Redacción El País
El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, lamentó este miércoles que haya naufragado en el Parlamento el proyecto de ley para darle viabilidad a la Caja de Profesionales y señaló que el nuevo texto que envió para que se discuta de urgencia "lo que hace es estirar la agonía" hasta que el próximo gobierno pueda buscar una nueva solución.
"La realidad no es la que nosotros queríamos", reconoció el mandatario, que luego agregó que el proyecto frustrado "era realmente un salvataje, un rescate" para que "quienes optaron por ese subsistema sean quienes se encarguen de sostenerlo".
De todas formas, como Cabildo Abierto no prestó sus votos y la coalición de gobierno no alcanzó la mayoría necesaria, ante la negativa también del Frente Amplio, dijo que "cada partido es libre de hacer lo que quiera".
Lacalle Pou dijo que la propuesta que envió inicialmente el gobierno semanas atrás y que se discutió en el Parlamento fue la acordada con el directorio de la Caja de Profesionales, pero que ante la falta de soluciones y ante la posibilidad de que la institución se quede sin fondos para pagar sus prestaciones, como jubilaciones y pensiones, el presidente se reunió con parte de su gabinete para "enviar un proyecto de ley que es darle un poquito de aire al pulmón", que consistía básicamente en aumentar los aportes de los activos.
El objetivo era "llegar hasta el año que viene". "No hicimos lo queríamos que era tomar el riesgo y la posibilidad de asumir los costos y resolverlo para siempre o por lo menos para dentro de 30, 40 años”, lamentó. Si se aprobara el nuevo proyecto, “después el gobierno que venga se tendrá que hacer cargo porque no se tomaron las decisiones difíciles que nosotros quisimos tomar en estos días”.
De todas formas, en paralelo a esta conferencia del mandatario, la coalición de gobierno arribó a un acuerdo en el Parlamento para descartar el tratamiento del nuevo proyecto de ley para la Caja de Profesionales porque el plazo constitucional para hacerlo vence dentro de dos días, exactamente un año antes de las elecciones. Ahora, según supo El País, la intención es diferir la discusión hasta pasado el período electoral.
