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Juicio por la obra pública: Cristina Kirchner presentó la recusación contra el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal

Antes de la audiencia

El escrito fue presentado a primera hora de este lunes ante el TOF2, previo a la cuarta jornada de alegatos contra la vicepresidenta.

Juicio por la obra pública: Cristina Kirchner presentó la recusación contra el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal

La ex presidenta recusó al fiscal Luciani y al presidente de Tribunal.

Tal como anticipó en la noche del domingo, el abogado de Cristina Kirchner presentó la recusación del presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Rodrigo Giménez Uriburu, y del fiscal Diego Luciani. Al inicio de la cuarta jornada de audiencia, el juez Jorge Gorini adelantó que en las próximas 24 horas se expedirán ambos funcionarios judiciales. Señaló que como corresponde "a un trámite de vía incidental "se continuará con la audiencia de alegato prevista.

"En los términos previstos en los artículos 55 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, en cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores y siguiendo expresas instrucciones de nuestra representada, venimos a recusar al Fiscal Diego Luciani y al Juez Rodrigo Giménez Uriburu", sostiene el escrito del abogado de Cristina Kirchner.

Al momento de fundamentar su planteo, la defensa señaló: "Dejamos expresamente planteada la nulidad de todos los actos procesales desarrollados por los nombrados magistrados, (...) toda vez que importa un severo menoscabo para el derecho de ser juzgado por un juez imparcial y vulnera la garantía del “doble conforme".

La presentación se formuló previo al inicio de la cuarta jornada de alegatos a cargo del Ministerio Público Fiscal representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Cuando el Tribunal informó sobre el ingreso del pedido de recusación, la defensa de Julio De Vido anticipó que realizará un pedido de iguales características.

La vicepresidenta sostuvo su pedido en función de una fotografía publicada en el diario Página/12, en la que se ve a Luciani y Rodríguez Uriburu posando junto a otras personas como parte de un equipo de fútbol que habría jugado partidos en la quinta Los Abrojos, cuyo dueño es Mauricio Macri. Ni el fiscal ni el juez aceptarán ser apartados del caso, cuyas audiencias orales se llevan a cabo desde mayo de 2019.

Como la recusación formulada por el abogado de la ex Presidenta, principal imputada en este juicio, se considera un "trámite incidental", no suspende la continuidad de los alegatos de la fiscalía que iniciaron el lunes pasado.

Fue la semana pasada cuando el fiscal Diego Luciani comenzó su exposición, anticipando que pedirá una condena por corrupción contra Cristina Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para el Ministerio Público Fiscal "se dio por corroborado a lo largo de las audiencias todos los delitos investigados". Es decir: encontraron "responsable a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de montar una organización criminal destinada a favorecer al mismo grupo económico, a Lázaro Báez".

Durante las audiencias de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal analizó contrato por contrato, para exponer en base a qué entienden que hubo un "direccionamiento de los contratos a favor de un solo grupo económico". Con el transcurrir de los años, el sistema que la fiscalía definió como una "estructura de corrupción", funcionaba cada vez mejor. El fiscal Luciani amplió la idea y dijo: "Lázaro Báez no tenía que hacer el mínimo esfuerzo para ganar, sólo presentarse con tres de sus empresas, ni siquiera tenía que hacer la mejor oferta, iba a ganar de todos modos".

Recorriendo de forma cronológica y obra por obra, la fiscalía analizó las diversas irregularidades detectadas en los procesos licitatorios. Se habló en este punto de un "modus operandi de corrupción": competían las empresas del holding juntas, ofertaban por encima del 20% del presupuesto oficial, nadie las impugnaba, no contaba con certificados de capacidad de obra, presentaba al mismo representante técnico, se modificaban los costos y los plazos de obra, la ruta no se terminó, hubo sobrecostos y finalmente, Báez abandonó sin concluir 24 de los 51 contratos que firmó.

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