La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó este lunes al Estado colombiano por su responsabilidad en el asesinato sistemático, por más de 20 años, de unos 6.000 integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP); que a mediados de la década de 1980 aglutinó a las izquierda e insurgencias a raíz de una tregua y diálogos de paz con el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt (1982-1986).
La Cidh ordenó a Colombia, como reparación, establecer y poner en funcionamiento una Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de varias de las víctimas del caso listadas en la misma sentencia.
Petro acata a diferencia de Santos: «Un Estado asesino no debe retornar más»
Frente al fallo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien formó parte del Movimiento 19 de abril (M-19); una de las insurgencias que formó parte de la UP tras la desmovilización en 1986, aseguró que su Gobierno «apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad».
“Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. La justicia internacional se creó cuando los estados no son capaces de juzgar los peores delitos: los crímenes contra la humanidad”. dijo Petro en Twitter tras darse a conocer la sentencia.
Hoy un tribunal de justicia de caracter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda.
Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2023
Vale destacar que en 2018, la Corte dictaminó, tras un largo proceso, la reparación integral víctimas del genocidio contra la UP, pero el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se negó a cumplir recomendaciones.
Otro asunto relevante es que el M-19; al que perteneció Petro, fue liderado por Carlos Pizarro Leongómez, quien encabezó la Alianza Democrática M-19; partido político surgido de la desmovilización del M-19 al salir de la clandestinidad, cuyos miembros fueron víctimas también del exterminio de la derecha colombiana que aprovechó la tregua para identificar a los izquierdistas y, prácticamente, cazarlos por años.
Pizarro fue asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial y tenían grandes opciones de llegar a la Casa de Nariño a través de los votos populares.
Historia de la sentencia
La sentencia denominada “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”, se dio a conocer desde Costa Rica por el presidente de la Cidh, Ricardo Pérez Manrique, quien leyó la decisión.
«La Corte calificó estos hechos como un exterminio y encontró que el Estado era responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida (vulnerando el artículo 4 de la Convención Americana), las desapariciones forzadas (vulnerando los artículos 3, 4, 5, y 7 de la Convención Americana), torturas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio», dice la decisión.
Destaca el fallo que quienes ostentaban el poder político en Colombia y perpetraron por el exterminio de la UP son «responsable por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en perjuicio de más de 6 mil integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”.
Durante la lectura de la sentencia estuvo presente en Costa Rica la organización no gubernamental (ONG) Corporación Reiniciar; dedicada a la defensa de Derechos Humanos y La Paz en Colombia. Con Status Consultivo ante la ONU, que ha dado seguimiento desde 1993 a la causa emprendida para buscar justicia y reparación a las víctimas del genocidio.
“30 años hemos caminado al lado de las víctimas, 30 años de resistencia. Iniciamos este camino en 1993, aquí seguimos fuertes para exigir el cumplimiento a la sentencia”, indicó la ONG en Twitter, y presentó un hilo describiendo los hitos de la lucha por la justicia.
En una extensa seguidilla de mensajes señalaron cómo, a causa de la inacción del Estado colombiano y el estado de indefensión de las víctimas del genocidio contra la UP, el caso fue presentado en 1993 ante la Cidh por la Corporación Reiniciar; dirigida entonces por Jahel Quiroga, defensora colombiana de DDHH y actualmente senadora por el Pacto Histórico, que es la coalición con la que Petro llegó al poder en un inédito Gobierno ajeno a las élites económicas y políticas colombianas.
La demanda de hace 30 años fue presentada con un listado inicial de 1.163 asesinatos, 123 desapariciones forzadas y 43 atentados perpetrados contra miembros y dirigentes de la UP, y luego, en marzo 1997, la Cidh admitió el caso; reconociendo así que se urdió un plan y se giraron instrucciones para una persecución política contra la UP con el objetivo de exterminar el grupo.
Luego, en 1999, el entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, aceptó la invitación de Cidh para explorar la viabilidad de una solución amistosa y se constituyó la Comisión Mixta con delegados del Estado de Colombia y representantes de las víctimas, proceso que este lunes dio sus primeros frutos concretos al encontrar al Estado culpable.
Luego, el 24 de marzo de 2000 la ONG que formuló la denuncia; Corporación Reiniciar, y el Gobierno colombiano de Pastrana suscribieron un acuerdo que inició formal a la etapa de búsqueda de una solución amistosa y el 21 de agosto de ese mismo año entró en vigencia en Colombia la llamada Ley 589, en la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; base de la demanda.
Ya en octubre de 2005 se conformó la coordinación nacional de sobrevivientes y familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, en 2006 inició la documentación de casos y acopio de poderes de sobrevivientes y familiares de la Unión Patriótica que demandaban al Gobierno colombiano y un año después, en 2007, inició la etapa del litigio ante la Comisión Interamericana DDHH; se celebraron las audiencias y se presentaron escritos y testimonios orales.
En octubre de 2011 entró en vigencia, en Colombia, la Ley 1.448 que «regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas», así como la reparación integral de quienes sufrieron el genocidio de la derecha colombiana.
Ya, el 15 Septiembre 2016, estando avanzados los diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con la entonces Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, (Farc EP), hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad en el exterminio de la UP, por el entonces mandatario.
Vale recordar que la extensión EP, iniciales de «Ejercito del Pueblo» se agregaron a las Farc luego de la tregua que fue violenta por los gobiernos de derecha a través de la violencia sistemática y por los grupos paramilitares que azotaron la totalidad del territorio colombbiano.
El 6 de diciembre de 2017, la Cidh aprobó el informe de fondo no.170- Caso 11.227, en el que declaran la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el exterminio de la UP, lo que dio paso, entre febrero y noviembre de 2018, a los mecanismos del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de la Corte, para que luego, entre el 8 y 15 de mayo de ese mismo año la Cidh presentara el informe de fondo a las partes (Estado Colombiano y representante de las víctimas). En el llamado caso 11.227, que emitió la recomendación de reparar a las víctimas, misma a la que Santos se negó.
Genocidio para frenar a la izquierda
Es importante destacar que la Unión Patriótica aglutinó a actores políticos progresistas colombianos y las insurgencias y fue con esa tolda que se alcanzaron los primeros escaños en el Congreso colombiano, así como otros cargos de elección popular que permitirían revertir la relación de poder que imperaba en el país desde la colonia.
El avance de esa tolda en materia electoral fue detenido por los terratenientes, políticos y militares colombianos mediante la política sistemática de genocidio que cobró la vida de unas seis mil personas, a favor de quienes la Cidh este lunes falló.
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