Presionados por el proceso inflacionario y los reclamos gremiales para recomponer salarios sin perder poder de compra, los gobernadores de la mayoría de las provincias decidieron adelantar la reapertura de las paritarias de estatales y docentes aún cuando resultan infructuosas las gestiones que iniciaron para exigir a la Nación un incremento de los giros de fondos a sus distritos.
Como un correlato directo de lo que ocurrió con los sindicatos del sector privado que a principios de año habían firmado subas de entre 40% y 45% y renegociaron en las últimas semanas para llevar esos aumentos bastante por encima del 60%, los gremios de docentes, estatales y trabajadores de la salud de las provincias multiplicaron los reclamos en los últimos días, en algunos casos con un tenso conflicto de por medio, para conseguir la urgente revisión salarial que compense la aceleración de la inflación que en los primeros seis meses del año acumuló una variación de 36,2%.
Con ese escenario de fondo, los gobernadores activaron en las últimas semanas las negociaciones con la Casa Rosada para gestionar la distribución de mayores recursos a sus jurisdicciones, pero frente a las limitaciones que impone el acuerdo con el FMI a las cuentas fiscales, no lograron compromisos efectivos del presidente Alberto Fernández.
En paralelo y con un guiño de Cristina Kirchner, lograron la semana pasada que el Senado desempolvara en forma sorpresiva el proyecto de consenso fiscal que el presidente Alberto Fernández firmó en diciembre, en una maniobra que fue interpretada como un blindaje para las provincias ante un posible ajuste de Sergio Massa.
Sin mayores recursos aún garantizados, los mandatarios volvieron a sus distritos y aceptaron reabrir el diálogo con los gremios para evitar que se profundice la amenaza de conflicto en sus distritos.
La preocupación invade por igual a provincias grandes como chicas, oficialistas y opositoras. Tras dos días de medidas de fuerza que paralizaron la administración pública y las clases en las escuelas provinciales, el mendocino Rodolfo Suárez anunció la revisión de la negociación salarial con los gremios del distrito aunque no se olvidó de responsabilizar públicamente al Ejecutivo nacional por la escalada de la inflación y la restricción de fondos que enfrentan las provincias.
Rodolfo Suárez aceptó reabrir las negociaciones con los gremios mendocinos.
Suárez -uno de los mandatarios provinciales de la oposición- aceptó la demanda de los gremios para rediscutir el aumento salarial de 40% acordado en marzo y justificó ese reclamo en "la inflación agobiante producto de decisiones equivocadas por la falta de rumbo y el conflicto interno del gobierno nacional". Además de habilitar la nueva discusión salarial, el gobernador anunció el pago de un incremento de 5% a partir del mes de julio y negocia una suba adicional para el resto del año de manera de llevar la recomposición anual por encima del 60% como reclaman los gremios.
En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos de estatales, docentes, judiciales y personal de la salud esperan una respuesta inminente del gobernador Axel Kicillof al pedido para que la administración provincial habilite la urgente renegociación del incremento salarial del 60% que fue actualizado hace apenas dos meses con el argumento de que la inflación real ya superó la proyección establecida en el acuerdo original.
La intención de los gremios es convenir con el gobierno bonaerense una recomposición adicional de por lo menos un 10%, de manera de llevar el aumento acordado del 60% al 70% para compensar la suba de precios.
“Entendemos que la situación es compleja, pero no puede ser el salario de los trabajadores docentes una variable de ajuste ante la volatilidad de la economía”, advirtió en la semana pasada la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera. Hasta ahora la única respuesta del gobierno provincial fue transmitida por el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, que garantizó que la provincia convocará a los docentes para analizar el impacto de la inflación sobre los salarios y adelantó que se analizará adelantar tramos del acuerdo vigente, pero sin precisar una fecha específica para la reunión.
Los gremios aguardan una respuesta del gobernador Axel Kicillof a su pedido de reapertura de paritarias.
En Córdoba los sindicatos del sector público retomaron formalmente durante la semana pasada las negociaciones con el gobierno de Juan Schiaretti, pero hasta ahora sin lograr un entendimiento. El gobierno provincial acercó el viernes a los gremios un último ofrecimiento que contempla un aumento del 12% para julio, más una suma fija de $ 3.000; un 8% para septiembre; otro 10% en noviembre; y finamente, un 5% en enero de 2023, con una cláusula revisión para noviembre.
Con ese esquema, sumado a la suba de 40% acordada en febrero para el primer semestre, el aumento acumulado redondearía este año un 70%, cerca de las pretensiones anticipadas por representantes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
En Entre Ríos y La Rioja las revisiones también están en marcha. La administración de Gustavo Bordet anunció la semana pasada un adelantamiento de los tramos del aumento de 45% acordado en marzo, que implica aplicar con los sueldos de julio una suba de 10% y otro 6% en agosto, tras lo cual el gobierno y los representantes de los sindicatos estatales se sentarán a discutir un incremento para el resto del año.
El riojano Ricardo Quintela dispuso días atrás un nuevo incremento para el sector público de la provincia de $ 6.000 para los empleados de la salud, educación, policía, municipales, Poder Legislativo y Judicial que se suma al incremento anunciado para el año y totaliza un 55%. Además, anunció un aumento de 16% en octubre para todos los trabajadores y el pago a los docentes de un suplemento de $ 4.000 y $ 6.000 en septiembre y octubre.
En Santa Fe, en cambio, el gobierno de Omar Perotti rechazó el reclamo de los gremios de anticipar para agosto la revisión paritaria y ratificó que las negociaciones se concretarán en septiembre como estaba previsto originalmente, en una decisión que profundizó el escenario de conflicto con los gremios provinciales. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, indicó que desde el gobierno monitorean "semana a semana" la situación inflacionaria y que son conscientes de que el acuerdo de suba de 46% consensuada con los gremios en marzo "tiene que ser revisado", pero reiteró que ese proceso tendrá lugar el próximo mes.
Omar Perotti rechaza adelantar la revisión de la paritaria con estatales y docentes.
Por ello, los representantes de estatales, docentes y personal de la salud arrancarán mañana la segunda semana consecutiva del plan de lucha con protestas y paros para que el gobierno adelante el pago de los tramos de aumento salarial previstos para el próximo mes.
Los sindicatos estatales de Río Negro, en cambio, ya iniciaron un plan de lucha en rechazo a la propuesta salarial que realizó el gobierno provincial en el marco de la reapertura de paritarias. La administración de Arabela Carreras planteó una recomposición del primer semestre con una suma fija equivalente al 4%, otro pago de $ 4.500 en agosto equivalente a un 8% de incremento para las categorías más bajas.y un aumento de 7% en septiembre, totalizando una suba de 51%, a cambio de postergar la revisión salarial para el mes de octubre.
En tanto, en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés anunció la semana pasada la revisión de las paritarias del sector público provincial y garantizó que desde agosto habrá un incremento salarial adicional que se sumará a la suba de 45% que se abonó durante el primer semestre del año. El compromiso del mandatario tuvo lugar después de que los gremios amenazaron con poner en marcha un plan de lucha en reclamo de una urgente recomposición de sus ingresos.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
