Al presentar el balance del primer mes de la tregua, el ministro Prada indicó que se han reducido los ataques, afectaciones, asesinatos, y heridos de las Fuerzas Armadas y civiles
El cese al fuego vigente en Colombia ha reducido la muerte de civiles en los territorios más afectados por la violencia y con presencia de grupos armados, aseveró este lunes el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Al presentar el balance del primer mes de la tregua pactada, con al menos cuatro grupos armados entre los que se encuentran la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Padra detalló que «se han reducido en forma sustancial los ataques, las afectaciones, asesinatos, los homicidios y los heridos de las Fuerzas Armadas y civiles», reportó Telesur.
«Una primera cifra nos muestra que para el mismo periodo de los 30 primeros días del 2022, hubo tres muertos y 40 heridos. Para este periodo esa cifra es de 12 afectaciones, tres militares muertos y nueve personas heridas», explicó el ministro Prada.
Números a la baja
El balance presentado por el ministro del Interior colombiano, muestra que en los primeros 30 días del cese al fuego se presentó una disminución en la cifra de homicidios en los departamentos de Antioquia, con un 12 %; Arauca con 66.1 %; 51.6 % en Córdoba, y en la Guajira, 16.7 %.
También se registró una reducción en la cifra de asesinatos en las entidades de Magdalena, Cauca, Norte de Santander y Nariño.
En cuanto a las masacres, el ministro Alfonso Prada afirmó que este tipo de hecho se redujo en un 50 % en todo el país en los primeros 30 días del año.
Cese al fuego en Colombia
Como se recordará, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 31 de diciembre pasado a través de las redes sociales un cese al fuego con cinco grupos armados, del cual se retiró días más tarde el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo a lo anunciado por el mandatario colombiano tras la salida del ELN, la tregua estará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio con el objetivo de «suspender la afectación humanitaria de la población en general» y «suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública» y los grupos armados.
Además se estableció un sistema de veeduría y monitoreo mediante el Gobierno, los grupos armados, organizaciones sociales e Iglesia, al que se podía sumar la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).
