Ningún país es invulnerable a la corrupción. Durante décadas el soborno se consideró un delito en el ámbito interno de un país donde era factible el castigo; sin embargo, en un mundo globalizado y con un desarrollo de la delincuencia organizada, prácticamente no se penalizaba el soborno transnacional, cuyo tipo objetivo es ofrecer dinero o cualquier beneficio a un funcionario de otro país para que realice u omita un acto de sus funciones.
Cuenta Fabián Caparrós, de la Universidad de Salamanca, que a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado se produjo una serie de escándalos por la corrupción de personas o empresas en la adjudicación de contratos por parte de gobiernos extranjeros, destacándose el caso conocido de la compañía “Lockheed” de EEUU y el pago de sobornos realizados por dicha empresa a políticos, funcionarios y personas extranjeras con decisión en la contratación pública. El soborno de “Lockheed” comprometió a políticos japoneses y de otros países como Italia, España y Holanda entre los años 1972 y 1976. Se sabía que no existía en EEUU una ley que castigara el soborno de funcionarios extranjeros. En diciembre de 1977 se aprobó la Foreign Corrupt Practices Act o Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero; no obstante, continuaron este tipo de sobornos. Valga mencionar, entre los más destacados en lo que va de siglo, con mucha intensidad en los años 2016 y 2017, los escándalos de la empresa brasileña “Odebrech”, que en América Latina sobornó a políticos y funcionarios extranjeros, candidatos presidenciales y partidos políticos.
Desde hace tiempo existen empresas que corrompen a funcionarios extranjeros, y se dice que se creó un precedente de “Estado permisor” que sirvió a los sobornos de funcionarios de otro país, situación que no era mal vista ni reprochable, como tampoco ocultaban en los libros de contabilidad los pagos o “comisiones” fingidos bajo gestión de negocio o gastos comerciales que no eran otra cosa que expresiones de un soborno en cada caso concreto.
Hoy, la lucha contra el soborno transnacional fortalece las instituciones democráticas y evita distorsiones de la economía, al igual que se dictan leyes internas y se hacen más efectivas las convenciones contra la corrupción y contra la delincuencia organizada. Pero, aun así, no deja de existir esa dinámica perversa del soborno, como una maldad social que corre de un Estado a otro.
