El Ministerio Público insistió hoy en la necesidad de que se le imponga prisión preventiva a los imputados de pertenecer a la red de trata de personas y prostitución sexual desmantelada el cuatro de agosto mediante la denominada “Operación Cattleya”.
Por razones de espacio, el juez Pablo Imbert Rosario habilitó el salón del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra el grupo.
La audiencia estaba fijada para las 9:00 de la mañana del día de hoy, pero fue dejada para último, dada la cantidad de imputados que conforman el expediente.
El Ministerio Público solicita, además, que el caso Cattleya sea declarado complejo, con la finalidad de tener tiempo de profundizar en la investigación.
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Con ésta será la tercera audiencia que el juez Imbert Rosario conocerá a los imputados de pertenecer a la citada red.
La audiencia ha sido reenviada en dos ocasiones, debido a que los abogados de los implicados en el caso alegaron que no se les entregó las copias físicas de los expedientes y las pruebas.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los integrantes de la presunta red se dedicaban a traficar con mujeres colombianas y venezolanas para prostituirlas en contra de su voluntad, en República Dominicana.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicita la imposición de prisión preventiva contra cada uno de los imputados.
El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie y Oliver Arnaud Lewinski, entre otros.
