Entre críticas y popularidad, régimen de excepción cumple seis meses en El Salvador

Hoy se cumplen seis meses desde que el gobierno implementó el régimen de excepción y aunque la medida tiene una amplia aprobación popular debido a la reducción en las cifras de homicidios, los expertos destacan los daños colaterales que también causaron a los derechos humanos.

Según Cristosal, hasta la fecha se contabilizan 80 personas fallecidas dentro de las cárceles nacionales durante el régimen de excepción. Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de la organización, dijo que estas muertes se pueden considerar " ilícitas y arbitrarias” porque “son personas que estaban en custodia del Estado y algunas de estas muertes sucedieron con sospechas de tortura”.

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A las muertes se suma la carencia de información denunciada por los familiares de las víctimas. Ellos argumentan que hay evidencia que dentro de las cárceles la situación está “en muy malas condiciones, ya que varios de los decesos han sido a causa de las malas condiciones del lugar”.

Esto evidencia un “desmejoramiento de la situación carcelaria”, indicó Ábrego. Sobre esta misma problemática, opinó Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Él calificó la situación como “la peor consecuencia del régimen de excepción”, pues el Estado es el máximo responsable y bajo su responsabilidad muchas personas han fallecido, además que “hasta le fecha todas las muertes están en la más absoluta impunidad”.

Otro factor que identifica Fino son las constantes denuncias por la privación de libertad de personas inocentes y su revictimización. “Son víctimas de la detención y después los funcionarios los invisibilizan diciendo que son daños colaterales o que es un porcentajes aceptable”, agregó.

Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que otro problema constante dentro de las denuncias que reciben sobre violaciones de derechos humanos es el abuso hacia mujeres, donde hay un “abuso de autoridad y violencia estructural”. Según ella, sucede en menor porcentaje, pero no se está abordando de la manera adecuada.

Además, dijo que es lamentable que no se esté buscando una solución para los afectados. “En estos momentos no se está hablando de reparar integralmente, de buscar mecanismos de soluciones, sino de continuar con estas prácticas que en el pasado no han funcionado y en el presente están teniendo más afectaciones a los familiares y privados de libertad”, aseguró.

También abogó por el mal trabajo del Órgano Judicial, donde los jueces no están estableciendo medidas sustitutivas cuando la situación del privado de libertad es delicada y no puede apelar por su grave situación médica, ni tampoco están realizando audiencias especiales.

Otra institución que está siendo denunciada por su trabajo “deficiente” es la Sala de lo Constitucional, que hasta agosto recibió 1,825 habeas corpus y solo ha resuelto 18 a favor de las víctimas.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), dijo que de acuerdo a la evidencia que lograron recabar por medio de acceso a la información pública, la estadística “deja entrever que hay una deficiencia en el trabajo de la Sala, donde lo menos que ha sucedido es que se han resuelto solicitudes por parte de la ciudadanía en el régimen de excepción”.

Enfatizó que al final de cada prórroga se puede identificar claramente que es la Sala la que decide no dar respuesta a las detenciones ilegales, a pesar que es el mismo Estado salvadoreño el que dice que hay capturas que han sido “errores” y que son un daño colateral.

“La Sala, incluso, se ha despojado de sus atribuciones constitucionales y ha suspendido el habeas corpus a la luz de la evidencia”, recalcó.

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Fino indicó que las graves consecuencias del régimen se deben a la ruptura constitucional y la independencia de los jueces. “Se ha dado la ruptura constitucional de los más elementales derechos, como la presunción de inocencia”, aseguró.

Henri Fino dijo que es claro que hay muchos ciudadanos que ven con buenos ojos el régimen, ya que perciben “una disminución de la inseguridad en el territorio” y que hay persona que aseguran que ya no ven pandilleros. Sin embargo, varios delitos siguen ocurriendo, como la extorsión y las violaciones hacia mujeres.

“Nos hemos percatado que subsisten los problemas con las personas desplazadas. El número de casos de desplazamiento que recibe Cristosal han seguido y han sido por causas originadas por la violencia de pandillas”, aclaró.

Fino también identificó que hay personas que han visto cambios, pero estos no serán permanentes, y que “el régimen de excepción, si bien ha generado la sensación de seguridad en las comunidades, no ha resuelto ni resolverá el problema de la delincuencia y la violencia”.

El Ministerio de Seguridad destacó ayer que fruto del régimen se han incautado 1,544 armas de fuego, 1,919 vehículos que pertenecían a las pandillas y 12,405 teléfonos celulares.

Estos son los puntos más importantes desde que entró en vigencia el régimen:

Este es un análisis de las consecuencias negativas, sobre todo en materia de derechos humanos:

1- Prórroga: El decreto del régimen de excepción vive actualmente su sexta prórroga, que vencerá el 15 de octubre. Su justificación fue reducir el repunte de violencia homicida que hubo a finales de marzo.

2- Capturas: Hasta el 26 de setiembre el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que desde que inició el régimen de excepción han detenido 53,465 “terroristas”, pese a que las personas aún no son condenadas ya son calificadas como tal.

3- Muertes: Cristosal informó que hasta el 26 de setiembre contabilizan 80 muertes de privados de libertad. Y que los delitos que más denuncian los familiares de capturados son detención arbitraria, allanamiento de morada y malos tratos.

4- Habeas corpus por capturados: Los familiares de las víctimas han presentado habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, pero de los 1,825 presentados, solo 18 fueron resueltos a favor de las víctimas. Cerca del 1 %.

5- Megapenal: El presidente Nayid Bukele dijo que el megapenal en Tecoluca, San Vicente, sería destinado para 20 mil reos, luego duplicó la cifra a 40 mil. Por ahora el penal todavía no ha sido terminado.

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