Lapatilla
La consabida controversia territorial es portadora de severas amenazas y peligros en manos de un régimen, cuya prioridad es su supervivencia a cualquier precio. Consideración ésta última que resulta irrefutable, visto todo lo que ha hecho y no ha hecho a lo largo del presente siglo en la materia.
En contraste con las ya lejanas décadas anteriores, la opinión pública – aún la más especializada – ha sido castigada con una versión prácticamente escolar del asunto, a pesar de las profundidades alcanzadas por el drama. Todavía insistimos en las líneas de Robert Schomburgk, sin atrevernos a las novedades históricas, o el Acuerdo de Ginebra, cuya vigencia luce indiscutible, adquiere un cierto e interesado sentido fetichista, incursos y actualizados forzosamente por un litigio en tiempo real como el de La Haya.
Pretende el oficialismo solventar el problema, andando por una línea recta entre las sólidas razones que nos asisten y a las que les falta uso y habilidad, y un referéndum consultivo evidentemente inconstitucional que le ayude a la preservación del poder, economizando esfuerzos. El camino de la Corte Internacional de Justicia lo hizo el mismo régimen ineludible, y exige militantemente otro sentido: una profunda y acerada convicción, responsabilidad histórica, experticia y destreza procesal, apreciada las escasas e irrepetibles oportunidades planteadas a las que nos redujo y condujo una política que patentemente no ha sido de Estado por estas dos décadas.
Diríamos que la sola moción del referéndum consultivo ha generado varios aportes de opinión valederos, aunque escasos de compararlos con la vieja prensa escrita de la que todavía sobrevive. Hoy, son demasiados los chorros de tinta vertidos en arengas, Schomburgk infinitamente repetido, la quejumbre de columnistas que parecieran diligenciar un favor burocrático, entre otros de los oportunismos que, vaya el detalle, supo de frustrados negocitos so pretexto del problema. E, incluso, recordamos la promoción de un congreso sobre el Esequibo que pretendió realizarse en una capital del lejano oriente del país, exhibiendo a patrocinadores que nunca autorizaron tal condición, y, en definitiva, esperando por el generoso aporte de una gobernación que tampoco llegó a los pocos promotores que desenmascaramos con dos o tres tuits de denuncia algunos años ha. Empero, hay individualidades, sectores, grupos e instituciones que se hacen la vista gorda frente al problema, evitando apenas rozar el ánimo de los elencos en el poder.
Se dirá de riesgos, pero también de fatiga a la que nos encamina la enfermiza publicidad oficial que nunca ha honrado el repetido eslogan con los hechos. Luce como un objetivo el de relegar el asunto, subestimarlo, agotarlo con dos latigazos emocionales en la opinión pública y proseguir el camino tortuoso de la rutina socialista.
En contraste con otras universidades, el Consejo Universitario de la UCV se ha pronunciado y, en buena medida, la motivación del acuerdo aprobado coincide con el adoptado esta misma semana por la legítima Asamblea Nacional, electa en 2015, aunque las autoridades de la casa de estudios reconocen expresamente a los asamblearios de 2020. E, igualmente, en la ciudad de Villlanueva recomiendan la solicitud de dos medidas provisionales por ante la Corte Internacional de Justicia, un poco más conocidas en los perseguidos portales noticiosos, comprobado el carácter inconsulto e improvisado de la convocatoria a un referéndum inconstitucional, respaldado – es necesario subrayarlo – unánimemente por los usurpadores del Palacio Legislativo.
David Morán denunció también esta misma semana, el inocultable reconocimiento chino del Esequibo como parte integrante de Guyana, a través del mapa elaborado por SinoMaps Press, entidad dependiente de la Oficina de Topografía y Cartografía de China, por cierto, único editor de mapas en ese país. Del exitoso tuit no dan cuenta los lisonjeros habituales de un gobierno que no les da cabida en los medios que directa e indirectamente controla, consiguiendo aquellos ocasión en los independientes que se resisten diariamente a la censura y el bloqueo conatelero.
Hasta hace tres o cinco años atrás, los activistas pro-esequibanos de pronunciaban con frecuencia. Ya no lo hacen, e intuimos las razones.
De modo que la puerilización del tema debe mucho a aquellos que suelen mitinear por escrito, volviendo una y otra vez al texto de historia del bachillerato de muy antes, pues, los de ahora, tergiversan groseramente los simplificados hechos históricos, si es que aparecen. Además, tenemos la impresión de un determinado flujo de información estratégica hasta mediados de 2001 en la prensa libre, negado por el resto de la centuria a pesar de la trascendencia del problema, reforzando toda puerilidad.
