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Mexico

Gobiernos regociando con el crimen trasnacional organizado. Análisis de caso VI y último

Pablo Escobar

Pablo Escobar

Foto propiedad de: Internet

Con el artículo de hoy, damos por concluida nuestra serie de seis, sobre los distintos casos en que los gobiernos constitucionales  de diferentes tendencias ideológicas, se han visto compelidos a buscar y concretar una negociación con organizaciones catalogadas socialmente y jurídicamente como “criminales”, para abatir el clima de violencia generalizada, y la cadena interminable de hechos de sangre en un país. Hemos querido demostrar que se trata de un recurso empleado desde la política, que puede o no tomarse, pero que de ninguna manera se trata de un tema ética religiosa, ni tampoco, eminentemente moral, sino de Sociología Criminal, de Ciencia Jurídica, de Ciencia Política y de Desarrollo Económico, por ello, la criminalidad transnacional constituye hoy uno de los más grandes desafíos al Estado Social de Derecho contemporáneo. Hoy presentamos, sintéticamente, el caso de la desmovilización de unos 30,000 paramilitares agrupados en las “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), con la muy activa participación de instituciones como la ONU, la OEA, HRW y otras.

Conforme a los estudios de Ciencia Política, el paramilitarismo está directamente vinculado a la tesis del Estado Fallido, como su referente más común, es decir, un Estado Nacional que no ha logrado o ha perdido: a) el control de la totalidad de su territorio, es decir, la soberanía territorial (inherente al Estado) que le ha sido sustraída por algún actor o actores sociales; y b) que ha perdido o le ha sido arrebatado por vías de facto, el “monopolio del uso legítimo de la violencia” (Max Weber). Se trata de un proceso histórico que desemboca en dicha condición. Existen otros Estados que no se consideran como “Estados Fallidos”, pero sí, “Estados en Riesgo”. Estas condiciones son propicias para todo tipo de intervenciones externas. Por tanto, agudiza el tema del ejercicio restringido de la Soberanía.

Los grupos paramilitares pueden ser depositarios de una delegación de poder desde el Estado (cuando éste los crea, los arma, los entrena, los financia, les asigna objetivos), o bien, oponerse a las acciones y objetivos del Estado, confrontando a los propios cuerpos armados (ejército mismo, policías, u otros), o ser parte de organizaciones civiles (como terratenientes, empresas, etc.). En el primer caso, colaboran, actúan en favor del Estado, de sus gobiernos, y refuerzan una línea de acción y coadyuvan al logro de determinados objetivos oficiales, pero No son parte de la administración pública de dicho Estado. En el segundo caso, son parte de los adversarios o enemigos del propio Estado, quien los combate de distintas formas. En el tercer caso, coadyuvan a preservar intereses privados corporativos. En México, podemos encontrar distintos grupos paramilitares desde hace años, los cuales se sospecha con fundamento,  o se tiene la certeza, de que fueron creados por la autoridad pública, entrenados, financiados y protegidos por ella.

Los historiadores colombianos, vinculan el fenómeno paramilitar, con la polarización de la sociedad colombiana, cruzada por dos tipos de conflictos graves, prolongados y muy sangrientos: a) el desarrollo de las organizaciones guerrilleras con ideología de izquierda (años 50), que al entrar en vigor el Plan Colombia (2001), controlaban más del 40% del territorio nacional, y habían impuesto al ejército una guerra irregular; y b) la de los cárteles de la cocaína, que abastecían el 80% del mercado mundial, especialmente el 90% del mercado estadounidense. Es el contexto de la muerte de Pablo Escobar, por el rol que los paramilitares jugaron, con todas las demás fuerzas que lo acosaron hasta ejecutarlo, que los paramilitares empiezan a ocupar un lugar destacado en ambos conflictos, constituyéndose como una tercera fuerza armada que sumaba decenas de miles de combatientes, y que empezó a actuar con cierta autonomía.

