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La elección del magistrado Orlando Aguirre podría ser el último proceso de nombramiento de la Corte Suprema que sea secreto. (Rafael Pacheco Granados)
Los diputados aprobaron este martes, en su trámite de primer debate, el proyecto para eliminar el secretismo en las votaciones de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa aprobada tuvo el aval unánime de los 45 congresistas presentes en la sesión plenaria, luego de conocer algunas mociones de fondo que estaban pendientes de trámite.
Se trata del expediente 23.313, que reforma varios artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial y establece también que todas las sesiones de la Corte Plena, que reúne a los magistrados, serán también públicas.
La única excepción para hacer sesiones de la Corte privadas será cuando se tengan que discutir asuntos que se puedan considerar secreto de Estado o sobre información confidencial de terceros, de acuerdo con la ley.
En esos casos, la privacidad de las sesiones deberá aprobarse con el voto de 15 de los 22 magistrados que integran la Corte Plena, es decir, dos tercios del total.
El proyecto había recibido un aceleronazo el 13 de setiembre, en medio de la polémica por las numerosas votaciones secretas que había hecho la Corte Plena sin éxito para elegir a su nuevo presidente, decisión que finalmente se tomó la semana pasada con la designación del magistrado Orlando Aguirre.
Específicamente, se aplican modificaciones en los artículos 15, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en expediente presentado por los seis miembros del Frente Amplio.
En el caso de los artículos 15 y 59, se trata de modificaciones para eliminar el secreto en los procesos de nombramiento que actualmente realiza la Corte; de hecho, el 59 se refiere específicamente al secreto en la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la Corte.
En el caso del artículo 58, establece que todas las sesiones de la Corte Plena son públicas, salvo en los casos de secreto de Estado o información confidencial de terceros según la ley, como ya se dijo.
Originalmente se pretendía reformar también el artículo 13, para eliminar el secreto y la privacidad en sesiones donde se discutan rehabilitaciones de funcionarios judiciales que, anteriormente, hayan sido inhabilitados por diversas situaciones, como consumo excesivo de alcohol, drogas o trastornos graves de conducta, así como auto firme de apertura a juicio, condena a prisión o sanción de impedimento para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, este martes, esa modificación se eliminó del proyecto en cuestión.
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