El laberinto judicial en el que está el presidente peruano, Pedro Castillo, se recrudeció este jueves con la apertura de una sexta investigación en su contra por parte de la Fiscalía al mandatario, quien alega en su defensa una operación golpista premeditada.
La decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de abrir una nueva investigación a Castillo por presuntas irregularidades en licitaciones de obras en su región natal de Cajamarca, llegó un día después de que su cuñada Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama a la que crió como una hija, se entregara a la Justicia tras una orden de detención preliminar en su contra.
La joven, a quien Castillo se refiere como una hija, pasó hoy su primera noche bajo arresto y seguirá detenida, al menos, por otros nueve días, luego de que un juez rechazara el pedido de su defensa de modificar su situación tras dar positivo a covid-19.
Sexta investigación
Con la apertura de esta nueva investigación fiscal, que también incluye al exministro de Vivienda y actual titular de Transportes, Genier Alvarado, la Fiscalía ya suma seis pesquisas contra Castillo, pese a que la Constitución peruana solo permite acusar al mandatario en funciones por traición a la patria y por impedir elecciones.
Esta es la quinta vinculada a su gestión y la tercera que parte de la presunción de que él es la cabeza de una organización corrupta que presuntamente actúa dentro del Ejecutivo.
El jefe de Estado, atrincherado en el Palacio de Gobierno, se limitó hoy a reiterar por redes sociales que lo ocurrido en esta convulsa semana responde a un «show mediático» basado «solo en supuestos».
Para el mandatario, todo forma parte de una operación golpista, orquestada presuntamente por quienes ya trataron de arrebatarle el poder cuando se impuso en las urnas en junio del año pasado mediante acusaciones de un inexistente fraude electoral.
Tras la frustrada intervención del Ministerio Público para detener el martes a Paredes en la residencia presidencial, Castillo afirmó ser víctima de una «confabulación entre el Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático» y «tomar el poder de manera ilegal».
La misma insinuación hizo ayer, después de que su cuñada se entregara a la Justicia, un hecho que calificó como «parte de la lucha» y «de la vida política en el Perú».
EFE
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