La hechura oficial de muchos de estos grupos, quedó explicitada en la elaboración y publicación de un documento expedido de nombre, Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, publicado en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la "defensa nacional", mecanismos para garantizar la "defensa civil" y la creación de "autodefensas". Con base en dichas normas, los encargados de la fuerza pública colombiana adiestraron, adoctrinaron y dotaron de armamento a civiles en áreas de conflicto con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara en el conflicto armado y ayudara a las fuerzas del gobierno a derrotar a los grupos insurgentes. Se dejó de lado a los grupos criminales, parece que no eran la prioridad. Se hablaba oficialmente de la presencia de un “conflicto de baja intensidad”, acorde con la doctrina del ejército de los EUA, desde 1982. Se los dejó libres.

El fenómeno se extendió y surgieron las “Bacrim”, “Bandas Criminales” o “Bandas Emergentes”, que se enfrascaron en un combate directo con los grupos de la izquierda armada, haciendo el trabajo más “sucio” para el ejército y la policía y los cárteles de la cocaína. Es decir, quedaron enganchadas directamente a dicho negocio, como “brazo armado” de ellos. El conflicto se polarizó: todo este frente se unió contra la izquierda armada, incluyendo a las fuerzas de élite del ejército y los organismos de inteligencia del gobierno de los EUA. Las FARC entonces, crearon sus propias “Autodefensas” armando a pobladores para defenderse activamente de los paramilitares. No obstante, entre más se hacía compleja la situación, el objetivo reaparecía como un objetivo imperativo.

En sustancia el proceso se desarrolló así:

El proceso de desmovilización de las AUC, tiene tres componentes centrales: un proceso esencialmente de Amnistía (aunque no con ese nombre); otro, de sometimiento a la justicia de los grupos narcoterroristas o paramilitares en Colombia, es decir, de Justicia Transicional; más la integración y aplicación de una Agenda de Reparación a las Víctimas del conflicto. Allí tenemos a la trilogía que lo hizo posible.

Las AUC, no tiene precedente en términos de la crueldad de estos grupos armados, con sus víctimas, que eran descuartizadas con sierras eléctricas, para imponer el terror. No obstante eso, había que ir a un acuerdo con ellas para detener las masacres, dado que una posible victoria militar era extremadamente costosa en vidas. Formaron un ejército privado tan numerosos o más que el de las propias FARC (este último, estimado entre 20 y 30,000 combatientes). Resumimos el proceso:

§ Las negociaciones se realizaron mediante las “Conversaciones de Ralito. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de los diálogos y los “Acuerdos de Ralito”, se desmovilizaron cerca de 31.671 miembros de las AUC. No fue total el proceso, se calcula que la desmovilización comprendió al 70% de la fuerza armada activa de paramilitares. El proceso negociador empezó formalmente en noviembre de 2003.

§ Ante el vacío jurídico para concretar constitucionalmente el proceso, el gobierno impulsó una Ley Especial en el Congreso, conocida como “Ley de Justicia y Paz” (aprobada en 2005), en su inicio, duramente cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos. La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apartados de la ley. Human Rights Watch y otras organizaciones reconocieron que dichas modificaciones mejoraron la ley, incrementando las exigencias hechas a los paramilitares desmovilizados y ampliando los derechos de las víctimas, ya que inicialmente la ley presentada por el gobierno y aprobada en el congreso, no contemplaba “la confesión plena de los delitos” de los paramilitares, la Corte implantó la exigencia de que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley (reducción de condenas, sistema carcelario).

§ La “Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras”, tardó dos años y generó problemas para el gobierno en cuanto a manejo de la opinión pública y de la imagen externa, porque la desmovilización carecía de legitimidad social sin ella. Además, de que “la agenda de reparaciones” es condición de la desmovilización. El gobierno colombiano aceptó extraditar a un jefe paramilitar que continuaba en acciones de narcotráfico luego de su acatamiento de la Ley de Justicia y Paz, se trató de Carlos Mario Jiménez “el Macaco”, como ejemplo de lo que podía hacer el gobierno con aquellos que trataran de burlar el acuerdo asumido.

