El autor es periodista. Reside en Baní.
Ahora que han surgido amplios cuestionamientos al accionar de la justicia en casos de corrupción al más alto nivel, justo es identificar la doble cara que existe a la hora de emitir una sentencia.
Los pobres, por cualquier quítame esta paja, son medidos con más severidad pues no cuenta con los recursos para contratar una barra de defensa que les defienda con el ahínco que muestran los representantes de los acusados en casos de gran envergadura.
De hecho, en muchos casos los abogados de los pobres los engañan sacándoles dinero hasta que el ordeño se acaba, lo que no necesariamente se ha producido en los casos que vamos a citar.
Que conste que esa “migaja” que algunos abogados alegan reciben de los carentes de fortunas, significan un mayor sacrificio que las sumas exhorbitantes que pagan los acusados de corrupción, drogas y otros casos relacionados a poseedores de grandes fortunas.
En Baní hemos vivido varios caso que puede servir de modelo.
Un jovencito nativo de la comunidad de Matagorda, Edward Junior Cruz Herrera, se vio envuelto en la muerte de otro joven, Roylan Martínez, cuando salían en horas de la madrugada de un centro de bebidas en el distrito municipal de Paya.
En el trayecto un grupo iba en motores y alguien pateó el del fallecido, quien al caer chocó contra un poste de electricidad.
El padre del principal acusado, Israel Cruz Soto, habría pagado a la policía local unos 250 mil pesos, o más según la versión del entonces senador Wilton Guerrero, para que no se ejecutara una orden de arresto y así Ismael Cruz, El Gordo, como se conoce al supuesto autor del hecho, pudiera salir del país.
Ricopiolo, como es conocido Edward, fue tomado como chivo expiatorio y no valieron los argumentos de varios de los que estaban presentes al ocurrir el suceso, predominó la versión de algunos allegados al prófugo, quien se veía en fiestas en Boston, Estados Unidos, sin que prosperaran las demandas de que fuera solicitado en extradición.
Finalmente Ricopiolo fue condenado a 15 años de prisión, nunca ha gozado de cambio de medida de coerción y sus familiares a duras penas siguen dándole seguimiento al proceso.
Este caso es solo un reflejo de una larga cadena de injusticias en todo el país que la gran prensa ignora mientras ofrece amplia cobertura a unos pocos jerarcas a los que reclaman no les violen sus derechos constitucionales.
Tenemos también el caso del derrumbe de una pared en un barrio humilde donde murieron tres miembros de una familia: madre, hija y nieta.
Tanto el presidente de la junta de vecinos del sector (Villa Carmen, conocido también como La Paja), así como el esposo, padre y abuelo de las personas fallecidas, denunciaron que en varias ocasiones trataron de impedir la construcción de la pared.
Aquello fue una monstruosidad ilegal y criminal construida en base a la prepotencia donde la justicia no ha hecho asomo.
Ni hablar del caso de un chofer y un mecánico acribillados “por error” por parte de la policía. El hecho ocurrido en diciembre del 2016 ya tiene el sello de impunidad.
Asimismo está en un limbo judicial el caso de una infeliz madre rociada con ácido del diablo en el 2014, cuyo actor intelectual sigue “prófugo”. Así existen otros muchos casos con un denominador común: la pobreza de las víctimas, algunos en extremo.
La vara de la justicia nunca es igual en casos de pobres y ricos, salvo raras excepciones cuando el escándalo trasciende de tal manera que es imposible ignorarlo. En ocasiones ni así.
Aún cuando la justicia está representada por una imagen con los ojos vendados, existe la certeza de que dicho velo se torna transparente para desfavorecer a los desamparados y complacer a los “bondadosos” corruptos y crimínales ligados a estructuras de poder.
La balanza, otro símbolo de la ley, no funciona con equidad lo que genera la desconfianza existente, impotencia generalizada e indignación colectiva.
Por último, la espada que sostiene la imagen de la justicia suele golpear con fuerza a los indefensos y carentes de fortuna mientras corta las ataduras de los mayores delincuentes, los que se apropian de inmensos recursos pertenecientes al Estado con los que debería socorrerse a la población más necesitada.
Cuando la justicia no es justa se crea un caldo de cultivo para la rebelión popular, la cual subyace en la mayoría de los reclamos. De ahí que en ocasiones una demanda se extienda sin aparentes motivos, generando grandes crisis.
Así como ocurre con la educación, en el caso de la justicia no es solo cuestión de presupuesto, se requiere dedicación e integridad para modificar los resultados.
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