En tiempo récord –menos de un mes desde que fue cometido el crimen– los investigadores colombianos, en cabeza de la Fiscalía General, lograron identificar y poner detrás de las rejas a los autores del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que sacudió a ese país y al nuestro tanto por las circunstancias del hecho como por las similitudes con la mortal amenaza que por décadas existió sobre las autoridades de nuestro país que se atrevieron a enfrentar a las mafias.
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También es importante que la justicia paraguaya, con apoyo de nuestras autoridades y las de EE. UU., develen quién ordenó el crimen
Se trata, sin duda, de un enorme avance en el proceso investigativo que ha sido posible gracias al profesionalismo y la experiencia de policías y fiscales, así como a la colaboración que desde el primer momento se dio con las autoridades de Paraguay y de Estados Unidos, país que tenía en Marcelo Pecci a uno de sus principales aliados en la lucha contra las organizaciones del crimen transnacional que asuelan al país del centro-sur del continente.
En medio de los reclamos de justicia pronta para el alto número de crímenes que se registran a diario, situación que sin duda es uno de los grandes desafíos para el sistema judicial, suele pasarse por alto la velocidad con la que casos emblemáticos como este, que son de enorme impacto para la sociedad, logran un resultado concreto. En eso hay que reconocer el liderazgo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, tal como lo hizo ayer en una entrevista publicada en este diario el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía.
La parábola de Pecci sin duda evoca a esos operadores de la justicia colombiana que en los 80 y 90 se plantaron frente al poder de los grandes carteles del narcotráfico e incluso ofrendaron su vida en ese cometido: la Corte Suprema inmolada en 1985, los ministros de Justicia Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra, además de decenas de jueces, fiscales e investigadores. En su caso, se atrevió a tocar poderosos poderes criminales en Paraguay, país que sigue enfrentando enormes retos. Y esos poderes utilizaron a sus socios en nuestro país para atentar contra el fiscal paraguayo cuando se encontraba de luna de miel en la isla de Barú.
En Colombia, cuatro de los partícipes en el homicidio están ya presos y esperando juicio, y las autoridades avanzan en la búsqueda de varias personas más que participaron en la autoría material del magnicidio. Pero este resultado, que como ya se dijo es encomiable, representa la punta del iceberg: lo más importante es que la justicia paraguaya, con el apoyo, sí, de nuestras autoridades y las de Estados Unidos, devele quién ordenó el asesinato de Pecci y quiénes prestaron sus oficios para sacar del camino a tan incómoda ficha para las organizaciones del delito.
La criminalidad, y este caso lo ha dejado bien en claro, no tiene fronteras y mueve sus macabros intereses de una nación a otra. Lo que procede es que nuestros países sigan trabajando mancomunadamente y que sus ciudadanos apoyen y destaquen los logros de sus autoridades cuando hay resultados como los del fiscal Barbosa, su equipo de trabajo y la Policía. De ese modo no solo se logrará esclarecer por completo este crimen, sino golpear a las mafias transnacionales que amenazan a este mundo globalizado.
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