Este jueves 6 de octubre el fiscal general interino Warner Molina Ruiz sostuvo ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico que, para el Ministerio Público, en ningún momento ha perdido vigencia la declaratoria de procedimiento especial que se sigue en la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754).
Esta declaratoria permite, entre otras cosas, duplicar los plazos de prisión preventiva y los plazos de investigación preparatoria estipulados en el Código Procesal Penal.
Molina hizo esta aseveración, al citársele en la comisión para referirse a un proyecto que impulsa la diputada liberacionista Carolina Delgado, quien tiene una tesis contraria y afirma que urge subsanar una derogatoria que afectó esa legislación. Lo anterior en torno al artículo 2 de la citada ley, que había sido derogado por la Ley N.° 9591 y es necesario para las declaratorias de procedimiento especial de crimen organizado.
Lo que se decida al final en torno a ese asunto, puede afectar casos muy sonados como Cochinilla y por eso el fiscal dice que, luego de análisis profundos, dictó línea en todas las fiscalías del país en el sentido de que la ley N.° 8754 no se ha visto alterada con posteriores cambios, pues nunca entraron a regir (vacantes), por razones de presupuesto y otras.
“Para el Ministerio Público no existe necesidad alguna de restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada, toda vez que la ley N.° 8754 de modo alguno fue derogada en ninguno de sus artículos por leyes siguientes, al establecerse disposiciones que produjeron efectos de vacancia”
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El fiscal general interino, Warner Molina (centro), compareció ante los diputados en torno a proyectos que están en la corriente legislativa, referidos a crimen organizado. Le acompañaron Mayra Campos y Pablo Cedeño, fiscales addjuntos. Foto: Cortesía.
Los diputados le cuestionaron que en algunos juzgados hay fallos contradictorios sobre la vigencia o no de esa legislación, a lo cual Molina dijo que los jueces son soberanos, pero que la gran mayoría tiene la misma tesis de la Fiscalía, en el sentido de que la ley sigue incólume y así se ha aplicado mayoritariamente.
El presidente de la citada comisión legislativa, el liberacionista Gilberth Jiménez y la diputada Carolina Delgado, quien asistió a la comparecencia de Molina pese a no ser de esa comisión, le dijeron al fiscal general que es urgente aclarar eso, pues les preocupa lo que llaman el “limbo” en esa materia.
Molina respondió que la política de criminalidad del país la dictan los mismos diputados y que a la Fiscalía solo le corresponde definir la forma de persecución penal.
La diputada Delgado recalcó ante el fiscal que la Sala IV ha sostenido que no se va a referir a ese asunto, de modo que hasta ahora ese alto tribunal no ha dicho si el artículo 2 esté derogado o no.
Ante ello, Molina afirmó que la Sala IV declaró sin lugar varios habeas corpus que plantearon algunos privados de libertad, quienes aducían que estaba derogado el artículo que los llevó a prisión. Según Molina, con esa acción, tácitamente la Sala IV reafirma que sigue vigente la actual legislación.
Llamó a aprobar ley
El fiscal general aprovechó la comparecencia para pedir a los diputados acelerar el proyecto que crea la jurisdicción especial contra la delincuencia organizada, (expediente N.° 23.090) que a su juicio hace más de 15 años debió haberse ratificado en el país.
Afirma que la medicina llega tarde, porque las organizaciones criminales continúan estableciéndose y expandiéndose en nuestro país.
Molina lamentó que no se hizo caso cuando Colombia advirtió que el narcotráfico iba ampliar sus tentáculos en la región, desde hace 25 años. Diez años más tarde fueron los carteles mexicanos los que alertaron al país sobre una expansión de las actividades del narcotŕafico en el área, sin que hasta la fecha Costa Rica haya tomado las acciones debidas para contrarrestar esa arremetida.
Dijo que el aumento de homicidios en el país gira en torno a que los carteles extranjeros dejaron de pagarle a sus colaboradores en nuestro país con dinero y empezaron a retribuir con droga. Ahí surgió la necesidad de colocar esa cocaína y marihuana entre la población, creando estructuras de narcomenudeo que disputan a muerte los territorios.
