Mandaron una carta a la secretaria del Tesoro. Dicen que el país no es confiable y hace un uso político del manejo de los datos financieros de los contribuyentes.
En medio de las negociaciones entre la Argentina y Estados Unidos para que el país de Joe Biden acepte informar automáticamente sobre cuentas de contribuyentes argentinos en bancos norteamericanos, un grupo de economistas y profesionales liberales, liderados por José Luis Espert y Roberto Cachanovsky, le pidió a la secretaria del Tesoro Janet Yellen que no acepte el acuerdo a causa de la poca confiabilidad del Gobierno local.
La nota enviada por The 1841 Foundation, creada por el argentino Martín Litwak, busca expresar "preocupación por el hecho de que Estados Unidos pueda estar compartiendo con las autoridades de Argentina las finanzas privadas de personas con depósitos bancarios en el país".
Y agrega: "Como usted sabe, Argentina es un país que ha violado constantemente los derechos de privacidad de muchos de sus ciudadanos, al filtrar constantemente a la prensa información financiera y fiscal privada, y cuyo gobierno actual carece, en nuestra opinión, de la integridad necesaria para ser un socio de confianza en el manejo de información sensible que afecta a la privacidad y la propiedad de sus ciudadanos en los Estados Unidos".
Además de la fundación, firman el documento el diputado José Luis Espert, el senador Pablo Torello, el ex legislador Luis Patiño, y economistas y abogados como Manuel Adorni, Roberto Cachanosky, Gustavo Lazzari, Nazareno Etchepare, Eduardo Marty, Jeremías Morlandi, Marta Nercellas, Carolina Obarrio, Eliana Scialabba y Eduardo Vidal. Y organizaciones como el Centro de Estudios Económicos Argentina XXI, Fundación Wilhelm von Humboldt y el Partido Liberal de Argentina.
La nota dice que la fundación respeta el hecho de que los gobiernos necesitan tener acceso a cierta información de sus contribuyentes para recaudar impuestos, y que la delincuencia financiera y el blanqueo de dinero "deben ser combatidos de forma agresiva".
Pero, agregan, "tenemos muy claro que los individuos también tienen derecho a la intimidad y a la seguridad personal, y cuando hay una tensión entre un derecho humano y el interés de un gobierno, el derecho humano debe prevalecer".
Según los firmantes, "las autoridades de Argentina han vuelto a permitir, por tercera vez en muy poco tiempo en 2022 que se filtre a la prensa información financiera y fiscal privada de sus contribuyentes, incluyendo información remitida de buena fe por otros países". Y detallan que la filtración se produjo en el marco del impuesto extraordinario a la riqueza.
Los otros dos ejemplos de filtración, aclara la nota, se produjeron en el contexto del blanqueo de Mauricio Macri en 2016 y, un par de años antes, cuando el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray provocó personalmente la filtración de la llamada lista de Falciani, que incluía información privada de clientes del HSBC.
Entre las razones que agregan para que Estados Unidos desista de firmar el acuerdo están, además, que en 2015 ese país suspendió su memorándum de entendimiento con Argentina para el intercambio de inteligencia financiera debido a las revelaciones no autorizadas de información por parte de su contraparte argentina a la prensa que involucraban al fiscal Alberto Nisman, que había sido asesinado a principios de ese año en circunstancias extrañas y aún no aclaradas después de acusar a la entonces presidenta Cristina Kirchner de traición a la patria por entrar en un acuerdo ilegal con el régimen iraní.
Además, la carta menciona que el actual director de la AFIP Carlos Castagnetto es "un activista político divisivo en lugar de un burócrata técnico y que cualquier información privada de los opositores al gobierno actual bajo su control corre un gran riesgo". Y sugiere a Yellen mirar las redes sociales del titular del ente recaudador.
Por esos y otros ejemplos, la fundación dice que "el Gobierno argentino carece de la integridad necesaria para ser un socio de confianza en el manejo de información sensible que afecta a la privacidad y a la propiedad de sus ciudadanos en Estados Unidos".
Y menciona que Cristina Kirchner se enfrenta a múltiples juicios penales en los que ha sido acusada de corrupción, fraude al Estado, lavado de dinero y traición a la patria, entre otros delitos.
"En su búsqueda de impunidad, ella y sus socios políticos en el gobierno han cooptado y desmantelado organismos de control, como la Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia Anticorrupción (OA) y la Procuraduría General del Tesoro, entre otros organismos.
El documento describe la situación económica del país, con aumento del déficit, alta inflación y suba del gasto, lo que -en su opinión- hace que se haya generado corridas contra el peso y su pérdida de valor y "un crecimiento significativo de los flujos de fuga de capitales hacia leyes más seguras y monedas más estables". De ahí, agregan, que haya "argentinos con fondos y otros activos en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones que históricamente han ofrecido protección a la riqueza contra el abuso de poder y la falta de libertad".
"Los ciudadanos argentinos que han buscado la protección de su riqueza en los Estados Unidos han sido impulsados en gran medida por un instinto de autopreservación al depositar su confianza en la promesa estadounidense de una sociedad libre donde se respete el Estado de derecho y donde se protejan los derechos de propiedad y la privacidad".
Si el gobierno de los Estados Unidos firma el acuerdo, aseguran, "violaría la confianza que aquellos que huyen del abuso en todo el mundo han depositado históricamente en este sistema".
Por todo eso, dice la nota, "Argentina no debe recibir información de Estados Unidos automáticamente" y que se debe mantener el sistema actual (que es a demanda).
NE
