¡Cuánto habría querido apelar en mi niñez al recurso de la confidencialidad, como las instituciones públicas, para no haber tenido que confesar a mi madre mis travesuras!
En aquellos lejanos años, era inverosímil acogerse al secreto para ocultar las acciones cometidas. Fue así como ni siquiera me fue posible reivindicar el interés científico cuando me castigó por haberme quedado con algunas monedas de los mandados para comprar las postales del álbum de los dinosaurios que con ilusión comencé a llenar.
Corren otros tiempos, y ni la madre que es la entera ciudadanía ni la parentela de la prensa saben de inciertos convenios y acuerdos de los entes públicos porque son declarados confidenciales.
Apruebo con deshonroso fervor que en nuestra madriguera personal sea provechoso que algunas conductas queden encerradas en el corral de lo secreto para no arruinar el pasable concepto que de nosotros tienen los demás, pero cuando los asuntos desbordan la sangre individual para derramarse en el interés nacional, deberían abrirse las ventanas y puertas de las instituciones públicas para que contratos, compromisos y otros negocios lleguen a los ciudadanos.
Evidentemente, el AyA, el INS, Recope y el resto de las 300 instituciones que hasta chocan entre sí no se sienten obligados a hacernos saber cada actividad cotidiana que realizan. Para estos funcionarios, pareciera que somos fisgones y bastante tenemos ya con administrar el complejo emprendimiento de nuestras vidas.
No obstante, en lo que corresponde a los asuntos que conciernen a la institución y tienen consecuencias en el bienestar y la eficiente gestión de los recursos del país, echar mano de la confidencialidad es tan irrazonable como el del capitán del barco que ocultaba a la oficialía el género de mercancía que transporta en sus bodegas.
Especulo que hay directivos que están poseídos por un espíritu de alarma y desmedido escrúpulo cuando la prensa los busca para informarse e informarnos. Ya podemos sumar con dos dígitos los casos en los que emplean un vago comunicado escrito con la coletilla donde dice que de tal asunto no deben enterarnos porque está sellado como confidencial, es decir, que no lo sepa nadie más que los de adentro.
Ahora bien, habrá que recordar a los de adentro que están ahí para servir e informar a los de afuera, y algo espinoso y declarado confidencial en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) baja el voltaje a su credibilidad ante los ciudadanos.
Un contrato lacrado como confidencial en el Instituto Nacional de Seguros (INS) no me pone una póliza de confianza en las manos. Me parece que ya tenemos suficientes tramas ocultas y estructuras paralelas y yuxtapuestas como para que las puertas de las entidades públicas se cierren con un abusivo secretismo.
Equivalente a la confidencialidad por su hermetismo, hay una palabra que sale de la boca de los funcionarios, formada a partir de un embrollo de vocales y consonantes para justificar su silencio ante las comisiones legislativas: judicialización.
Hube de socorrerme con el diccionario: judicializar es llevar a la vía judicial un asunto que puede conducirse por otra, generalmente política, de tal modo que los investigados están impedidos de explicar y responder, porque aquello por lo que uno pregunta “está judicializado”.
Es así como los oídos de los ciudadanos, los diputados y la opinión pública están condenados hasta que lo investigado sea sabido y juzgado en los tribunales con la pronta y cumplida justicia de los próximos quince años.
Hace pocos días, la Contraloría General de la República advirtió al INS de que debía justificar con sólidos argumentos la razón por la cual declaró confidencial un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) y la Sala Constitucional le ordenó a la aseguradora estatal entregar la información sobre el aumento salarial de un 1,7% mensual que beneficia a sus 2.470 empleados.
Me tranquiliza un poco que la Contraloría diera algunos golpes a la hermética puerta del secretismo de la institución y que la Sala la derribara por completo. Naturalmente, yo condeno, con civilizado ánimo, que se use el mismo proceder con los funcionarios que callan a causa de estar judicializados. Sin embargo, con cándida y quebradiza fe, espero que se den a sí mismos una sacudida de conciencias para que de sus bocas se desprenda el pegamento de mutismo y por una vez contribuyan a la verdad en medio de tanta deuda pública de transparencia.
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El autor es educador pensionado.
