La justicia federal sigue la pista de dos personas que figuran en la documentación de las empresas radicadas en Miami que podrían guardar relación con la ruta de 535 millones de pesos que salieron del municipio de Quilmes y que terminaron en manos de tres cooperativas. Se busca determinar si parte de esos fondos se enviaron al exterior como parte de operaciones de lavado de dinero. Son dos nombres los que se repiten en la creación de las offshore y en su poder de administración.
La fiscal de Quilmes, Silvia Cavallo, menciona en su dictamen acusador a dos personas -que aún no están imputadas-, que son Wendy Silva y Jaime Parlade. Figuran en la documentación de las empresas radicadas en Miami, las tres que son investigadas como administradora y creador de las mismas, respectivamente. Silva y Parlade tienen fijado domicilio en Miami.
Se mencionó en el dictamen a estas dos personas como un común denominador en las tres empresas a las cuales la justicia federal les sigue la pista para conocer sus integraciones, los movimientos de fondos que tuvieron y qué actividad tenían en Florida.
Hay al momento suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas offshore a las cuales se derivaba el dinero desviado”, había dicho Cavallo que investiga el caso en Quilmes junto al juez federal Luis Armella.
En Comodoro Py hay otro expediente que lo lleva el fiscal Ramiro González. Para el fiscal “hay tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público". Se trata de “Raspa Investments LLC”, “Borda Investments LLC” y “SCO Investments LLC”. En todas ellas figuran Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari, los empresarios contratados por el municipio.
Las dos personas sobre las que se pidió información son la administradora y el responsable de haber creado las tres offshore. Parlade figura en la documentación como el agente registrado que fijó, incluso, el domicilio de las tres empresas radicadas en Florida.
Mientras que Silva Wendy figura como la persona autorizada y responsable de gestionar los últimos cambios que se hicieron. Por ejemplo, en SCO Investments LLC se hicieron modificaciones en la constitución societaria donde fue eliminado Martín Bordalejo. La operación fue registrada por Silva Wendy.
La justicia quiere determinar el lazo de estas dos personas con quienes están imputados en el expediente, puntualmente con Bordalejo, Scozzari que figuran en las offshore y con Sebastián Raspa, el ex funcionario de Mayra Mendoza que guarda lazos comerciales con los empresarios.
Las offshore investigadas
Raspa Investments y Borda Investments fueron dadas de alta en simultáneo con la apertura del expediente que dio origen al primer contrato adjudicado a la cooperativa de trabajo La Estrella, por 8.954.865,44 pesos. En total, las cooperativas La Estrella, Unión Azul y Progreso recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 pesos.
El otro dato es que dos de las offshore fueron desactivadas a días de abrirse las causas judiciales. Según el sitio dos.myflorida.com, donde se publican las empresas radicadas en Florida, Raspa Investments LLC, Esta offshore tiene entre sus integrantes a Martín Bordalejo, ex funcionario de la municipalidad (y socio de Raspa) y al empresario Alejandro Scozzari.
A su vez, Scozzari es dueño de un conjunto de compañías. Socio de Raspa y Martín Bordalejo en una empresa llamada “JD Vitruvio”, la cual tendría sede en la misma dirección que las cooperativas, constituyó una constructora a su nombre llamada “The Wolf Building SA”, la cual celebró diversos contratos con la Municipalidad de Quilmes desde mayo de 2020, por un total de $84.944.494.
La otra offshore investigada es Borda Investments LLC. Su constitución también fue el 11 de mayo de 2020 y comparte entre sus integrantes a Scozzari y a Bordalejo. Según los registros oficiales, también fue desactivada el 6 de mayo.
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