Entrar a la sede de Cecodap es como llegar a una de esas aulas de clases con afiches y carteleras que recuerdan las fechas patrias, el día del árbol, de la alimentación, del maestro. Precisamente la organización nace en 1.984 como lo desglosa sus siglas: Centro Comunitario de Aprendizaje. Lo que en los años 80 fue un trabajo de los entonces estudiantes universitarios Oscar Misle y Fernando Pereira, exigido por la universidad para obtener el título de educadores, hoy día es un proyecto destinado a la defensa de los derechos de los menores, tal como lo dicen sus reglamentos.
Mientras esperamos que el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, nos reciba, aprovechamos para mirar los tantos afiches que recuerdan los eventos o campañas en pro de los niños. También hay volantes para llevar, como ese de las “Pautas de Salud Mental’’ que recomienda ‘’no aislarnos, realizar alguna práctica deportiva, conectarnos con la espiritualidad, no sobreexponernos a las noticias y tratar de mantener nuestra rutina tanto como sea posible’’.
Ya en su despacho, Trapani recordó que cuando niño acompañaba a su papá a esa sede de Últimas Noticias que quedaba frente al Panteón Nacional. ‘’Iba a poner avisos ofreciendo empleo en su sastrería’’, evocó.
De su celular, Trapani entresaca una foto de la primera sede de Cecodap allá en el barrio El Ciprés, Macarao, entre Ruíz Pineda y Las Adjuntas. Era una casita de bloques construida al borde de una de esas escaleras que abundan en las barriadas caraqueñas. ‘’Se trabajaba con madres y niños’’, dijo Trapani, abogado y especialista en derechos del niño.
—El fiscal general propone modificar leyes y la Carta Magna para aumentar penas a quienes incurran en delitos atroces, como los cometidos contra los niños.
—El fiscal habla de juzgar al adolescente como adulto e incrementarle las penas. Pero fíjate, en el año 2015 se aumentaron las penas de 6 a 10 años. Es decir, a un menor no se le podía sancionar con más de 10 años. Aumentar las penas no es la solución; la seguridad ciudadana no se garantiza con más penas. Con esa reforma a la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en 2015 elevaste la edad de la imputabilidad, ya no es a partir de los 12 años sino de los 14 años que se puede imputar a un menor.
—¿Imputar a un menor a partir de los 14 años resultó positivo para frenar al delincuente juvenil?
—Eso es un estándar. Está bien. Pero no basta hacerlo de forma nominal en la ley si no va acompañado de programas y servicios, porque, cómo atiendes a los de 12 y 13 años infractores de la ley. Fíjate que, recién hecha esa reforma, hubo el asesinato de un militar aquí en Sabana Grande, Caracas, por parte de la banda de Los Cachorros. Entonces, tenías adolescentes de 12 y 13 años que participaron en ese hecho.
—¿Qué hicieron con esos menores?
—No los podías juzgar como adultos. Los mandaron al Consejo de Protección. ¿Pero ese consejo estaba preparado en términos de programas para atender a esos menores?, pregunto. ¿Qué pasa cuando el adolescente cumpla la mayoría de edad?, lo vas a mandar para Puente Ayala, El Dorado. Él (fiscal general) tiene que explicar eso.
—Usted decía que el aumento de las penas no es la solución.
—Hay como una fantasía de que el aumento de las penas es un desestimulo para cometer delitos. Hay historias en América Latina que te refleja lo contrario. El homicidio tiene una pena aproximada de 30 años en Venezuela. ¿Y por eso hay menos homicidas?, no.
—¿Qué pasa allí entonces?
—El delito se alimenta de la impunidad. Mientras haya más impunidad, hay más violencia. Tú no tienes base científica que te diga que el aumento de las penas lleva al desestimulo de la comisión de delitos. Hay una impunidad.
—¿Origen de esa impunidad?
—Tienes unas causas estructurales que te estimulan la violencia vinculadas a la pobreza, la desigualdad, a la falta de estructura familiar y la debilidad del sistema escolar. Tú puedes meter penas de 80 años y vas a ver que a lo largo de unos meses la violencia seguirá.
—¿Cecodap tiene investigaciones al respecto? La relación entre pobreza y delincuencia, por ejemplo.
—Hicimos una investigación sobre las causas de reclutamiento de la banda del Koki, en La Vega, El Cementerio y la Cota 905. Ellos utilizaban a menores en 4 escenarios. Están los mandaderos, que son niños de 10 años a quienes mandaban a comprar cosas o llevarlas. Ser mandadero no te hace parte de la banda, pero había los primeros coqueteos.
—¿Qué otras formas de participación de menores encontraron?
—Otra forma de participación eran los gariteros, vigilante, celador. Si alguien de la comunidad se comía la luz, era delatado por estos gariteros y la banda tomaba cartas en el asunto.
—¿Y en la venta de drogas empleaban a menores de edad?
—Esa era otra forma de participación. Las drogas era la forma de financiamiento de la actividad de la banda. Y la cuarta forma de participación era el ser malandro. Eso tenía ciertas condiciones de obediencia, disciplina, subordinación y se te aumentaba el riesgo de violencia letal.
