Su objetivo: compartir experiencias; analizar e intercambiar las perspectivas, retos, retrocesos y desafíos de los derechos de las mujeres en nuestro país; proponer agendas para el fortalecimiento de las alianzas feministas y promoción de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres
Todo un éxito resultó el Encuentro Nacional Feminista que se celebró el sábado 23 de septiembre, para conmemorar el Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista de 1923. Sus objetivos fueron conocer los aportes del Congreso Feminista de 1923 y la historia del feminismo en Panamá; compartir experiencias; analizar e intercambiar las perspectivas, retos, retrocesos y desafíos de los derechos de las mujeres en nuestro país; proponer agendas para el fortalecimiento de las alianzas feministas y promoción de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres; sistematizar y recopilar información que sustente la memoria y declaración de principios del Encuentro, así como motivar la unidad, sororidad y organización feminista para la participación e incidencia política.
La inauguración fue el viernes 22 de septiembre en el auditorio del Tribunal Electoral, con la asistencia y palabras de la Ministra de la Mujer, SE Juana Herrera y la Ministra de Desarrollo Social y SE María Inés Castillo, ambas declaradas feministas, seguidas de la conferencia magistral de la historiadora Yolanda Marco Serra. Luego se entregó una medalla y un certificado de reconocimiento a 100 mujeres que se han destacado en la defensa de los derechos humanos, incluyendo la recordación de varias que ya no están con nosotras. La metodología que se utilizó durante el Encuentro propiamente dicho, el sábado 23 de septiembre, después de una mesa de debate sobre la evolución histórica del Feminismo en Panamá, contexto actual y análisis de los derechos de las mujeres en Panamá, constituyó en mesas temáticas de intercambio. En las mesas temáticas se analizaron los derechos que hemos logrado y el avance legislativo desde 1923.
Las mesas revelaron claramente que, a pesar del avance, todavía hay un gran rezago tanto en las leyes, la capacitación de funcionarios y de toda la población y el cumplimiento de las leyes y voluntad política para resolver los múltiples problemas que todavía afligen a las mujeres, que ahora dejaron de ser minoría, ya que conforman el 50.4% de la población. Este incumplimiento y falta de voluntad política se refleja en el aumento que vivimos de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas, la población LGBTIQ+, el sexismo, la xenofobia y la resistencia a respetar los derechos humanos por parte de grupos antiderechos y fundamentalistas religiosos, que anteponen sus creencias a los mandatos de la ley.
Las mesas temáticas estuvieron conformadas por mujeres de una gran diversidad: lesbianas, indígenas, afrodescendientes, transexuales, discapacitadas, sociólogas, abogadas y trabajadoras. Cada una reveló los acosos y el tipo de violencia y la falta de acceso a la justicia que había sufrido. ¿Qué se reveló al correr el velo de silencio de las sin voz?
Las autoridades siguen incumpliendo la legislación nacional en materia de género; la Asamblea Nacional se niega a reformar la normativa vigente que dé a todas garantías de protección y tutela judicial efectivas; y el Órgano Judicial sigue emitiendo fallos vergonzosos y nefastos en contra de las mujeres. Después de 10 años, por fin se ha cumplido con el mandato de comprar brazaletes electrónicos, pero no se han colocado a los ofensores que reiteradamente ejercen violencia física extrema contra sus víctimas de violencia doméstica, ya que son la única herramienta para prevenir el femicidio.
La violencia es estructural y se banaliza por completo la realidad que viven las niñas y mujeres en todo el país. Para ejemplo, tenemos el caso de la diputada juvenil Madelene, que no fue protegida debidamente por los estamentos llamados a hacerlo.
Las mujeres con discapacidad siguen teniendo barreras arquitectónicas y de acceso a la información, a pesar del mandato de la ley.
Los grupos fundamentalistas religiosos extremistas niegan el acceso a un aborto seguro a niñas y mujeres que son violentadas sexualmente, como manda la ley.
La falta de conocimiento sobre salud sexual y salud reproductiva es un problema significativo y no se tienen en cuenta los derechos humanos, el ciclo de vida, ni el placer de las mujeres.
A las mujeres políticas se les niega el derecho al ejercicio efectivo de sus derechos políticos y a la paridad de género.
La minería es un factor importante de la división y conflicto social y de ruptura de tejidos comunitarios.
Las mujeres aún nos encontramos en desigualdad para acceder a todos los niveles de toma de decisiones y los altos mandos, a pesar del mandato de la ley.
Los medios de comunicación siguen ejerciendo violencia mediática contra las mujeres a través de titulares sexistas, pornografía, frivolización del femicidio, y anuncios sexuales que fomentan la prostitución.
