Washington. Estados Unidos saludó un acuerdo de “protección social” alcanzado este sábado en México entre el gobierno y la oposición venezolanos, que permitió un alivio inmediato de sanciones por parte de Washington a Venezuela.
“Nos unimos a la comunidad internacional en saludar el reinicio de negociaciones” entre las dos partes, luego de casi un año y medio de parálisis, expresó una alta fuente del gobierno estadounidense sobre las tratativas relanzadas en México.
El informante señaló que el acuerdo da cuenta de “importantes pasos en la dirección correcta” en Venezuela, que recibió minutos después un alivio de sanciones con la autorización de Washington a Chevron para retomar parcialmente sus actividades de extracción petrolera en el país caribeño.
Según el Departamento del Tesoro, Chevron puede retomar en parte las actividades de la empresa de la que es copropietaria en Venezuela con la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), si se asegura que “PdVSA no reciba ningún ingreso de las ventas de petróleo realizadas por Chevron”.
Este levantamiento parcial de disposiciones punitivas “refleja la política de largo plazo estadounidense que apunta a un levantamiento de sanciones sujeto a avances concretos” que aminoren el sufrimiento del pueblo venezolano y permitan “respaldar el regreso de la democracia” a Venezuela, señaló el Tesoro.
El Departamento de Estado por su parte precisa que las demás sanciones siguen vigentes y que Estados Unidos seguirá aplicándolas “vigorosamente”.
El pacto gobierno-oposición liberaría recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, según había adelantado el gobierno, sin precisar dónde se encuentran esos fondos ni su monto.
Feroz opositor a una flexibilización de la presión contra Caracas, el influyente senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, estimó que el acuerdo de este sábado es “un paso urgente y necesario para enfrentar la miseria y el sufrimiento del pueblo venezolano”.
Menéndez señaló no obstante que no se hace “ninguna ilusión” sobre la “súbita voluntad” de Nicolás Maduro de actuar en “el mejor interés de su pueblo”.
Venezuela está bajo sanciones estadounidenses y europeas, que buscan promover la salida de Maduro del poder, pero agravan al mismo tiempo la crisis económica que golpea al país sin lograr los resultados buscados.
Las conversaciones retomaron en mayo con una flexibilización de algunas sanciones estadounidenses luego de la invasión rusa de Ucrania y su impacto en los precios del crudo.
El gobierno estadounidense admitió públicamente que el petróleo venezolano podría ser útil en un mercado internacional de precios altos y un contexto de fuerte inflación en Estados Unidos debida, en buena medida, al incremento de precios de la gasolina.
Maduro y la oposición venezolana reanudaron este sábado las negociaciones tras 15 meses de interrupción, con la mirada puesta en la celebración de elecciones “libres” y el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
A su arribo a Ciudad de México, el jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, reiteró a la prensa que uno de los objetivos de esta ronda era “firmar con un sector de la oposición venezolana un amplio acuerdo social”.
Se refería a un pacto que liberaría recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, según había adelantado el gobierno, sin precisar dónde se encuentran esos fondos ni su monto.
El dinero serviría, entre otras cosas, para aliviar el colapso de servicios básicos en un país donde la pobreza golpea a ocho de cada diez personas, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), un estudio publicado el 10 de noviembre.
La crisis política y económica ha obligado a emigrar a unos siete millones de venezolanos, según Naciones Unidas.
La delegación también llegó a México para “cumplir su papel de defender la paz, el derecho que tenemos (...) de vivir en paz”, añadió Rodríguez --presidente de la Asamblea Nacional legislativa-- en un hangar militar del aeropuerto capitalino, junto al equipo negociador.
Maduro exigía principalmente el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos al régimen venezolano, que incluyen un embargo petrolero y el bloqueo de activos.
La Plataforma Unitaria aspira a concretar soluciones para la “crisis humanitaria, el respeto a los derechos humanos (...) y especialmente” garantías para “elecciones libres y observables”, según adelantaron el jueves en un comunicado.
Sin embargo, una fuente vinculada al proceso dijo a la AFP que aún no hay consenso sobre los próximos comicios, que en teoría deberían celebrarse en 2024, y sus condiciones.
La oposición acusa a Maduro de haberse reelegido fraudulentamente en 2018. Estados Unidos y países europeos tampoco reconocen esos comicios.
Basado en esa denuncia e invocando su condición de líder del Parlamento, el dirigente opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019 con apoyo de medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.
Pero desde entonces su liderazgo se ha erosionado, así como su poder de convocatoria. Esto, sumado a cambios en el plano internacional y acercamientos del gobierno de Maduro con Estados Unidos, ha dado impulso al heredero del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
El oficialismo y la oposición entablaron diálogos en México en agosto de 2021 tras fallidas iniciativas en 2018 en República Dominicana y 2019 en Barbados. Maduro los congeló dos meses después por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, enjuiciado por lavado de dinero.
El gobierno incluyó en su equipo negociador a Camila Fabri, esposa de Saab, cuya incorporación a la mesa exige el mandatario.
En una entrevista publicada este sábado por El País de Madrid, el canciller español, José Manuel Albares, señaló que su país está dispuesto a tener un papel en las negociaciones en México "si los venezolanos lo quieren".
También expresó que la decisión española de no tener embajador en Caracas desde 2020 "fue un gesto político que se tomó para propiciar unas condiciones determinadas" y "si esas condiciones --que son las del diálogo entre venezolanos, que ellos tomen en sus manos su destino y decidan la mejor forma de avanzar por la senda democrática-- se producen, como empezamos a ver hoy, por supuesto que es una decisión perfectamente susceptible de revertirse".
“España no quiere verse sin embajador en un país hermano de América Latina, ni en Venezuela ni en ningún otro”, sostuvo el diplomático.
