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Mexico

Incapacidades e inseguridad marcan migración en México

Si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es de continuidad y pretende cambiar de raíz muchas prácticas y destruir intereses creados, «esto implica sacudir estructuras», destacó en entrevista para EL DEBATE Bernardo Méndez Lugo, diplomático en retiro y director ejecutivo de la fundación Pro Migrante América sin Muros AC, quien admite que existen muchas resistencias.

Expuso que no es sencillo que, a un año del Gobierno de AMLO, se pueda evaluar la política migratoria en México, ya que se requiere analizar el cambio de régimen en el país y las intenciones de ruptura con el patrón de desarrollo anterior, neoliberal, implantado a partir del Gobierno de Miguel de la Madrid, desde diciembre de 1982.

A finales del 2018 y durante el 2019, las caravanas migrantes procedentes de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos protagonizaron el tema migratorio de México. Además, generaron que el Gobierno de Estados Unidos amenazara a México con imponerle nuevos aranceles a la importación de sus productos.

Ante este panorama, Bernardo Méndez Lugo, diplomático en retiro y director ejecutivo de fundación Pro Migrante América sin Muros AC, reconoció que México ha aplicado una política de contención de la migración en la frontera sur con disminuciones muy significativas de los flujos.

Además, sostuvo que México tiene fuertes limitaciones para cumplir lineamientos de derechos de migrantes que se han promovido y auspiciado en foros multilaterales.

Ante este panorama, destacó que diversos analistas y expertos han señalado que México tenía espacio y capacidad para negociar términos más adecuados a sus necesidades y soberanía, y quizá pudo mantener un mayor margen de maniobra para defender derechos de migrantes contemplados en el Pacto Global de Migración, que incluso se ratificó en la Asamblea de la ONU en diciembre del 2018.

Méndez Lugo agregó que un tema relevante es lo relativo a más de 55 mil solicitantes centroamericanos de asilo en Estados Unidos que el Gobierno de ese país ha regresado a esperar en territorio mexicano, esto ante un panorama donde la capacidad y los recursos para atenderlos de parte de México es insuficiente y existen muchos riesgos en su espera.

En el caso de los más de 40 mil solicitantes de asilo en México, consideró que es necesario incrementar la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para procesar sus solicitudes y sus permisos de trabajo, consideró el experto.

Aunque reconoció que una propuesta alentadora de parte del Gobierno de México ha sido el Plan de Cooperación y desarrollo para Centroamérica, que ya se inició con la réplica del programa Sembrando Vida en El Salvador, Honduras y Guatemala; así como la réplica del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los países mencionados, y el impacto de estos programas será en el mediano plazo en el sentido de limitar la migración.

El peor escenario

Por su parte, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), en entrevista para EL DEBATE indicó sin mínimo titubeo que el mayor peligro que tienen los migrantes en México es la muerte, esto por la política de contención migratoria que empezó después de que el 20 de diciembre del 2018 el Gobierno mexicano aceptara el protocolo Quédate en México, mismo que formalizó el 7 de junio del 2019. 

«Lo que están viviendo la mayoría de las personas es falta de seguridad, seguridad física, falta del debido proceso, falta de acceso a la salud, tanto física, como emocional. En México, con tantas detenciones migratorias, nuevas deportaciones, la gente no tiene acceso a información, al debido proceso y muchísimo menos a representación legal», explicó. 

Gretchen Kuhner señaló que se atraviesa una estrategia mexicana de detener y deportar al mayor número de personas que sean posibles; contener a las personas en el sur de México, específicamente en Chiapas, y no dejarlos salir: «Es recibir a más de 60 mil personas, y eso va aumentando todos los días, que están retornadas de Estados Unidos, mientras esperan sus audiencias, que realmente es una política falsa», agregó. 

Indicó que si actualmente el Gobierno de México está rebasado en materia de migración, es resultado de su propia política. En este sentido, detalló que la Guardia Nacional, que actualmente es utilizada para la política de contención migratoria, podría ser en su lugar orientada para ayuda humanitaria: «La Guardia Nacional no es para la contención migratoria, es para todo México», expuso. 

Un panorama lamentable es el que viven niños, niñas y adolescentes migrantes, por lo que Gretchen Kuhner puntualizó que la Ley Nacional de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes establece claramente que ninguno de ellos debería estar detenido en estaciones migratorias; sin embargo, lamentó que en la práctica lo que están haciendo es deteniéndolos y deportándolos, tanto los que viajan con familiares, como los que están no acompañados.

Inseguridad migrante 

Hace unos días, el Instituto para las Mujeres en la Migración AC publicó un análisis sobre el protocolo Quédate en México, también conocido como Migration Protection Protocols (MPP) y Remain in Mexico.

En él, destaca las condiciones de inseguridad a lo largo de la frontera norte de México que deja en la indefensión a la población solicitante de asilo en Estados Unidos que ha sido devuelta a México bajo dicho protocolo. 

Revelaron que, de acuerdo con un monitoreo realizado en línea, de setenta publicaciones en portales internacionales, organizaciones de la sociedad civil, portales nacionales y expertos, y abogados que reportaban el secuestro de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México, realizado entre septiembre y octubre del 2019, se registraron 418 reportes de secuestros: «Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de secuestros se registraron; central de autobuses, saliendo de los módulos del Instituto Nacional de Migración y a la salida de albergues son los lugares donde se registró el mayor número de secuestros, siendo el crimen organizado y la Policía Federal los principales perpetradores. De ello, 13 por ciento del total de los 418 reportes pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales; 50 son menores de edad; y 38 familias», cita el Instituto [ver completo aquí: https://bit.ly/34DI7NM].

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