Flexibilizar la regla fiscal es jugar con fuego, dice Feinzaig

El martes, la jefa de misión del FMI para Costa Rica, Manuela Goretti, declaró que la regla ha sido el anclaje que ha permitido mejorar la situación fiscal del país, por lo que “no estamos de acuerdo con excluir el gasto de capital e intereses, dado el alto nivel de deuda de Costa Rica”.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que eximiría de la regla fiscal el gasto de capital (obra pública y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda, lo que abriría la puerta para aumentar en ¢140.000 millones, en el 2023, el gasto corriente en servicios, salarios y transferencias.

Asimismo, el plan liberaría de la regla a numerosas instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP) y Acueductos y Alcantarillados (AyA), bajo el argumento de que perciben ingresos ajenos al Presupuesto Nacional.

“Intentar modificar la regla fiscal en esta coyuntura es el equivalente a jugar con fuego”, declaró Feinzaig, aunque dijo que esperará el resultado de la asistencia técnica que ofreció el FMI para ayudar al Poder Ejecutivo a construir un nuevo proyecto con base en estándares internacionales.

“Nuestra posición con respecto a la regla fiscal no ha cambiado y, más bien, se ve reforzada con los señalamientos que ha hecho la misión del Fondo Monetario Internacional. Estamos opuestos a los intentos repetidos por los diferentes partidos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, de tratar de hacerle hueco a la regla fiscal”, agregó.

El jefe de bancada del PLP recordó que, como esta norma impone un techo al crecimiento del Presupuesto Nacional según el nivel de endeudamiento del Gobierno, sus resultados han sido notorios. Insistió en que la regla ha dado esperanza de que el país puede salir de la crisis fiscal.

En tanto, las bancadas de Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), se muestran abiertas a evaluar ajustes con base en el asesoramiento del FMI, mientras que el Frente Amplio y Nueva República creen que se puede excluir de la regla el gasto de capital y el pago de intereses.

Gobierno pide liberar de regla fiscal a entidades como CNP, Fanal, AyA e Infocoop

Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de la comisión de Hacendarios, donde fue enviado el proyecto, reaccionó con cautela ante lo dicho por el FMI.

Afirmó que lo prudente es recibir la asesoría técnica del Fondo y, luego, trabajar en eventuales cambios, siempre que se evite liberar el gasto público.

Su compañero de bancada, José Joaquín Hernandez, cree que llegó el tiempo de evaluar la regla fiscal, con tal de detectar si la rigidez en el presupuesto es producto de esta o de la crisis económica provocada por la pandemia.

En las tiendas del PUSC, valoran el aporte de la regla para mantener la disciplina fiscal, pero argumentan que el país vive una crisis social y de infraestructura reflejada en el deterioro de las carreteras que no reciben mantenimiento por falta de recursos.

“Analizaremos con lupa los proyectos que buscan flexibilizar la regla fiscal con el fin de permitir tener un balance entre estabilidad fiscal e inversión pública”, adelantó Felipe García, diputado del PUSC en la comisión de Hacendarios.

Su jefa de bancada, Daniela Rojas, está de acuerdo con ajustar la regla, pero con equilibrios que eviten a las instituciones gastar a manos llenas, según dijo.

Jonathan Acuña, jefe de bancada del Frente Amplio, y José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República, ven bien que se libere el gasto de capital y el pago de intereses.

Aumentar el gasto de capital, coinciden, ayudaría a mejorar la infraestructura pública como carreteras que reactivarían la economía, mejoraría la competitividad del país y su efecto redundaría en más recaudación.

El pago de intereses de la deuda pública, añadió Acuña, es producto de un endeudamiento anterior que no aumenta el gasto actual. El presupuesto de ¢12,3 billones del 2023 eleva el gasto en el pago de intereses en ¢260.000 millones. El rubro pasa de ¢2,24 billones presupuestados para el 2022 a ¢2,5 billones para el próximo año.

Mantener el rubro de intereses bajo la regla, sostiene Acuña, provoca que su incremento restrinja el presupuesto de las instituciones para su funcionamiento.

Sibaja dijo que mantener la regla sobre los intereses implica meter en una camisa de fuerza al Gobierno, que lo deja sin posibilidad de maniobrar en la renegocación de deuda. En todo caso, recomendó esperar la asistencia técnica del FMI para poder tomar decisiones.