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Luego de tres años y medio de audiencias orales, los jueces Gorini, Basso y Rodríguez Uriburu leerán el veredicto en la tarde de este martes. Los escenarios que enfrenta la ex Presidenta.
Con el telón de fondo de la denuncia del presidente de la Nación contra jueces federales, Cristina Kirchner se prepara para escuchar el primer primer veredicto en un juicio por presuntos hechos de corrupción en el cual es la principal acusada. La jornada judicial iniciará a las 9.30 con las palabras finales de uno de los imputados que estaba frente a Vialidad Provincial en Santa Cruz, la provincia en la que Lázaro Báez ganó 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos que fueron cuestionados en este expediente.
El juicio "Vialidad", que inició el 21 de mayo de 2019, llegará a su fin este martes por la tarde, cuando se espera la lectura del veredicto que firmarán los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Ante la vicepresidenta se abren tres escenarios: el primero de ellos contempla una condena por asociación ilícita en carácter de jefa y el delito de administración fraudulenta, lo que deriva en una pena que podría ir de 8 a 10 años de prisión. En caso de que esta sea la resolución de los jueces, el fallo tendrá incluida una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Una segunda posibilidad es que en caso de encontrarla responsable de la maniobra denunciada, se dicte una pena sólo por el delito de administración fraudulenta, lo que implica una pena máxima de seis años de prisión y también, la imposibilidad de volver a ejercer cargos en la función pública.
Finalmente, el Tribunal también puede votar por la absolución de Cristina Kirchner -tal como reclamó ella junto a su abogado Carlos Berladi-, y de los otros doce imputados en el caso.
Cualquiera de estas decisiones adoptada por el TOF 2 este martes por la tarde, no será de aplicación inmediata. Sólo se cumplirá con lo resuelto cuando agote todas las instancias recursivas, es decir, las apelaciones que podrán presentarse hasta llegar a la Corte Suprema, que tiene la palabra final para convertir en firme una sentencia.
El telón de fondo de esta situación inédita -por tratarse de una vicepresidenta en ejercicio del poder afrontando la lectura de un veredicto en un juicio por presuntos hechos de corrupción- es la denuncia que anunció el presidente Albero Fernández contra el juez federal que instruyó este caso y otros magistrados y empresarios, a causa de un viaje al sur y gestiones reflejadas en un supuesto chat de Telegram que fue hackeado por espías.
Tanto el anuncio de la denuncia del presidente como las declaraciones públicas respecto del asunto se formularon horas antes de que el juicio por el presunto direccionamiento en la obra pública vial en Santa Cruz llegué a su final.
Al concluir su alegato, los fiscales del debate oral, Diego Luciani y Sergio Mola, sostuvieron que la vicepresidenta fue la jefa de la asociación ilícita, es decir de una “organización criminal” que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial. Por eso, pidió para ella una pena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. También, el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.
Los fiscales también pidieron una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez, de 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
