El Delegado de la Defensoría del Pueblo en Anzoátegui y ex Secretario General de Gobierno de esa entidad, Rafael Vega, denunció este miércoles ante la Dirección General de los Derechos Humanos del Ministerio Publico, en Caracas, al ex alcalde de Guanta, Jonathan Marín, de amenazarlo de muerte al igual que a su hermana Dalia Vega, Directora del Despacho del Fiscal General de la República, Tarek William Saab y, a dos líderes sindicales de esa región regional.
Cabe destacar que Jonathan Marín fue condenado por una corte federal en Estados Unidos a 27 meses de cárcel tras haber huido del país para evitar ser procesado por corrupción y lavado de dinero en Venezuela.
Según refiere una nota de prensa remitida por el despacho del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de un trabajo de inteligencia se logró la extracción del contenido de algunas conversaciones sostenidas por uno de los sicarios, identificado como Edgar Guzmán, a quien Marín «le da precisas órdenes de contratar por la cantidad de 50.000$ a unos gatilleros colombianos a fin de ejecutar dichos atentados, con el objetivo de dañar directamente al Fiscal General Saab”.
En uno de los captures de los chats, el sicario Edgar Guzmán confiesa que tras recibir la orden de Jonatan Marin de ejecutar dichos asesinatos, un posible atentado contra el Fiscal general de la República, sería algo de más impacto y por ende más costoso e incluso hace referencia al caso del fiscal Danilo Anderson.
«Lo que tememos es que pedirle (A Marín) la logística completa para sacar a Juan y a catire ( Vega) porque darle un coñazo a Tarek va a ser más difícil: Es un Fiscal y tirarnos una vuelta grande como se la tiraron a Danilo (refiriéndose al ex fiscal Anderson) va a costar mínimo un millón de dólares y va a ser escándalo nacional” , a lo que el colaborador le contesta “nacional nada más no, van a salir los culpables hasta para afuera”, reza el mensaje.
La Dirección General de Derechos Humanos comisionó a dos fiscales nacionales a fin de adelantar las investigaciones respectivas con el fin de librar las respectivas órdenes de aprehensión a que haya lugar.
El juez federal de Florida, Robert Scola condenó a Marín a 27 meses de prisión tras aceptar una moción propuesta por la fiscalía para que redujera su pena por haber “asistido de manera sustancial” al gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción.
La condena máxima que enfrentaba Marín era de unos cinco años de prisión.
Marín al aceptar las acusaciones de asociación ilícita para cometer lavado de dinero. Marín huyó en 2017 para no enfrentar los cargos de corrupción en Venezuela
