El Gobierno de la República retomará la propuesta fallida de la administración de Carlos Alvarado de eliminar la exoneración del impuesto de renta al salario escolar, como parte de una serie de medidas que se propone impulsar para mejorar la recaudación.
El anuncio consta en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), presentado la mañana de este martes por autoridades del Gobierno. Sin embargo, no contiene más detalles. Solo que forma parte de una lista de medidas –también retomadas de la administración Alvarado– para mejorar los ingresos del Gobierno en plena crisis de las finanzas públicas agudizadas por la pandemia.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no respondió consultas sobre el plan.
Si los diputados avalan la idea, significaría que el salario escolar pasaría a pagar el impuesto de renta. Hoy esta porción del ingreso que reciben en enero los empleados públicos está sujeta a retenciones de ley como seguridad social, embargos y pensiones alimentarias, pero está exenta del impuesto sobre la renta.
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Como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las finanzas públicas, el gobierno anterior propuso gravar el salario escolar a partir de los ¢842.000 mensuales.
No obstante, al final del debate, en noviembre del 2021, el Partido Liberación Nacional (PLN) se unió al frenteamplista José María Villalta para sepultar el proyecto en la comisión de Jurídicos. El rechazo contó además con votos de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y la independiente Paola Vega.
Frente al rechazo, el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, anunció en esa oportunidad una nueva versión que incorporaría el cobro del impuesto de renta a los salarios escolares que superen ¢1 millón, en vez de ¢842.000. La idea no se concretó.
Para enero próximo, el ministro Acosta prevé que pagarán ¢162.000 millones en salario escolar.
Datos de Hacienda a julio del 2021, estimaban que la eliminación de la exoneración al salario escolar recaudaría ¢43.561 millones anuales. La Contraloría General de la República avaló la idea porque consideró que traería “equidad contributiva”.
Hace un año, en diciembre del 2021, Hacienda también dio el perfil de los que pagarían impuesto. En ese momento, indicó que el 56% de los funcionarios gana por encima de los ¢842.000, mientras que, a nivel de todos los asalariados del país, solo el 18% supera esa cifra.
De hecho, 32.000 servidores públicos, que constituyen el 10% de la planilla estatal, ganaban más de ¢2 millones mensuales.
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El plan para eliminar la exoneración al salario escolar contenía, además, un aumento a la tarifa del impuesto de remesas al exterior y ajustar el pago de rentas de capital.
El rendimiento de este proyecto era de 0,43% del producto interno bruto (PIB) anual, es decir, ¢177.792 millones calculados a noviembre del 2021.
Ahora, el Gobierno plantearía obtener nuevos recursos por medio del gravamen al salario escolar e implementar el sistema de renta global.
El de renta global, también presentado por la administración Alvarado, busca unificar el tratamiento tributario de los trabajadores asalariados, así como de los trabajadores independientes, dice un resumen del PNDIP.
Así como el proyecto sobre el salario escolar, el de renta global fue archivado meses atrás en la comisión de Hacendarios. Una nueva iniciativa sería presentada por el Ministerio de Hacienda a finales de este mes o a principios de enero, adelantó Acosta días atrás.
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Otras medidas que retomaría el Gobierno de la administración Alvarado son el ajuste a las rentas de capital, el incremento al impuesto de remesas, obtener dividendos extraordinarios a las empresas públicas y una transformación del impuesto solidario a las casas de lujo.
Un plan para destinar parte de las ganancias de 14 empresas estatales como el Banco de Costa Rica (BCR) o el Instituto Nacional de Seguros (INS), y el incremento al impuesto a las cajas de lujo quedaron en la etapa de comisión.
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“Todas estas medidas junto con los rendimientos esperados de la Ley 9635 (reforma tributaria aprobada en 2018), se verán reflejados en un aumento en la recaudación y, por tanto, una mejora en la carga tributaria”, indica el documento presentado este martes.
Con dichas medidas el Gobierno pretende un incremento promedio mayor al 6% de los ingresos totales para el período 2023-2026, lo que le daría un margen de acción para cumplir con las metas establecidas en el PNDIP, añade el planteamiento.
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En noviembre del 2021 la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea legislativa archivó el plan de la administración Alvarado para gravar el salario escolar. Foto: Captura de transmisión oficial de la Asamblea Legislativa.
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