§ La OEA instituyó y puso en movimiento, una “Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia” que rendía informes de trabajo con regularidad al Consejo Permanente del propio organismo regional, vale decir, a la instancia representada por los Estados Miembros y Observadores que preside el Secretario General. La intervención de la OEA no era sólo de apoyo político, moral y con asesoría especializada, sino financiera al proceso. El gobierno de Holanda fue el principal “donante” con 1.5 millones de USD (diciembre, 2005). Suecia y la República de Irlanda, financiaron la participación de un asesor experto en “Desmovilización, Desarme y Reinserción

§ En el Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, informó tres cuestiones relevantes que nos revelan cómo apoyan estos organismos internacionales los procesos:

§ I) Conforme al compromiso de establecer mecanismos para asegurar la debida documentación, transparencia en la evaluación, investigación y garantías para la denuncia de violaciones al cese del fuego por parte de miembros de los bloques paramilitares involucrados en el proceso, se informó que se encontraba perfeccionando la metodología existente y los documentos en los que se establecen instructivos claros y precisos para las tareas que realizan los expertos verificadores en asuntos de 1) verificación del cese al fuego y hostilidades, 2) verificación de la desmovilización y desarme, 3) verificación del real desmonte de las estructuras armadas y reinserción a la vida civil, y 4) seguimiento de la verificación individual de los reinsertados.

§ ii) “En lo que se refiere a las negociaciones de paz con las AUC, desde que se inició el proceso en noviembre de 2003, han habido 27 actos de desmovilizaciones colectivas en las cuales se han desmovilizado más de 20,000 autodefensas. Luego de una suspensión unilateral por parte de las AUC, el proceso de desmovilización se reactivó en el mes de diciembre. Las AUC habían parado las desmovilizaciones alegando que el Gobierno no estaba cumpliendo con los compromisos anteriormente adquiridos. Como resultado de negociaciones entre el Gobierno y las AUC, se acordó reiniciar las desmovilizaciones y el 12 de diciembre 1.923 integrantes de tres frentes del Bloque Central Bolívar (BCB) en Antioquia entregaron sus armas. Desde esa fecha se han desmovilizado 1.603 autodefensas más, en el mes de diciembre y más de 6,000 en lo que va del 2006.”.

En suma, negociaciones y acuerdos de desmovilización con entrega de armas, sometimiento a la justicia con beneficios de ley para quienes aceptaban ante un Fiscal sus asesinatos, justicia transicional, reparación a víctimas, cumplimiento de condenas y reinserción de criminales a una vida comunitaria, con apoyo económico, jurídico y político institucional de una serie de organismos internacionales como vigilantes y garantes externos del proceso. Sumamente aleccionador.

Sin embargo, el proceso no ha concluido aún. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC desbrozó el camino para reforzar la desmovilización paramilitar, al quitarles a las AUC el “enemigo predilecto” (y a todos los que estuvieron detrás de ella). La enseñanza es que no obstante lo extremadamente complejo del proceso, de negociar con actores criminales, de flexibilizar la institucionalidad jurídica del Estado para hacerlo factible, de acomodar las tácticas y estrategias de los gobiernos al concurso legal y solidario de los representantes de organizaciones internacionales (ONU, OEA, HRW), el objetivo es posible, aunque la construcción de un ambiente de concordia, paz y desarrollo debe ser una lucha permanente, no un objetivo temporalmente limitado. Pero esto sólo puede suceder, si la sociedad mayoritariamente toma en sus manos el proceso y lo impulsa a través de las instituciones del Estado. Es una magna tarea que rebasa con mucho a los gobiernos nacionales, aunque sean ellos quienes los ponen en marcha.