Dominican Republic
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Abusivos e injustificados aumentos salariales

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El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo

POR CARLOS MANUEL MANZANO CONTRERAS

Ha provocado gran disgusto e indignación a la población en general los injustificados y abusivos aumentos salariales que se han venido autoasignando, de manera ilegal e inconstitucional, la mayoría de los titulares y altos funcionarios de las entidades descentralizadas y autónomas del presente gobierno.

Entiendo que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley de Salarios No.105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, deberían asumir una actitud más seria y responsable, exigiendo a esos funcionarios que se ajusten al mandato de esta Ley, generando mecanismos eficaces para ello, en vez de buscar excusas y pretextos, argumentando que esos aumentos salariales vienen dados producto de leyes aprobadas por “anteriores administraciones”.

            Es bueno recordarle al Ministro de Administración Pública (MAP), mi buen amigo Darío Castillo Lugo,  que la Ley 105-13 derogó todo el contenido de las leyes que hasta ese momento se referían a temas de salarios en el Estado dominicano, por lo que a partir de ese momento, y para el porvenir, sólo regirá esa única Ley de Salarios para regular todo lo que tenga que ver con salarios, remuneraciones e incentivos pagados a empleados y funcionarios de todas las instituciones del Estado, incluyendo organismos autónomos, descentralizados, poder judicial, poder legislativo, ámbito municipal, entes constitucionales, entre otros.

            Atendiendo a lo planteado en el párrafo anterior, entonces resulta lógico pensar que todas las leyes que trataren temas de salarios en el Estado y que fueron aprobadas con anterioridad a la Ley 105-13 por “anteriores administraciones” han quedado sin ningún efecto jurídico por haber sido todas derogadas, de conformidad con la Ley.

La verdad que me causó mucho pesar el haber escuchado al Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, mostrar total desconocimiento del ámbito de aplicación de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial, cuando declaró el pasado miércoles 3 de agosto, ante algunas preguntas de periodistas, que el Poder Ejecutivo sólo tiene que ver (en cuanto a regulación salarial) con las instituciones del gobierno central, y que en esas instituciones no se han hecho aumentos los titulares.

El artículo 3 de la referida Ley de Salarios, referente a su ámbito de aplicación, establece claramente que ”están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley, los órganos del sector público que integran los siguientes agregados institucionales: 1) El Gobierno Central. 2) El Poder Legislativo. 3) El Poder Judicial. 4) Entes y órganos constitucionales con régimen propio. 5) Organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y no financiera. 6) Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 7) Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de los municipios y las juntas de distritos municipales. 8) Las empresas públicas no financieras y financieras”.

De igual forma se pronuncia el Párrafo I de dicho artículo cuanto dice textualmente que “a los efectos de esta ley se entiende por Gobierno Central, la parte del sector público que tiene por objeto la conducción político-administrativa de la República, conformada por los entes y órganos centralizados, descentralizados y autónomos financieros y no financieros y de regulación, dependientes y adscritos al Poder Ejecutivo y las instituciones públicas de la seguridad social”.

Cabe señalar que la misma Ley 105-13, en su artículo 7, dispone que “el Ministerio de Administración Pública, como órgano rector del empleo público de la Administración del Estado, es el órgano responsable de la actualización y administración del Sistema Remunerativo.”

Finalmente, queremos hacerle un llamado sincero, con todo el respeto que merece su investidura, al señor Presidente de la República, ante las referidas declaraciones que diera a los periodistas, para que previo a fijar posición públicamente sobre temas tan delicados y complejos como el que nos concierne se asesore bien con las instancias correspondientes, para que en vez arrojar luz, no traiga más confusiones y desasosiegos a la población.

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