Al menos 30 yanomamis quedaron embarazadas tras los ataques sexuales. El Gobierno de Brasil anunció el inicio de una investigación por los casos de violaciones.
Al menos 30 yanomamis quedaron embarazadas en el estado de Roraima, tras ser violadas por los mineros que trabajan de forma ilegal en la zona.
De acuerdo con Actualidad RT, la denuncia se presentó el pasado lunes al Ejecutivo por el Consejo Indígena de Roraima (CIR) y fue revelada por el secretario nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Ariel de Castro.
Por esta razón, el gobierno del presidente de Brasil, Lula Da Silva, anunció el inicio de una investigación del caso.
«Pedimos más información al CIR para que tengamos los nombres de las niñas y pedir a la Policía Civil de Roraima, a la Policía Federal y al Ministerio Público de la Federación que investiguen posibles violaciones a personas vulnerables», informó el Gobierno de Brasil a la prensa.
En concreto, se conoce que en la zona existen más de 20.000 mineros ilegales en busca de oro.
Hasta la fecha, se han conocido diferentes delitos violatorios a los derechos humanos en la zona, contra los más de 27.000 indígenas que viven en la reserva.
Se conoce que la situación se agravió tras la llegada de Jair Bolsonaro al poder, en 2018, quien estuvo a favor de la explotación comercial de las áreas protegidas de la Amazonía.
A finales de enero, el Gobierno de Brasil anunció que destinará recursos provenientes del Fondo Amazonia, para ayudar al pueblo indígena yanomamis.
«Tomaremos todas las medidas para sacar a los mineros ilegales y cuidar al pueblo yanomami. Estamos decididos a terminar con esto. El Gobierno brasileño eliminará y terminará con la minería en cualquier territorio indígena a partir de ahora», señaló Lula
Tras su llegada al poder, Da Silva ha manifestado su pesar por la situación que se registra en Roraima.
La desnutrición y las altas tasas de malaria entre los pueblos indígenas se han atribuido a la minería ilegal practicada por agrupaciones criminales, también responsables de la destrucción ambiental asociada y la explotación de las comunidades.
Recientemente, aseveró que la situación va más allá de una crisis humanitaria y acusó al gobierno de Jair Bolsonaro de cometer “genocidio” y “delito premeditado” al alentar la invasión de mineros y desmontar políticas de asistencia a los pueblos indígenas.
