La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez demandará al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que la Sala Constitucional de su país estableciera que “no existirían elementos probatorios que acrediten que asumió la presidencia del Estado”, por lo que fue rechazada una acción de amparo constitucional presentada por la defensa de la ex mandataria dentro del proceso iniciado por la designación supuestamente irregular que efectuó Áñez en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), según uno de sus abogados defensores, Luis Guillén.
Según el jurista, ya no es necesaria una sentencia dentro del proceso, pues “ya la Justicia boliviana ha dado su última palabra que es desconocerle ese derecho a Jeanine Áñez de ser juzgada en un juicio de responsabilidades”.
“Con esta última palabra, las vías internas han sido agotadas y cumplimos con el requisito de haber agotado todos los caminos dentro de la Justicia boliviana”, agregó el abogado.
Ahora la defensa acudirá “cuanto antes” a la CIDH para denunciar el incumplimiento del derecho que tiene toda persona sometida a un proceso, de “ser juzgada por una autoridad competente”, indicó.
Guillén indicó que esa competencia “solamente deriva de la ley, no de una analogía, ni de una interpretación” y ratificó que Áñez “ha fungido finalmente como presidenta del Estado, llámenla de facto, de hecho, o de derecho” y que las normas vigentes “no hacen ninguna diferencia” al respecto.
El abogado aludió así al argumento del oficialismo, que desconoce la legalidad de la transición para que Áñez asumiera la Presidencia en 2019, con el fin de juzgarla en procesos ordinarios por diversas causas y no en juicios de responsabilidades que dependen del Parlamento nacional.
En la demanda se incluirán como antecedentes “todos los demás atropellos y vulneraciones que ella ha ido sufriendo desde el momento de su aprehensión”, sostuvo.
“Es un cúmulo de vulneraciones que ha sufrido la ex mandataria y el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos debe actuar con la debida pertinencia”, agregó.
Áñez está encarcelada desde marzo de 2021 dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo, que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición.
El Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), han evocado la idea de que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por supuesto golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral a favor del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
En meses pasados, la ex presidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo de 2021 por la crisis de 2019, envió una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedir la “atención” a su caso junto a la de otros “presos políticos” de la región.
Áñez aseguró que escribió a la OEA y a Almagro “llamando su atención para que los presos políticos de Bolivia y el continente no sean olvidados” y que estos casos estén en la “agenda institucional” del organismo hasta conseguir su liberación.
En la misiva Áñez explica que busca transmitir lo que siente sobre algunos hechos que “debieran merecer mayor atención de parte de los Gobiernos democráticos del continente” como la situación de los derechos humanos y la Justicia en países en los que se “persiguen y encarcelan” a inocentes.
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