Fiscalía peruana dice que investigará abuso policial en la universidad

La Fiscalía General de Perú, dirigida por Patricia Benavides; parte fundamental de la persecución judicial contra Pedro Castillo mientras estuvo en la presidencia de ese país, informó que abre una investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional de Perú (PNP) por el desalojo y las detenciones en la Universidad San Marcos en Lima el 21 de enero.

Los delitos imputados a los efectivos durante el procedimiento tildado de irregular por abogados, congresistas y defensores de derechos humanos que lo presenciaron, son abuso de autoridad y omisión de actos funcionales, esto cuando agentes policiales irrumpieron en el campus de la mencionada casa de estudios y embistieron la puerta con una tanqueta blindada y realizaron un arresto masivo, sin permitir la entrada a abogados ni legisladores que pedían ser garantes del respeto a los derechos humanos.

Trascendió que la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima también investigará la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, de 55 años, fallecido el sábado 28 de enero cuando, como se puede ver en un video de una cámara de seguridad, fue ultimado por un policía que le disparó una bomba lacrimógena a quemarropa, la cual impactó en su cabeza, lo que le causó la muerte horas después en el hospital Grau, en Lima.

Vale recordar que durante el arresto masivo la PNP reportó la detención de 193 personas en la Universidad de San Marcos, aunque el número de detenidos fue superior, e incluyó a ancianos, mujeres embarazadas e incluso una niña de ocho años junto a su madre.

Entre las violaciones que se denuncian, destaca la de Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú Cnddhh reportó que los policías detuvieron a una mujer embarazada, a una madre con su niña de 8 años y ancianos mayores de 80, así como a varias ciudadanas a quienes obligaron a desnudarse con la excusa de revisarlas.

También señaló Dador, vocera de la red que aglutina, hace más de 35 años, 78 organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos en Perú, explicó que ni los ancianos ni la menor habían siquiera podido tomar agua durante horas.

Entre policías que serán investigados por la Fiscalía peruana figuran los jefes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, de la Dirección Contra la Corrupción, la Dirección Contra el Terrorismo, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Unidad de Desactivación de Explosivos y el departamento de servicios especiales conocido como las “Águilas”.

Durante el arresto masivo del 21 de enero, los policías irrumpieron en el campus y obligaron, indiscriminadamente, a decenas de personas a tenderse en el suelo, sin mediar palabra y sin comprobar si eran estudiantes o manifestantes, además realizaron allanamientos y luego en varios autobuses trasladaron a los más de 200 detenidos, de los cuales algunos fueron liberados tras varias horas, pero la mayoría pernoctó en condiciones inadecuadas en los calabozos, para ser liberados el siguiente domingo, todos menos uno de los que fueron arrestados.

«Culminadas las diligencias en las sedes policiales y recibido el informe policial correspondiente, el fiscal provincial penal ha dispuesto la libertad de 192 personas, quedando una persona detenida por tener requisitoria (previa)», señaló el comunicado difundido por el Ministerio Público peruano en su cuenta de Twitter ese domingo.

CIDH y Acnidh exigen responsabilidad por arresto masivo

Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió a Boluarte rendir cuentas sobre los hechos. “Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social”, dijo.

A raíz de la violenta irrupción en la universidad, desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), instaron a la Fiscalía peruana a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso”.