Hasta más de 20 “cachirules” le permitieron meter. El recuento por el Contrato Colectivo de Trabajo de la mina San Rafael ha sido el más sucio llevado a cabo con el aval de esta administración. Para nadie fue sorpresa que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) culminara de esa manera la cadena de violaciones cometidas para favorecer a Napoleón Gómez Urrutia.

La denuncia de lo ocurrido en la mina ubicada en Cosalá, Sinaloa, no quedará en papel, sino que lo llevaremos a tribunales nacionales e internacionales; pondremos en práctica la Reforma Laboral y expondremos el caso frente a los Paneles Laborales del T-MEC.

Si bien en México se demostró que existen cínicas omisiones para hacer cumplir la ley, en el campo internacional no es así, ahí no se permite la intromisión en la vida sindical por parte del Estado, por lo que pediremos se revise de principio a fin el proceso.

Semanas antes del recuento, los compañeros nos informaron que recibían amenazas no sólo por parte de un grupo de mineros de Gómez Urrutia, sino que éstas habían subido de tono al provenir de miembros del crimen organizado, pagados y protegidos por el senador de Morena.

Por días fueron amenazados y amedrentados al grado de paralizar a los compañeros, no sólo económicamente, sino que el miedo les impidió acudir a la votación que, por cierto, se realizó de manera irracional por indicaciones de la JFCA en Mazatlán, esto es, a dos horas y media de Cosalá. Es decir, para ir a votar no sólo debían lidiar con malandros, sino que también debían recorrer más de 165 km de ida y regreso.

Es un recuento que desde luego rechazamos, pero no sin motivo, ya que desde el principio denunciamos las violaciones cometidas por la JFCA. Desde febrero también levantamos la voz y señalamos las intromisiones de Napo al ser el iniciador de la huelga, lo denunciamos públicamente, la mina de San Rafael estaba tomada por su gente.

Este caso llegó hasta el presidente López Obrador, cuando durante una gira de trabajo en Durango, un grupo de mineros lo interceptó y de viva voz denunciaron los hechos: Napo se alió con el secretario general de la sección, ambos pararon operaciones ilegalmente a pesar de que las condiciones laborales cumplían con el Contrato Colectivo de Trabajo. Le expresaron “queremos trabajar, ayúdenos”. Tras la denuncia, el jefe del Ejecutivo contestó “Voy a ver, voy a ver”.

Han pasado 8 meses de aquel llamado de auxilio y lo único que hemos visto es un sinfín de atropellos por parte de Gómez Urrutia. La empresa Americas Gold and Silver Corporation, de origen canadiense, denunció hace semanas ser extorsionada por el legislador de Morena, ya que le exigió el pago de dos millones de dólares por gastos de huelga, de lo contrario la mina no abrirá.

Napito no tiene el Contrato Colectivo de Trabajo, aun así, pidió dinero a golpe de amenazas. Tras este relato quedan muchas preguntas en el aire: ¿Qué interés tiene la JFCA de que Napito gane el recuento? La titular de la Junta, María Eugenia Navarrete, permitió estas irregularidades y de ser así, ¿será citada a declarar?

La realidad es que hoy más de 300 mineros de Cosalá perdieron su empleo y difícilmente lo recuperarán, ya que los empresarios de la mina aseguraron que permanecerá cerrada hasta que las autoridades expliquen la actuación pasiva y permisible de la autoridad laboral ante las constantes violaciones de Napoleón Gómez Urrutia.

Mi solidaridad y mi lucha con los mineros de Cosalá y con sus familias. Llegaremos hasta las últimas consecuencias.

                                                                                                                                               @CarlosPavonC