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Mexico

RIP al Seguro Popular

Asistimos al funeral del Sistema de Protección Social en Salud, marco normativo del Seguro Popular y política pública que pretendió alcanzar la cobertura universal, para ser sustituido por un Instituto de Salud que enfrenta ya retos difíciles.

Al inicio del gobierno de Fox se propuso un programa de protección financiera para gastos por salud de la población abierta. Inició en cinco estados, pero para mediados de 2001, un pequeño grupo de diversas áreas de la Secretaría de Salud imprimió un mayor ritmo a la expansión en otras entidades federativas. El programa se reconceptualizó como uno de subsidios a la familia para evitar barreras financieras en el acceso a los servicios de salud.

El subsidio nunca se concibió como un sueño neoliberal en cash o váuchers El programa creció rápidamente y rebasó sus metas en 2002, por ello para 2003 se asignaron más recursos y fijaron ambiciosas proyecciones; a mediados de ese año, la meta se habría logrado y se decidió duplicar el objetivo.

Fue exitoso el plan porque para los Gobiernos estatales representó un incremento neto en el presupuesto para sus servicios, con la única obligación de proporcionar la prestación de salud. No existía aportación o incremento alguno de las administraciones locales al financiamiento de los servicios.

Se tomó la decisión de impulsar una reforma a la Ley General de Salud y añadir un título sobre el financiamiento de los servicios. Para 2004, las comisiones legislativas tuvieron la oportunidad de proponer el punto de partida sobre el cual se construyó la iniciativa presentada al Senado.

La reforma fue aprobada por el Congreso con un mayor respaldo de los senadores. En secreto se expide la legislación y se establece el 1 de enero de 2004 como fecha para su entrada en vigor. Para ello, la Secretaría de Salud debía firmar acuerdos de coordinación con los Gobiernos estatales. A lo largo del proceso legislativo como en la requerida firma de acuerdos, funcionarios de la Secretaría de Hacienda operaron intensamente para que la reforma fuera aprobada y los acuerdos firmados. Para fin de año ningún Gobierno estatal había firmado, ni los panistas. Hasta que un mandatario priista acepta y firma, arranca el Sistema de Protección Social de Salud. Transcurrió más de un año para que la última entidad, el Distrito Federal, finalmente aceptara firmar el acuerdo de coordinación.

En 15 años de existencia, el Sistema de Protección Social de Salud logró:

1. Homologar con el Seguro Social la estructura tripartita de financiamiento de servicios de salud con la cuota social, aportación del Estado como garante del derecho universal a la salud. Pocos años después, el ISSSTE adoptó una estructura similar, por lo que para 2018 entre derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, más los afiliados al SPSS, 100 de los 125 millones de mexicanos contaban con la garantía de protección para la salud por la cuota social.

2. Incrementar con un ritmo establecido por ley, los recursos federales y estatales del SPSS con base en criterios y variables estrictamente definidos y medibles.

3. Cerrar la enorme brecha existente entre las aportaciones de Gobiernos estatales, donde destaca Tabasco, al que la incorporación al Sistema de Protección Social le exigía menos recursos de los que ya, de por sí, destinaba a los tabasqueños sin seguridad.

4. Sentar claramente las bases para el cálculo de las aportaciones, tanto de los estados como de la federación por cada persona afiliada al SPSS.

En contraparte, en sus 15 años de existencia, el SPSS no logró:

1. Alcanzar la protección financiera universal, ya que para 2010 la carencia de acceso a servicios de salud era de 33.5 millones de personas.

2. Garantizar de manera transparente la rendición de cuentas sobre la enorme cantidad de recursos crecientes, de los que el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud es directamente responsable ante los órganos internos de control y la propia Auditoría Superior de la Federación.

3. Reconocer e incorporar como proveedores de servicios para recibir recursos de los fondos del SPSS, a programas como IMSS –Oportunidades, Prospera, Bienestar o los antiguos servicios médicos del DDF.

La iniciativa de reforma presentada por Morena puede echar por la borda elementos centrales del Estado Mexicano en materia de salud. Ésta no es producto del Seguro Popular ni del SPSS. Su origen se remonta a la ley del IMSS en 1997; el Seguro Social es uno de los proyectos revolucionarios del presidente Cárdenas, pero que encontró la oposición de quienes calificaban la medida como populista; no fue hasta 1943 que la visión cardenista logró realizarse con Ávila Camacho.

En la propuesta de Morena:

1. Se abandona la claridad y precisión de los conceptos y montos aportados para el financiamiento de los servicios, por una vaga, nebulosa e imprecisa “asignación presupuestal” y aportaciones estatales.

2. Se elimina la aportación mínima estatal obligatoria señalada en la ley. La consecuencia previsible de ello es que todos los estados cedan al Instituto de Salud para el Bienestar la operación de los servicios y facilitar en comodato sus hospitales o clínicas, con ello dejan de aportar en conjunto 29 mil 150 mdp para la atención a la población sin seguridad social en el país.

3. Finalmente, con la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, en la iniciativa de reforma, lo único claro es que será un organismo descentralizado con patrimonio propio. Como están las cosas, el patrimonio de dicho instituto no será más que el palacio versallesco y los muebles Luis XIV que le deje de sus instalaciones la Comisión Nacional.

Después de cartas, descalificaciones, desfile de vanidades, protagonismos e ignorancia lastimosa, es alentador que las Comisiones responsables de la iniciativa de reforma: Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, le hayan entrado al toro por los cuernos, y abierto la discusión de la reforma a investigadores y expertos en la materia.

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