Desde el sector empresarial esgrimen que las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas, porque esto abrirá la puerta a la impunidad, corrupción, lavado de dinero y va contra la trasparencia que permite el control ciudadano de los actos del sector público.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), Asociación Rural del Paraguay (ARP) y Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitieron un comunicado respecto al desacuerdo con la despenalización de las Declaraciones Juradas de funcionarios públicos que aguarda la aprobación o veto del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Al parecer de estos gremios empresariales, la despenalización de las Declaraciones Juradas permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas (art. 104). La declaración jurada es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos. Lo público es público.
La Contraloría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, así como todas las instituciones del Estado, deben cooperar estrechamente para comprobar y validar las declaraciones juradas, de manera a verificar que sean reales y legítimas. Si no lo hacen son cómplices o encubridores, de acuerdo con la postura del empresariado.
Por ello los empresarios esgrimen que el presidente Abdo tiene en sus manos la herramienta legal para objetar este proyecto de ley, y fortalecer la institucionalidad de la República y demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, con su frase “caiga quien caiga”. HOY
