una institución pública, el sistema de Justicia. Cuando la sociedad comienza a percibir que esa igualdad no existe, o que el sistema no garantiza sus derechos, se inicia un proceso de desmoronamiento institucional de gravedad tremenda.
Todavía estamos lejos de eso, pero ya hay señales inquietantes. El péndulo se ha desviado demasiado, el pozo está a la vista, y si el sistema político no toma cartas en el asunto, dejando de lado sus miserias cotidianas, la convivencia en este país será del mismo género que los cuentos de Edgar Allan Poe.
