Tardaron demasiado y defendieron hasta el último minuto el secreto de sus actuaciones, pero las universidades públicas se vieron obligadas a ceder frente a las exigencias de cambio en el manejo de las denuncias de acoso sexual. La delantera la tomaron las estudiantes y detrás vinieron la prensa y la opinión pública. Luego se pronunciaron los tribunales para echar por tierra los ridículos alegatos de las rectorías para defender el silencio sobre los abusos y sus perpetradores.
El secreto era la piedra angular del sistema. A su amparo prevalecían la ineficacia de los procedimientos y la laxitud de las sanciones. Para defenderlo se alegó la posible vulneración del “derecho al olvido”. También la protección de las víctimas, cuyas identidades, empero, pueden ser resguardadas sin extender la misma consideración a quienes no la merecen.
Las agredidas son las principales interesadas en correr el velo del silencio, pero uno de los rectores se pronunció a favor de mantener el secreto para evitar la revictimización. No obstante, las alumnas insistían en revelar los nombres de los sancionados, entre otras razones, para no matricularse con un acosador.
También se alegó la posibilidad de represalias contra denunciantes y funcionarios. A tenor de ese argumento, lo mejor sería sufrir el abuso en silencio, porque la mera denuncia podría despertar el deseo de venganza. El argumento cae por su propio peso y solo evidencia la falta de mecanismos de protección y acompañamiento.
La publicidad de los hechos y del resultado del procedimiento reduciría el número de denuncias, dijo un rector, pero las acusaciones de todas formas son pocas, replicaron las estudiantes, y su escasez en mucho se debe a la desconfianza en el procedimiento y la insatisfacción con los resultados.
El argumento más absurdo descansa sobre la preocupación por el dolor de las familias de los victimarios. El sufrimiento de terceros es lamentable, pero no puede ser obstáculo para la transparencia, único medio de asegurar la eficacia de las políticas públicas y su buena administración.
El cambio en el manejo de las situaciones de acoso obedece, precisamente, a la transparencia. Las alumnas hicieron pública su protesta y los medios encontramos la forma de relatar detalles indignantes. Los rectores se vieron obligados a adoptar una posición defensiva, con argumentos insostenibles como los reseñados. Si alguna vez hubo un asomo de duda sobre su admisibilidad, los tribunales se encargaron de despejarla.
El 26 de setiembre, el Tribunal Contencioso-Administrativo reiteró la publicidad de la información sobre empleados estatales sancionados por hostigamiento sexual. En las universidades, esa publicidad es necesaria para resguardar a las estudiantes y recordar a los funcionarios su deber de mantener “una especial conducta de rectitud”. La Sala Constitucional se pronunció en el mismo sentido.
Hoy, las universidades públicas son más severas frente al hostigamiento sexual. La sanción más aplicada antes de las protestas del 2019, una semana de suspensión, es ahora la menos utilizada y los despidos son mucho más frecuentes. En la Universidad de Costa Rica, el cese es la sanción más aplicada. También hay nuevas disposiciones reglamentarias para combatir el acoso, como la obligación de los funcionarios de informar a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento todo indicio de mala conducta que llegue a su conocimiento.
Hay mucho camino por andar. Muchas víctimas prefieren abstenerse de denunciar, reconoce Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, pero la transparencia ganada incrementará la confianza en el sistema y permitirá identificar sus falencias para hacer las correcciones necesarias.