—¿Ese proceso de captación de menores se repetía igualmente en La Vega y El Cementerio?
—En La Vega y El Cementerio había un proceso más intencional de captación. Había varios métodos, uno de ellos era el pastoreo de vacas en las partes altas de La Vega. Buscaban al adolescente que estaba desescolarizado para ofrecerles ese trabajo. Pero también le ofrecían ser cambistas. Por ejemplo, la gente rechazaba los frijoles chinos del Clap, entonces ellos buscaban a adolescentes para que hicieran ese trabajo de intercambiar ese producto en el barrio.
—¿Qué sentido tenía para esa organización criminal ese trabajo de cambista?
—Ese cambista hacía era un trabajo de inteligencia, para tener más control.
—¿Se ha recuperado la paz, el tejido social en la Cota 905?
—La investigación arrojó, como una fortaleza, que no es una comunidad condenada a la violencia. Entonces allí la recomendación es aprovechar la capacidad instalada de la comunidad. Crear la figura de la defensoría, que eso permita generar espacios de protección para los niños. Porque la Cota es una comunidad con potencialidades, pero requiere condiciones y oportunidades para que ese potencial aflore.
—Observamos la difusión de videos donde aparecen niños siendo maltratados, abusados por gente cercana. ¿Qué análisis hacen en Cecodap?
—Lo que pasa es que antes no había redes sociales. Las redes sociales son una gran caja de resonancia donde los casos son más visibles. Los casos que pueden llegar a redes sociales. Porque hay una gran cantidad de casos que no se hacen públicos. Cuando el caso está en redes sociales y es de tal nivel de severidad, causa conmoción. Y la gente se solidariza de forma automática. Eso es lo que ha pasado en el acoso y ahorita en la violencia sexual.
—Hay algunos videos que algunos influencer los lanzan sin contextualizar y presentándolos como si eso sucedió hace poquito. Esta el caso donde se observa a cuatro mujeres encima de un niño, el cual data de más de 2 años, según investigación.
—Por supuesto. Twitter no puede ser una plataforma para denunciar, porque se ha convertido en una tribuna popular, donde las personas emiten juicio.
—Vimos también muchos videos sobre casos de peleas entre liceístas.
—El fiscal general publicó muchos de esos videos. Uno de ellos fue el de un estudiante en el suelo y el otro que le da una patada. Ocurrió en un colegio del estado Bolívar. El fiscal dice que es acoso, pero realmente hay que ver si eso es así. Pero cuando tú publicas el video, corres el riesgo de sacarlo de contexto y así puedes llevar a que la gente emita juicios que van a coartar la realidad.
—¿Cómo evalúa el papel del fiscal?
—Cuando tu lees los tuits del fiscal general y te vas a los comentarios de la gente, son incluso más violentos que el propio comportamiento que estás denunciando. El fiscal es parte de buena fe en un proceso penal y en ese sentido tienes que buscar también los elementos que inculpen al procesado. Él utiliza calificativos como aberrado. Si la investigación determina una responsabilidad, allí si puedes emitir un juicio, pero no antes. ¿Y si resultan inocentes?, ¿habrá algún tuit que diga ‘nos equivocamos’? Él tiene que ser garante de la legalidad. Ah, lo que puede es causar conmoción pública y él dice cosas que la gente quiere escuchar: mano dura. Y haces una simbiosis perversa porque confundimos la justicia con venganza.
—El fiscal ha emitido juicio en esos casos dantescos, pero omitió dar su opinión sobre el caso de William James Vahey, acusado por el FBI de cometer abuso contra 30 estudiantes de la Escuela Campo Alegre, Caracas. Se lo preguntamos el 2 de septiembre pasado durante el programa A Pulso, que transmite VTV.
—Ese caso tiene tiempo. Cuando ocurre un hecho violento hay cuatro cosas que se deben garantizar: la restitución de la situación jurídica anterior; la rehabilitación, que es el acompañamiento psico-social, afectivo a la víctima y núcleo cercano; la garantía de satisfacción y no repetición, así como la indemnización, el precio del dolor, los gastos en que incurrió, por ejemplo.
—Esa denuncia de abuso sexual la recibieron los tribunales de Lopnna de Caracas y la víctima no obtuvo justicia. Ahora está en la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en espera que convoque la audiencia.
—¿Qué es lo importante en ese caso?, que el TSJ fije una posición: que le otorgue o que lo niegue, pero que diga algo. No puede estar tantos años una situación de indefinición.
—¿Cecodap nace para defender los derechos del niño?
—En términos de evolución, cuando en el año 1989 Venezuela ratifica la Convención de los Derechos del Niño, Cecodap asume el enfoque de derechos del niño como un eje transversal de la organización hasta el día de hoy. Y si vamos a nuestra misión, lo enfocamos en construir un movimiento social, es decir que Cecodap no solo sea la casa, sino cualquier persona que asume la promoción y defensa de los derechos del niño como un estilo de vida.
