San José.- Todo apunta a que en el Ministerio de la Presidencia urge un asesor jurídico de experiencia que evite al Presidente Rodrigo Chaves cometer errores como el despido (ahora sin razón) del presidente de la CCSS, Álvaro Ramos.
El mandatario tomó la decisión (muy a su pesar) porque Ramos se negó a echar atrás en la decisión de aumentar en promedio entre ¢6 mil y ¢8 mil a unos 60 mil funcionarios de la Caja, asegurando que ese aumento iba en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Pese a la molestia generalizada y la sorpresa de la remoción de Ramos, a quien se le reconocía una adecuada gestión, Chaves colocó en su lugar a Marta Esquivel, quien se desempañaba como Ministra de Trabajo.
Una vez en el puesto, Esquivel consultó al Ministerio de Hacienda si el aumento acordado por la Caja contradecía lo señalado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y para sorpresa del Ejecutivo, pues, la razón y la legalidad, estaban de lado de Ramos.
Esto quiere decir que el aumento aprobado por la Junta Directiva estaba a derecho, y las razones por las cuales Chaves removió a Ramos, quedaron en el aire.
Además, el criterio, vertido en el oficio DM 2409-2022, señala que en el aumento no hay roce con la ley.
“(…) La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, procedió a realizar el estudio correspondiente del presupuesto ordinario de la CCSS, resultando que de la información remitida por esa institución, se determinó que toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS (…) coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas, a los que se les pudiera aplicar lo estipulado en el Título IV de la Ley No.9635″
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