Finalmente el Gobierno y el sector de la oposición reunido en la Plataforma Unitaria -y apoyado por Estados Unidos- llegaron a un acuerdo de contenido social, que nos beneficiará a todas y todos. Tardaron demasiado. Ya el país se ha deteriorado mucho, en múltiples facetas: sanidad, infraestructura, servicios básicos, producción económica… y, por supuesto, igualmente en educación. No es posible recoger el agua derramada, pero podemos trabajar para salir del foso donde estamos metidos. Desde luego, ese convenir logrado es apenas un primer paso, resulta necesario seguir avanzando en el camino del diálogo y las mutuas concesiones, con el propósito de alcanzar el desarrollo estable de nuestra economía y la actuación de todas las fuerzas políticas en paz y democracia, bajo la guía de la Constitución.
El acuerdo firmado en México el pasado 26 de noviembre implica la recuperación de recursos nacionales represados debido a las “sanciones”. Así como su uso, coordinado con apoyo de las Naciones Unidas, para cuestiones prioritarias como hospitales, medicinas, energía eléctrica y, afortunadamente, también locales educativos públicos. Se requiere con urgencia recuperar todos los planteles y, más allá, construir otros donde haga falta. Así mismo, necesitamos poner a punto toda la infraestructura de las instituciones universitarias. Es clave acoger a niñas y niños en escuelas dignas, cómodas, de aulas adecuadas, baños funcionales y jardines gratos. Y no podemos descuidar la formación de tercer y cuarto nivel ni la investigación científica, tecnológica y humanística: aulas, laboratorios, talleres… Sin escuelas y universidades funcionando bien, no tenemos futuro. Suena a cliché pero hoy es más cierto que nunca.
En una situación de medidas coercitivas externas como la que vivimos es comprensible que el Gobierno no publique datos específicos sobre algunos asuntos. Como, por ejemplo, ventas de petróleo. Pero la información sobre infraestructura educativa no cae en ese grupo. Tenemos derecho como ciudadanas y ciudadanos a saber cuántos planteles están requiriendo reparación y de qué magnitud. También tenemos derecho a saber cuánto dinero del liberado se va a invertir en esta área. Y a ir recibiendo información sobre lo que se vaya haciendo. “La soberanía reside en el pueblo” (Art. 5, CRBV).
