El Gobierno y los diputados de cinco fracciones legislativas se unieron para frenar la entrada en vigencia de la ley que exigirá transparencia en las compras públicas de todo el Estado y cuya aplicación plena está prevista para el próximo jueves 1.º de diciembre.
Una serie de ingredientes se unieron para que la receta sea la postergación, después de muchos intentos por obligar a todas las instituciones a seguir los nuevos procedimientos de transparencia.
No es cualquier iniciativa la que, en menos de una semana, logra que se reúnan 40 votos para ser dispensada de todo trámite, incluso con el apoyo de diputados que, cuatro días antes, le habían retirado la firma.
La postergación de la Ley General de Contratación Pública es una propuesta de la liberacionista Carolina Delgado. El texto fue incluido de inmediato por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la agenda de la Asamblea Legislativa el lunes 21 de noviembre.
Luego, el plan quedó a las puertas del horno gracias a la moción aprobada el jueves con 40 votos, para dispensar de trámites ese proyecto.
Originalmente Delgado propuso que se postergue la ley por un año, pero el acuerdo de los jefes de las fracciones legislativas, tomado el mismo jueves, es que el aplazamiento sea de seis meses.
Antes de la votación, Pilar Cisneros, jefa del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), difundió entre legisladores una carta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), donde solicita postergar la vigencia de la ley y, a la vez, acelerar el proyecto que excluiría a las asociaciones de las obligación legal de comprar a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Hacienda dice estar lista para aplicar de transparencia en compras públicas El ministro aseguró que los reglamentos están listos y que el Gobierno no avala que se empiecen a salir los sectores de las obligaciones de la nueva ley.
Este sistema obliga a todas las entidades, desde las más grandes hasta las más pequeñas, a cumplir parámetros de transparencia en el uso de recurso públicos, a la hora de hacer contrataciones.
Aunque Cisneros reitera por todos los medios que el Gobierno Central está listo para cumplir la ley y emitir los reglamentos que el Ministerio de Hacienda viene preparando desde hace 18 meses (cuando se aprobó la ley), ella misma promovió el freno.
El liberacionista José Joaquín Hernández dejó en claro que el Gobierno fue parte activa en la decisión porque, cuando le dieron el expediente para firmarlo, aparecían inmediatamente después de la firma de Carolina Delgado, las de los diputados oficialistas.
Hernández se opone a la postergación porque reconoce la Ley General de Contratación Pública como una “ley país”, de relevancia nacional. Asegura que muchas entidades nunca han querido ponerse en orden ni ser transparentes en la contratación pública.
“Cuando la diputada Carolina Delgado presentó el proyecto para cambiar la vigencia, muchos nos sorprendimos. Lo que uno lee es que hay algún interés de patear la bola”, dijo.
Hernández también considera el freno como una alcahuetería para los que no quieren entrar en cintura en el tema de compras, que se ha prestado para vicios y corrupción, según dijo. “A veces creo que es el mismo círculo vicioso, municipalidades, asociaciones de desarrollo, Asadas, juntas de educación, pero al final son recursos públicos”, añadió.
En la receta entraron reclamos de al menos tres sectores: asociaciones de desarrollo comunal, fundaciones como la Fundación Omar Dengo (FOD) y, como suele suceder en las decisiones que toma el Partido Liberación Nacional (PLN), las municipalidades.
Francisco Nicolás, quien el lunes había retirado su firma del proyecto de Carolina Delgado, junto con otros siete liberacionistas, votó a favor la dispensa de trámites por las peticiones que llegaron de asociaciones de desarrollo, asociaciones administradoras de acueductos rurales (Asadas) y “municipalidades pequeñitas”.
Adujo que, si no se modifica el proyecto para que la vigencia se postergue solamente a seis meses, no le daría más oxígeno al proyecto de Delgado. Él reconoció haber hablado con compañeros de fracción para darle chance a la propuesta.
En el caso de la también verdiblanca Andrea Álvarez, indicó que ella votó en contra luego de consultar a la contralora general, Marta Acosta, para quien la vigencia de la ley no se debe postergar más.
Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que él ya tenía la intención de presentar un proyecto para frenar la vigencia, cuando Carolina Delgado planteó el suyo y enfatizó una necesidad de darle tiempo a muchas instituciones para que se pongan a tono con lo que exige la ley.
También, reconoció que hay muchas entidades que se van a querer salir y, si bien él está a favor de beneficiar a las asociaciones de desarrollo, las juntas de educación y las fundaciones, no aprueba la salida de las municipalidades.
“Se hizo un acuerdo de los jefes de fracción, luego se consultó en las fracciones. El tema se vota en la fracción y se tira la línea”, dijo Pacheco.
¿Hacienda, está lista o no?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, viene diciendo en los últimos días que los reglamentos están por publicarse, pero aún eso no se hace.
El jerarca afirmó que la gestión del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública fue difícil y que la ley cambia radicalmente la forma en que se deben someter las entidades. “Eso generó una discusión importante”, dijo.
“Hacienda está listo, que es el rector. Los reglamentos están listos. Si algo ocurre en la Asamblea, tendremos que posponerlos hasta que entre en vigencia la ley”, apuntó.
Acosta negó que el Gobierno avale que se salga nadie de la ley, porque “el manejo de fondos públicos es fundamental y esas entidades reciben fondos públicos”.
El ministro aseguró que Hacienda está en la mayor disposición de capacitar a las entidades para mejorar su gestión, de cara a la entrada en vigencia de la ley.
