San José.- Las grandes autobuseras se siguen comiendo a las pequeñas del país, mientras acaparan una numerosa cantidad de rutas a su favor, omitiendo así la ley que regula el transporte remunerado de personas (Ley 3503).
Una afirmación que la diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, externó durante una intervención en la Comisión de Asuntos Económicos, mientras se discutía un proyecto que permitirá elevar la antigüedad de las de las unidades que brindan el servicio de transporte público hasta por 20 años.
“Todos saben que en este país no se está respetando lo que la regulación indica del máximo de rutas que pueden tener algunas empresas”, dijo Alfaro, quien a su vez la arremetió contra el ente regulador en esta materia.
“Aquí ha habido incluso una práctica, de parte del CTP (Consejo de Transporte Público), absolutamente desleal para los pequeños autobuseros que es el de la unificación de rutas”, comentó la congresista.
Justamente en agosto pasado, el presidente Rodrigo Chaves, mandó a su jerarca de transporte, Luis Amador, a investigar la concentración de rutas que existe en el país desde hace años, por parte de autobuseras a cargo de un solo empresario.
Sin embargo, el órgano que se supone debe evitar estas prácticas, sigue efectuando una gestión ineficiente, según calificaciones hechas por otros diputados.
Reaccionando tarde
Ante consultas de El PeriódicoCR, el Consejo aseguro que “se solicitó declaración jurada notarial con vista en el libro de accionistas hasta llegar a persona física”, para desenmascarar a los empresarios que se aprovechan del bajo control de la ley que los rige.
El CTP decidió reaccionar luego de que se pusiera en evidencia que la unidad involucrada en la tragedia ocurrida en Cambronero, donde murieron nueve personas, estaba fuera de la cantidad de años permitidos para prestar el servicio.
Pues casi una semana después, la entidad anunció que comenzará a investigar la antigüedad de la flota vehicular de transporte público.
Anudado a esto, ahora las grandes autobuseras, que no fueron tan golpeadas como las de menor recursos por la pandemia, se verán beneficiadas con el nuevo proyecto que les dará el chance de sacar los buses más viejos a las calles del país.
“Les favorece a ustedes (pequeñas autobuseras) que vengan los grandes autobuseros a venderles prácticamente su chatarra para que ustedes sigan tratando de funcionar. ¿Les va a servir? ¿Quién está haciendo aquí el negocio? ¿A quién estamos favoreciendo?”, cuestionó la legisladora del Frente Amplio.
De momento, las grandes empresas autobuseras sacan ventaja de un proyecto de ley que no las distinguen de los que realmente han sido afectados, sacándole el jugo con solo mantenerse al margen.
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