Ciudad de Panamá, 27 sep (Prensa Latina) La audiencia por el caso Odebrecht en Panamá continúa hoy con los alegatos de los abogados de la defensa que niegan el vínculo de 50 imputados con el delito de blanqueo de capitales.
Los letrados también cuestionan el debido proceso y aseguran que sus clientes no guardan relación con los sobornos que repartió la constructora brasileña a cambio de beneficios en obras y proyectos.
La víspera, quien más sobresalió en sus argumentos fue el abogado Orison Cogley, exfiscal del Ministerio Público, quien señaló ante la jueza Baloisa Marquínez, que a su representado, el expresidente de la República, Juan Carlos Varela (2014-2019) no corresponde el pseudónimo de “Cachaza”, identificado supuestamente así por la compañía para beneficiarse con las coimas.
También Cogley aseguró que el hecho de que una empresa transfiera dinero, no significa que se está cometiendo un delito.
En ese sentido, alegó que de acuerdo con el propio Varela, los pagos que recibió de Odebrecht eran “donaciones” para las campañas electorales del Partido Panameñista de 2009 (en la que fue en alianza con Ricardo Martinelli y ganó como vicepresidente de la República) y de 2014, con la que llegó al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo).
Según las pesquisas, el dinero de Odebrecht llegó al Panameñista a través de la fundación Don James y por medio de dos sociedades: V-Tech y Poseidon Enterprises.
La defensa de Varela también invocó una presunta inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque hasta ahora nadie ha visto al exmandatario en ese organismo regional y no hay constancia siquiera de que ha sido juramentado.
En la vista fiscal, el letrado Mahmad Daud Hasan argumentó que Varela recibió gran cantidad de dinero producto de sobornos de la caja dos de la constructora brasileña, es decir, dinero ilícito, indicó.
En la investigación sobre el mayor atraco de fondos públicos de la historia del istmo, según dijo, la actitud del exgobernante además de vergonzosa, representa un acto que atenta contra todos los panameños, contra los ciudadanos decentes de este país.
El fiscal también pidió que se llame a juicio a Jaime Lasso, identificado como intermediario entre Odebrecht y el Partido Panameñista, y su hija Michelle Lasso.
Daud Hasan sostuvo que ambos, padre e hija, a través de sociedades suministradas, realizaron pagos para beneficiar a Varela. Por ello, estimó que su participación es “crucial” dentro del esquema para canalizar el esquema de sobornos.
Aseguró también que Odebrecht “quería tener acceso al poder, no se contentaba con tener las obras” y que por ello pagaba coimas y sobornos a diestra y siniestra, a presidentes de la República, vicepresidentes, ministros de Estado y hasta cantidades exuberantes en época electoral.
Se trataba de un paquete a la medida del más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región, en el que también está involucrado el expresidente del país istmeño Ricardo Martinelli (2009-2014) y sus dos hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, ahora presos en Estados Unidos.
El juicio por el mayor escándalo de corrupción en el continente tiene como base 813 páginas de una investigación reabierta aquí en 2017.
