Desde Febrero de este año, la Caja Costarricense del Seguro Social suspendió alrededor de 200 trabajadores que se negaron a vacunar por el riesgo que representan a los usuarios y otros trabajadores.
Sin que las razones para esa suspensión hayan cambiado, ayer la Caja dejó sin efecto esa suspensión y ellos retornan a sus centros de trabajo con el peligro que ello implica y los elevados costos de atender un paciente de Covid-19 que podría terminar en una Unidad de Cuidados Intensivos, costos que pagamos todos.
Lo único que ha cambiado es un nuevo gobierno que tuerce el brazo a otras instituciones, inclusive siendo autónomas y su populismo que complace a grupos peligrosos.
(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya es Médico