—¿Y cómo desarrollan ese trabajo?
—Siempre hacemos monitoreos a los derechos de los niños. El primer monitoreo fue en el año 1990. Cuando la Lopnna entra en vigencia en el año 2000, empezamos todo ese proceso de formación, adecuación. Y es allí cuando Cecodap funda la primera defensoría del niño para ayudar en los procesos de conciliación y formación. Ese es el modelo que posteriormente se replica a escala nacional.
—Ustedes han interpuesto demandas judiciales por los derechos colectivos y difusos.
—Sí. Hubo la primera acción judicial para proteger a niños con VIH. Solicitábamos acceso a tratamiento para ellos. Los casos llegaron por la asociación civil Acción Solidaria contra el Sida.
—¿Cómo respondió la justicia?
—Lo atendieron los tribunales contenciosos administrativos, porque la Lopnna aún no estaba en vigencia. El tribunal ordenó garantizar el acceso al tratamiento. Todo un avance judicial para garantizar tratamiento a los pacientes. Después de ese caso, vino el de cardiopatías congénitas que fue la primera acción judicial de ese tipo.
—¿Qué motivo esa acción?
—Había lista de espera en el hospital de niños J.M. de Los Ríos; cobraban las bandejas quirúrgicas, no había equipo de hemodinamia. La acción judicial se declaró con lugar y se constituye una mesa de diálogo con la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Mayor y Cecodap. De allí salió el Hospital Cardiológico Infantil. Eso es como un logro de esa mesa.
—¿Ustedes creen en la vía judicial?
—Es un paso. No es la panacea, no es la solución definitiva; tú puedes tener la sentencia, pero no necesariamente reivindicas un derecho.
—¿Por qué?
—Porque cuando son derechos de prestación, vinculados a salud, por ejemplo, requieres de políticas públicas, de inversión. Es decir, que el Estado tome acciones que den efectividad a lo que te dice una sentencia. Lo que sí consideramos interesante, como consecuencia de esas acciones, es, primero, la del derecho, del reconocimiento de los derechos del niño y el tema de la memoria social, que eso no se olvide y que no se repita. Esa es la esencia.
—¿Cuál es la principal recomendación que ustedes dan a los padres separados y cuyos hijos quedan en el medio de ese conflicto?
—Los casos más recurrentes, si tuviésemos que hacer un paralelismo entre la experiencia de la Defensoría del año 2002, 2003 a hoy, es el contexto de violencia. Claro, ahora la violencia ha mutado, la violencia ahora es más frecuente y más violenta en sí misma.
—¿Violencia entre los padres?
—Claro, o violencia contra el niño: todo lo que es la violencia sexual, violencia escolar. El acoso escolar no es nuevo, nosotros tenemos más de 20 años hablando de eso, del famoso chalequeo.
—¿Acoso escolar, chalequeo?
—Nosotros tratamos de distinguir el chalequeo del acoso escolar. El chalequeo es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, el bromear, el ser jocoso, el ser cordial. Una cosa es reírme con los demás y otra cosa es reírme a costa de los demás. Si ese chalequeo causa daño, hay que parar.
—Volvamos al punto de los niños que quedan atrapados en medio del conflicto de sus padres separados.
—Primero, entender que en el centro de los conflictos el punto de encuentro tiene que ser los niños. Con nuestras decisiones (padres, autoridades) tenemos que llegar a acuerdos garantizando los derechos y condiciones de bienestar de los niños. Fuimos muy buenos en el desarrollo legislativo, allí está la Lopnna, pero somos muy malos en su implementación. Allí entramos todos, Estado, sociedad, familia, instituciones.
—En la actualidad observamos una difusión de casos de violencia contra menores. ¿La Lopnna ha servido para contener esa situación?
—El problema no es la ley. La Lopnna te reconoce el derecho a la integridad, te establece un conjunto de delitos, procedimientos, rutas de atención, programas y servicios. El problema es otro.
Al detal
- ”Hay que superar que los derechos del niño son buenos deseos, o una lista de buenas intenciones. Y si tú tienes un derecho y no tienes mecanismos para exigirlo, no es un derecho como tal’’.
- “En definitiva qué es la Lopnna: un mapa, una hoja de ruta para que los niños alcancen el máximo de su potencialidad. Lo dice el artículo 1. En la medida en que el niño está educado, en familia, con identidad, puede jugar, puede descansar, puede participar, le estamos generando condiciones para que ese niño desarrolle habilidades sociales indispensables en la vida de adulto’’.
- “La Lopnna tuvo un primer golpe en el año 2007 donde el sistema administrativo se modifica y se centraliza, al eliminar los consejos estadales de derecho. No solo eliminaste el espacio formal, eliminaste los programas, la inversión, redujiste los espacios de participación’. Fue nefasta esa reforma del 2007. Y se advirtió, pero no se tomaron en cuenta tales observaciones’’.
- “La Ley es un enunciado teórico que se debe traducir en acciones. Por ejemplo, las alcaldías tienen que asumir su rol protagónico de crear programas y servicios’’.
