El Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro reiteró este lunes 30 de enero que los menores reclutados y utilizados por la extinta insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) durante el conflicto armado de más de medio siglo, fueron «víctimas de un crimen de guerra».
La declaración cumple con un fallo de la transicional Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) y el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa, destacó como «niños y niñas reclutados y usados en el conflicto interno por la guerrilla de las FARC-EP fueron víctimas de un crimen de guerra», en franca referencia no sólo a la actuación criminal de los insurgentes, sino por la manera en la que las Fuerzas Armadas de Colombia abordaban la longeva guerra de baja intensidad a la que continúa sometida la nación suramericana.
Y es que durante los gobierno previos al de Petro, especialmente en el de su antecesor, Iván Duque, el ejército bombardeaba campamentos de insurgentes sin medir la posibilidad de que en ellos hubiera niños, niñas y adolescentes reclutados, voluntaria o forzosamente, siendo que éstos no deberían recibir tratamiento de combatientes.
Vale destacar que Petro, a menos de un mes de haber asumido la presidencia en agosto de 2022, ordenó el cese de las operaciones que impliquen el bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a campamentos de grupos irregulares donde hubiera certeza o indicios de la presencia de niños, niñas o adolescentes, práctica que emprendió la administración Duque, dejando un saldo fatal de decenas de jóvenes e infantes colombianos.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, Duque ordenó un bombardeo en Caquetá que dejó 18 niños asesinados por la acción militar, tal como lo denunció el propio Petro antes de ser electo como mandatario.
18 niños muertos por el deseo de Duque de reponder militarmente y de inmediato a Márquez y Santrich
Bombardeados, descuartizados, perseguidos por perros los sobrevivientes en la selva húmeda, acorralados y fusilados.
18 niños y niñas
Un crimen de guerra, un responsable: Duque
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 12, 2019
Luego, en noviembre de 2021, al menos al menos 22 menores de edad murieron en bombardeos ordenados por Duque a través de su Ministerio de Defensa, como lo denunció el senador colombiano Iván Cepeda.
En esa oportunidad, el legislador por el Polo Democrático ya señalaba que la práctica de realizar ataques aéreos en lugares donde se conoce que hay presencia de menores de edad es un acto que se puede calificar como un crimen de guerra. Cepeda condenó entonces que el ministerio de la Defensa colombiano sabía que en Chocó, Caquetá y Guainía habían menores y sin embargo decidieron bombardear.
Durante el gobierno Duque, hemos registrado que en por lo menos 7 de 21 bombardeos realizados por las FFMM, han muerto 22 menores de 18 años.
En la mayoría de los casos, los bombardeos ocurrieron de noche, mientras los niños y niñas dormían y no representaban ningún peligro.
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 23, 2021
Más de 18 mil menores reclutados
Según las cifras del Caso 07 de la JEP, por lo menos 18.677 menores fueron utilizados por las FARC-EP para el conflicto armado, y en un fallo en este mismo caso, la Sección de Apelación de la JEP ordenó el pasado diciembre al Gobierno nacional reconocer como víctimas a los menores reclutados por la exguerrilla durante el conflicto, recoge EFE.
Durante la comparecencia a la prensa del ministro Velásquez el lunes pasado, el funcionario del Gobierno de Petro señaló como la jurisprudencia constitucional determinó que los niños, niñas y adolescentes «deben ser reconocidos como víctimas», más allá de que su participació0n en el conflicto haya sido voluntaria o forzada.
La JEP, matizó Velázquez, determinó que «la mayoría de los niños son reclutados de manera forzada» pero «algunos ingresan bajo la apariencia de reclutamiento voluntario», Sin embargo, el titular de Defensa declaró que el calificativo «voluntario» no se corresponde con la realidad que lleva a los menores a tomar esta decisión.
Revisión de la doctrina militar para no matar niños
Velásquez anunció este lunes la expedición de una orden por la cual se dispone la «revisión y actualización de la doctrina militar y policial» y la capacitación de otros funcionarios «con énfasis en los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario».
La nueva directiva también contempla «acciones pedagógicas y comunicativas» para coadyuvar al reconocimiento de la calidad de víctimas de los «menores reclutados o utilizados» por las insurgencias o grupos delictivos en el conflicto, y dijo que se tomarán en cuenta recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo colombiana en relación a este fenómeno.
El ministro aseguró que «la fuerza pública tiene la orden» contemplar «todas las medidas de precaución» referentes a las «retaliaciones» de grupos armados ilegales contra los niños, niñas y adolescentes, así como contras familias y las comunidad de donde proceden, esto en referencia a las órdenes de la JEP para incorporar acciones que contribuyan a «eliminar los discursos justificativos» con los que se promovían, por ejemplo, bombardeos indiscriminados y otras acciones militares que terminaban en la matanza de jóvenes e infantes señalados como combatientes, y que en las operaciones militares se respeten los principios de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad.
