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Fiscal general australiano niega denuncia de violación ocurrida en 1988

El fiscal general de Australia, Christian Porter, defendió este miércoles su inocencia frente a una acusación de violación, cometida supuestamente en 1988, y que ha sido archivada por la Policía por falta de pruebas. EFE/EPA/MICK TSIKAS/Archivo

El fiscal general de Australia, Christian Porter, defendió este miércoles su inocencia frente a una acusación de violación, cometida supuestamente en 1988, y que ha sido archivada por la Policía por falta de pruebas.

Porter compareció por primera vez ante los medios tras hacerse pública el viernes una denuncia contra un miembro del Ejecutivo, cuya identidad no había trascendido hasta ahora para preservar el principio a la presunción de inocencia.

“Las cosas que se han afirmado que sucedieron, no sucedieron”, dijo Porter, con la voz entrecortada, en una rueda de prensa en la ciudad de Perth, al explicar que conoció brevemente a la presunta víctima en Sídney durante una competición cuando él tenía 17 años.

“No me he acostado con la víctima. No hubo nada de esa naturaleza entre nosotros”, insistió Porter, un día después de que la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, anunciara que había archivado el caso por falta de evidencias.

La acusación fue revelada por la cadena pública ABC al informar que el primer ministro, Scott Morrison, y otros miembros del Parlamento recibieron una carta anónima detallando la presunta violación en 1988 de una mujer, que por entonces tenía 16 años, que se suicidó el año pasado.

El caso, que coincide con otras denuncias de abusos sexuales en la esfera del Parlamento y que mellan la imagen del gobierno, ya había sido archivado por las autoridades al fallecer en 2020 la presunta víctima, quien no llegó a hacer una declaración formal sobre el incidente.

Porter explicó que, antes de que se publicaran las acusaciones, las autoridades australianas nunca formularon una acusación contra él, al comentar que tenía conocimiento de que en los últimos meses se había propagado “rumores” en su contra.

El fiscal general también indicó que se tomará unas semanas de baja, por recomendación de su médico, pero que no dimitirá de su cargo, ya que en su opinión abriría la puerta para que “cualquier persona en Australia pueda perder su carrera, su trabajo, su vida solo por unas acusaciones que aparecen impresas” en los medios.

Además de este caso, el Ejecutivo afronta fuertes críticas desde que a mediados de febrero una exasesora del Partido Liberal de Morrison denunció haber sido violada en 2019 por un antiguo compañero de trabajo en el Parlamento, a lo que siguieron otras tres denuncias contra este hombre y una posterior contra un diputado opositor.

Una encuesta de la consultora Essential, que fue publicada este martes por The Guardian Australia, señala que dos de cada tres australianos cree que el gobierno prefiere proteger sus intereses políticos que a las mujeres que han realizado denuncias sexuales en las esferas del Parlamento.

EFE

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